Destacadas
El sexenio de la corrupción: todo apunta a Juan Manuel Carreras
Desde que concluyó, la pasada administración acumula ex funcionarios encarcelados, observaciones y sospechas de corrupción, en los que parece que las responsabilidad recae sobre el ex jefe del Ejecutivo
Por: Ana G Silva
La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud la que acumula más observaciones con un total de mil 097 millones 936 mil 506 pesos; pero este no es el único caso en el que el que la pasada administración pudo haber cometido un ilícito, pues, desde la conclusión del pasado sexenio, una serie de sospechas y polémicas han salido a la luz, cada una con sus propios involucrados, pero todas apuntan al mismo sitio: la cabeza del antiguo Gobierno Estatal. A continuación hacemos un repaso por esos casos que dan la impresión son solo la punta de lo que vendrá:
La Secretaría de Salud
La ASE detalló que la Secretaría de Salud acumula los mayores montos observados, pues presenta irregularidades por 765 millones 015 mil 875 pesos en 2020 y 332 millones 947 mil 631 pesos en 2019. Se debe recordar que Mónica Rangel, ex secretaria de Salud y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril de 2022 por una compra irregular de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La ex titular de los Servicios de Salud fue liberada el 21 de mayo de 2022 tras declararse culpable del delito de desvío de recursos y reintegrar los 22 millones de pesos reclamados por el Gobierno del Estado, también pagó una multa de 86 mil pesos.
En mayo de ese año, Miguel Angel N., el ex titular de los Servicios de Salud, quien sustituyó a Mónica Rangel, fue detenido por el desvío de 31 millones de pesos destinados a adquisiciones irregulares a una empresa cuyo representante, Gabo Salazar, también está detenido. El ex funcionario hasta la fecha continúa en la cárcel.
Hospital central sin funcionar
En julio de 2022, el gobernador Ricardo Gallardo inauguró la nueva sala de urgencias del Hospital Central, pero está fue la segunda ocasión en que se inauguró, pues en 2021 Juan Manuel Carreras también lo hizo. El motivo de la doble apertura está en que Carreras entregó un cascarón vacío, pues con la llegada de la pandemia era necesario ampliar el número de camas y con mentiras se colocó una manta que anunciaba que este era un hospital covid-19, no obstante estaba vacío y no se atendían personas.
En el 2021, Carreras realizó la inauguración del centro que afirmó contaba con una inversión de mil 700 millones de pesos, podría cubrir la demanda de 1.5 millones de habitantes dentro de una torre médica de siete pisos con 250 camas, 13 quirófanos, dos salas de expulsión, 80 consultorios, servicios auxiliares de diagnóstico y auxiliares de tratamiento.
Ricardo Gallardo, durante su campaña a gobernador, realizó una visita a las instalaciones del hospital en la que reveló que el gobierno de Carreras “engañaba a las y los potosinos”; expuso que se pagaban 200 mil pesos de luz para simular que las nuevas instalaciones del centro médico se encontraban en función, las cuales “ni siquiera estaban equipadas”, agregó que encontraron evidencias de ser una obra mal ejecutada, pues algunos pisos se encontraron levantados.
Seguridad
Jaime Pineda, ex secretario de Seguridad con Juan Manuel Carreras, fue detenido el viernes 11 de febrero de 2022 por los supuestos delitos de: ejercicio abusivo de las funciones públicas, uso ilícito de las atribuciones y facultades y el ejercicio ilícito del recurso público por la renta de un inmueble a nombre de la dependencia para oficinas públicas, no obstante, este sitio tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio.
El ex secretario de Seguridad Pública fue liberado el pasado mes de febrero luego de aceptar su culpabilidad en los delitos que fue señalado, por lo que realizó el pago del daño al erario estatal que ascendió a 2 millones 300 mil pesos.
Red Metro inexistente
En febrero de 2022 Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó una denuncia contra los ex funcionarios y particulares involucrados en el proyecto de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 380 millones de pesos para el estado, aunque no existe un carril confinado, ni paradas; tampoco están las 22 unidades del transporte aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras.
Leopoldo N., ex secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), el 2 de septiembre de 2022, fue detenido por el desvío de recursos que asciende a 22 millones de pesos por la obra de Red Metro, la construcción del Parque Tangamanga de Matehuala, además de tener otras seis denuncias más.
Por tener 87 años, se le otorgó al ex funcionario la prisión preventiva domiciliaria, aunque José Luis Ruíz Contreras, fiscal General del Estado, dio a conocer que podría salir en libertad si paga la reparación del daño que puede ser una cantidad de entre 17 millones y 23 millones de pesos, esto a pesar de que en su caso la cifra de la que se le señala es de nueve veces superior.
Serrato Sánchez detalló que espera que haya más detenidos por el desvío de recursos de la Red Metro; recordó que la secretaría a su cargo denunció a más de 30 personas físicas desde la administración de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras y a 10 empresas que estarían involucradas en estos hechos.
Parque Tangamanga III
Entre las denuncias a Leopoldo N. se encuentra la construcción del Parque Tangamanga III en Matehuala, que tuvo una inversión de 32.5 millones de pesos, sin embargo, Ricardo Gallardo indicó que la obra nunca fue concluida y la calificó como “un robo”, pues se habría ejercido menos de la mitad del presupuesto que se reportó como gastado.
La construcción se inició en el 2019, y estuvo a cargo de Seduvop, que en ese entonces era presidida por Leopoldo N., quien al mencionar los detalles de la obra destacó que contaría con una superficie de 320 mil 016 metros cuadrados, por lo que se construirían cinco canchas multideportivas, una pista de ciclismo y una para trotar, cinco kioscos, sanitarios, centro de información sobre sustentabilidad, palapas, oficinas, una vialidad interna y más inmobiliario.
Aldo Emmanuel Torres Villa, ex titular de la Secretaría Técnica del Gabinete, declaró en julio de ese año que las obras quedarían inconclusas, esto debido a las restricciones presupuestarias derivadas de los ajustes que se hicieron para atender la pandemia por covid-19. Sin embargo, en octubre de 2021, Ricardo Gallardo visitó las instalaciones del parque en Matehuala, en donde se mencionó que la pasada administración había reportado que se ejecutaron 37.3 millones de pesos, no obstante, él comprobó en auditorías que en realidad fueron 16 millones de pesos. 
Gallardo Cardona aseguró que el proyecto del parque Tangamanga III se trata de “un robo” y que existe un desfalcó de entre el 50 y 52% del presupuesto, pues este se quedó sin concretar y apenas lucía una fachada y poco mobiliario.
Terrenos destinados a la planta Ford
En febrero de 2022, Ricardo Gallardo denunció que en el terreno comprado por el gobierno de Juan Manuel Carreras para la instalación de la planta de Ford que finalmente no se instaló, se subsidiaron “cosas” que no coinciden con el costo real del espacio; pues anterior gobierno reportó un costo de más de mil 600 millones de pesos por el terreno, cuando tras un análisis, se determinó que su valor real no sobrepasa siquiera los mil millones de pesos; a ese dato se debe sumar que ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario.
La Orquesta dio a conocer en enero del 2017 el documento notariado que da fé de la transmisión de la propiedad realizada entre Roberto del Valle López (socio de su hermano Jorge y otros 6 integrantes de la familia) y el Gobierno del Estado, donde se detalla el esquema de pagos que se seguiría y que suma un total de mil 27 millones de pesos y que ahora Ricardo Gallardo ha dicho que fue inflado en 573 millones. Este medio reveló la fe de bautizo de uno de los hijos de Jorge del Valle, en ella se puede comprobar que Carreras López es su padrino, lo que supone un conflicto de intereses.
El gobernador afirmó que es un fraude para el estado, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar aquí, deberán pagar peaje diariamente por acudir a trabajar.
Finanzas
El 14 de marzo de 2022, Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
Seis meses después, el fiscal José Luis Contreras informó que la Fiscalía combate los dos amparos presentados por el ex funcionario, esto en contra de las posibles acciones penales que pudieran ejercerse por denuncias relacionadas con diversos delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Esto derivado de las declaraciones de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde indicó que durante su gestión fueron detectadas operaciones ilícitas por parte del gobierno de Tamaulipas, en ese momento encabezado por Francisco Xavier García Cabeza de Vaca, para entregar dinero público o procedente del crimen organizado a la campaña a gobernador de Octavio Pedroza, candidato del PRI-PAN-PRD en el 2021, situación en la que es probable que estuviera involucrado su hermano.
La ASE dio a conocer que existen observaciones por 532.7 millones de pesos dirigidas a la Secretaría de Finanzas.
Aeropuerto de Tamuín
En febrero, Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que se abrió una investigación contra tres ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, los cuales laboraban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la compra de un terreno con sobrecosto de aproximadamente 35 millones de pesos y que, además, no es apto para la construcción, debido a que presenta hundimientos.
El gobernador aseguró que el terreno fue comprado por 54 millones, aunque se calculó que no vale ni 15 millones de pesos. Agregó que ya se tiene identificadas a las personas que firmaron el acuerdo de compra.
El Rey del Toner
Hace unos días, la Contraloría General del Gobierno del Estado dio a conocer que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, por la sospecha de haber realizado compras de insumos de computo a sobreprecio, que habrían favorecido en contratos por 189 millones de pesos a un outsourcing y durante el periodo de contingencia, cuando la mayoría del personal burócrata y funcionarios se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa.
Los ex titulares de la Oficialía Mayor que serán sujetos a investigación, al igual que los proveedores, son: Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy secretario general del ayuntamiento capitalino y Miguel Ángel Carbajal Martínez.
La información expuesta por la Contraloría detalló que durante el periodo de 2017 al 2020, la administración de Carreras López gastó 192 millones 754 mil 498 pesos, cuyo proveedor principal resultó ser Lujime Comercialización SA de CV, al recibir la mayor cantidad, que asciende a 113 millones 96 mil 231 pesos, y según lo dicho por la dependencia, “resulta a simple vista un exceso porque el principal producto habría sido “toners” o cartuchos para impresora y recargados, no originales, memorias USB u otros artículos de bajo precio”.
Cámaras de seguridad a sobreprecio
En junio de 2022, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno, confirmó que existen varias carpetas de investigación para identificar a las o los responsables de la adquisición de cámaras de videovigilancia para la Zona Industrial que fueron compradas a sobreprecio.
Torres Sánchez mencionó que los equipos recibidos no poseen la nitidez ni calidad visual necesaria para su finalidad, aun así fue pagado el doble de su precio original.
También lee: El silencio de Juan Manuel Carreras ante las acusaciones de corrupción
APUNTES
Culto Público, hijos de la memoria selectiva:
Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.
Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.
Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.
Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.
La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.
La historia se incendió.
Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.
¿Así de fácil?
Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.
El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.
La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.
Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.
Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.
Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.
Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.
A ver…
El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.
Eso es charoleo del más chafa.
La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.
Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.
Sí, así de ridículo.
Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.
La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.
La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.
Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:
¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?
Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.
Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.
Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial, en el que “aparecen” un periodista y la creadora de contenido Anahí Torres.
En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.
A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.
No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.
Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.
Pero aquí viene el giro:
Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese
ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.
Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:
¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?
¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?
Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.
Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.
Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.
Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.
En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.
Porque, a ver:
¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?
¿Quién tiene los recursos para hacerlo?
¿Quiénes son sus operadores mediáticos?
¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?
No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.
La última porque ya me dio sueño:
A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?
¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?
La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.
El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee:
El alcalde afirmó que la licitación de El Saucito lleva detenida desde marzo y acusó exceso de burocracia en la Contraloría estatal
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quienel día de ayer lo llamó “niño berrinchudo” por las quejas relacionadas con el retraso en la liberación de licitaciones de obra pública.
Galindo aseguró que las declaraciones del mandatario estatal se hicieron “sin información” y defendió que el retraso de al menos 20 obras municipales se debe a trámites atorados dentro de la Contraloría estatal, particularmente en el caso del paso a desnivel de El Saucito.
“Voy a seguir siendo berrinchudo por las obras de San Luis”, respondió el alcalde, al señalar que el expediente del proyecto fue ingresado desde el 21 de marzo y que, pese a que la normatividad obliga a responder en un máximo de cinco días, la Contraloría tardó más de un mes en emitir nuevas observaciones.
El edil capitalino explicó que actualmente solo dos proyectos han sido liberados para licitación: la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y el puente de Jacobo Payán sobre Río Españita, mientras que el resto continúa en revisión administrativa.
La polémica comenzó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo acusó al Ayuntamiento de no entregar documentación completa en algunas obras y c alificó como “política barata”
“Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo, quien afirmó que la Contraloría únicamente solicita información faltante y negó que exista bloqueo político contra el municipio.
En respuesta, Galindo rechazó hablar de mala fe o sabotaje, aunque sí criticó lo que calificó como “exceso de burocracia” dentro de la plataforma estatal de validación de licitaciones.
El alcalde detalló que uno de los nuevos requerimientos para el proyecto de El Saucito consiste en documentar fachadas e inmuebles cercanos mediante notario público, además de un acompañamiento del INAH, pese a que —afirmó— el instituto ya había emitido sus dictámenes correspondientes.
Galindo insistió en que su preocupación radica en cumplir los tiempos comprometidos con vecinos del sector, especialmente porque la obra debe concluir antes de las tradicionales fiestas de febrero en El Saucito.
Además, negó temer auditorías o revisiones estatales y recordó que las obras municipales ya son supervisadas por distintas instancias federales, estatales y municipales.
También lee: Gallardo llama “niño berrinchudo” a Galindo por obras frenadas en Contraloría
El gobernador afirmó que las corporaciones viales concentran la mayoría de los señalamientos del Inegi
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, atribuyó la mayor parte de los casos de corrupción reportados por el Inegi a presuntas “mordidas” cometidas principalmente por corporaciones policiacas municipales.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocara a San Luis Potosí entre los estados con mayor percepción de actos de corrupción en la función pública, el mandatario estatal aseguró que cerca del 80 por ciento de las denuncias están relacionadas con pagos ilegales exigidos durante revisiones o infracciones de tránsito.
“Si los paran por un semáforo les piden 200 pesos, si se estaciona mal otros 200, si lo agarran borracho 5 mil… el 80 por ciento retribuye a eso”, declaró.
Gallardo sostuvo que la mayoría de estos señalamientos recaen en autoridades municipales, ya que —afirmó— son las corporaciones encargadas de aplicar infracciones de tránsito.
“El problema va abajo, donde nosotros no tenemos infracciones. ¿Quién infracciona? Pues las municipales”, señaló.
El gobernador reconoció que también existen áreas que corresponden al Estado y aseguró que en la Guardia Civil Estatal se han tomado medidas para combatir actos indebidos dentro de la corporación.
Como parte de ello, informó que durante la actual administración han sido dados de baja 275 elementos de seguridad pública por presuntos malos manejos o conductas irregulares.
Además, indicó que se han incorporado alrededor de mil 500 nuevos elementos egresados de academias policiales para fortalecer y renovar la corporación estatal.
Gallardo afirmó que la intención es evitar que los índices de corrupción se mantengan o incrementen dentro de la Guardia Civil Estatal, aunque insistió en que gran parte del problema sigue concentrado en las corporaciones municipales.
También lee: Gobierno de SLP ofrecerá 1 millón por localizar personas desaparecidas antes de 2020
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
