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El sexenio de la corrupción: todo apunta a Juan Manuel Carreras
Desde que concluyó, la pasada administración acumula ex funcionarios encarcelados, observaciones y sospechas de corrupción, en los que parece que las responsabilidad recae sobre el ex jefe del Ejecutivo
Por: Ana G Silva
La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud la que acumula más observaciones con un total de mil 097 millones 936 mil 506 pesos; pero este no es el único caso en el que el que la pasada administración pudo haber cometido un ilícito, pues, desde la conclusión del pasado sexenio, una serie de sospechas y polémicas han salido a la luz, cada una con sus propios involucrados, pero todas apuntan al mismo sitio: la cabeza del antiguo Gobierno Estatal. A continuación hacemos un repaso por esos casos que dan la impresión son solo la punta de lo que vendrá:
La Secretaría de Salud
La ASE detalló que la Secretaría de Salud acumula los mayores montos observados, pues presenta irregularidades por 765 millones 015 mil 875 pesos en 2020 y 332 millones 947 mil 631 pesos en 2019. Se debe recordar que Mónica Rangel, ex secretaria de Salud y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril de 2022 por una compra irregular de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La ex titular de los Servicios de Salud fue liberada el 21 de mayo de 2022 tras declararse culpable del delito de desvío de recursos y reintegrar los 22 millones de pesos reclamados por el Gobierno del Estado, también pagó una multa de 86 mil pesos.
En mayo de ese año, Miguel Angel N., el ex titular de los Servicios de Salud, quien sustituyó a Mónica Rangel, fue detenido por el desvío de 31 millones de pesos destinados a adquisiciones irregulares a una empresa cuyo representante, Gabo Salazar, también está detenido. El ex funcionario hasta la fecha continúa en la cárcel.
Hospital central sin funcionar
En julio de 2022, el gobernador Ricardo Gallardo inauguró la nueva sala de urgencias del Hospital Central, pero está fue la segunda ocasión en que se inauguró, pues en 2021 Juan Manuel Carreras también lo hizo. El motivo de la doble apertura está en que Carreras entregó un cascarón vacío, pues con la llegada de la pandemia era necesario ampliar el número de camas y con mentiras se colocó una manta que anunciaba que este era un hospital covid-19, no obstante estaba vacío y no se atendían personas.
En el 2021, Carreras realizó la inauguración del centro que afirmó contaba con una inversión de mil 700 millones de pesos, podría cubrir la demanda de 1.5 millones de habitantes dentro de una torre médica de siete pisos con 250 camas, 13 quirófanos, dos salas de expulsión, 80 consultorios, servicios auxiliares de diagnóstico y auxiliares de tratamiento.
Ricardo Gallardo, durante su campaña a gobernador, realizó una visita a las instalaciones del hospital en la que reveló que el gobierno de Carreras “engañaba a las y los potosinos”; expuso que se pagaban 200 mil pesos de luz para simular que las nuevas instalaciones del centro médico se encontraban en función, las cuales “ni siquiera estaban equipadas”, agregó que encontraron evidencias de ser una obra mal ejecutada, pues algunos pisos se encontraron levantados.
Seguridad
Jaime Pineda, ex secretario de Seguridad con Juan Manuel Carreras, fue detenido el viernes 11 de febrero de 2022 por los supuestos delitos de: ejercicio abusivo de las funciones públicas, uso ilícito de las atribuciones y facultades y el ejercicio ilícito del recurso público por la renta de un inmueble a nombre de la dependencia para oficinas públicas, no obstante, este sitio tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio.
El ex secretario de Seguridad Pública fue liberado el pasado mes de febrero luego de aceptar su culpabilidad en los delitos que fue señalado, por lo que realizó el pago del daño al erario estatal que ascendió a 2 millones 300 mil pesos.
Red Metro inexistente
En febrero de 2022 Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó una denuncia contra los ex funcionarios y particulares involucrados en el proyecto de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 380 millones de pesos para el estado, aunque no existe un carril confinado, ni paradas; tampoco están las 22 unidades del transporte aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras.
Leopoldo N., ex secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), el 2 de septiembre de 2022, fue detenido por el desvío de recursos que asciende a 22 millones de pesos por la obra de Red Metro, la construcción del Parque Tangamanga de Matehuala, además de tener otras seis denuncias más.
Por tener 87 años, se le otorgó al ex funcionario la prisión preventiva domiciliaria, aunque José Luis Ruíz Contreras, fiscal General del Estado, dio a conocer que podría salir en libertad si paga la reparación del daño que puede ser una cantidad de entre 17 millones y 23 millones de pesos, esto a pesar de que en su caso la cifra de la que se le señala es de nueve veces superior.
Serrato Sánchez detalló que espera que haya más detenidos por el desvío de recursos de la Red Metro; recordó que la secretaría a su cargo denunció a más de 30 personas físicas desde la administración de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras y a 10 empresas que estarían involucradas en estos hechos.
Parque Tangamanga III
Entre las denuncias a Leopoldo N. se encuentra la construcción del Parque Tangamanga III en Matehuala, que tuvo una inversión de 32.5 millones de pesos, sin embargo, Ricardo Gallardo indicó que la obra nunca fue concluida y la calificó como “un robo”, pues se habría ejercido menos de la mitad del presupuesto que se reportó como gastado.
La construcción se inició en el 2019, y estuvo a cargo de Seduvop, que en ese entonces era presidida por Leopoldo N., quien al mencionar los detalles de la obra destacó que contaría con una superficie de 320 mil 016 metros cuadrados, por lo que se construirían cinco canchas multideportivas, una pista de ciclismo y una para trotar, cinco kioscos, sanitarios, centro de información sobre sustentabilidad, palapas, oficinas, una vialidad interna y más inmobiliario.
Aldo Emmanuel Torres Villa, ex titular de la Secretaría Técnica del Gabinete, declaró en julio de ese año que las obras quedarían inconclusas, esto debido a las restricciones presupuestarias derivadas de los ajustes que se hicieron para atender la pandemia por covid-19. Sin embargo, en octubre de 2021, Ricardo Gallardo visitó las instalaciones del parque en Matehuala, en donde se mencionó que la pasada administración había reportado que se ejecutaron 37.3 millones de pesos, no obstante, él comprobó en auditorías que en realidad fueron 16 millones de pesos. 
Gallardo Cardona aseguró que el proyecto del parque Tangamanga III se trata de “un robo” y que existe un desfalcó de entre el 50 y 52% del presupuesto, pues este se quedó sin concretar y apenas lucía una fachada y poco mobiliario.
Terrenos destinados a la planta Ford
En febrero de 2022, Ricardo Gallardo denunció que en el terreno comprado por el gobierno de Juan Manuel Carreras para la instalación de la planta de Ford que finalmente no se instaló, se subsidiaron “cosas” que no coinciden con el costo real del espacio; pues anterior gobierno reportó un costo de más de mil 600 millones de pesos por el terreno, cuando tras un análisis, se determinó que su valor real no sobrepasa siquiera los mil millones de pesos; a ese dato se debe sumar que ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario.
La Orquesta dio a conocer en enero del 2017 el documento notariado que da fé de la transmisión de la propiedad realizada entre Roberto del Valle López (socio de su hermano Jorge y otros 6 integrantes de la familia) y el Gobierno del Estado, donde se detalla el esquema de pagos que se seguiría y que suma un total de mil 27 millones de pesos y que ahora Ricardo Gallardo ha dicho que fue inflado en 573 millones. Este medio reveló la fe de bautizo de uno de los hijos de Jorge del Valle, en ella se puede comprobar que Carreras López es su padrino, lo que supone un conflicto de intereses.
El gobernador afirmó que es un fraude para el estado, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar aquí, deberán pagar peaje diariamente por acudir a trabajar.
Finanzas
El 14 de marzo de 2022, Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
Seis meses después, el fiscal José Luis Contreras informó que la Fiscalía combate los dos amparos presentados por el ex funcionario, esto en contra de las posibles acciones penales que pudieran ejercerse por denuncias relacionadas con diversos delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Esto derivado de las declaraciones de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde indicó que durante su gestión fueron detectadas operaciones ilícitas por parte del gobierno de Tamaulipas, en ese momento encabezado por Francisco Xavier García Cabeza de Vaca, para entregar dinero público o procedente del crimen organizado a la campaña a gobernador de Octavio Pedroza, candidato del PRI-PAN-PRD en el 2021, situación en la que es probable que estuviera involucrado su hermano.
La ASE dio a conocer que existen observaciones por 532.7 millones de pesos dirigidas a la Secretaría de Finanzas.
Aeropuerto de Tamuín
En febrero, Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que se abrió una investigación contra tres ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, los cuales laboraban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la compra de un terreno con sobrecosto de aproximadamente 35 millones de pesos y que, además, no es apto para la construcción, debido a que presenta hundimientos.
El gobernador aseguró que el terreno fue comprado por 54 millones, aunque se calculó que no vale ni 15 millones de pesos. Agregó que ya se tiene identificadas a las personas que firmaron el acuerdo de compra.
El Rey del Toner
Hace unos días, la Contraloría General del Gobierno del Estado dio a conocer que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, por la sospecha de haber realizado compras de insumos de computo a sobreprecio, que habrían favorecido en contratos por 189 millones de pesos a un outsourcing y durante el periodo de contingencia, cuando la mayoría del personal burócrata y funcionarios se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa.
Los ex titulares de la Oficialía Mayor que serán sujetos a investigación, al igual que los proveedores, son: Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy secretario general del ayuntamiento capitalino y Miguel Ángel Carbajal Martínez.
La información expuesta por la Contraloría detalló que durante el periodo de 2017 al 2020, la administración de Carreras López gastó 192 millones 754 mil 498 pesos, cuyo proveedor principal resultó ser Lujime Comercialización SA de CV, al recibir la mayor cantidad, que asciende a 113 millones 96 mil 231 pesos, y según lo dicho por la dependencia, “resulta a simple vista un exceso porque el principal producto habría sido “toners” o cartuchos para impresora y recargados, no originales, memorias USB u otros artículos de bajo precio”.
Cámaras de seguridad a sobreprecio
En junio de 2022, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno, confirmó que existen varias carpetas de investigación para identificar a las o los responsables de la adquisición de cámaras de videovigilancia para la Zona Industrial que fueron compradas a sobreprecio.
Torres Sánchez mencionó que los equipos recibidos no poseen la nitidez ni calidad visual necesaria para su finalidad, aun así fue pagado el doble de su precio original.
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El olor a descomposición llegaba a la calle; la indiferencia llegaba más lejos | Editorial de La Orquesta
Durante años, un hombre habría vivido de reproducir perros sin poder ofrecerles ni agua, ni comida, ni una muerte digna. No eran perros, eran mercancias hasta que dejaron de existir
Por: La Orquesta
La crueldad humana no puede justificarse en nuestra condición de seres humanos complejos e imperfectos, es un porqué pero no una justificación.
Lo ocurrido en Milpillas es difícil de procesar. No por falta de información, sino porque mientras más se sabe, más insoportable resulta imaginar el sufrimiento que soportaron esos animales.
Es constante el intentar entender a las personas crueles. Decimos que tuvieron una infancia complicada, que padecen enfermedades mentales, que son producto de la pobreza, de la ignorancia, del abandono institucional o de una sociedad enferma. Todo eso puede ayudarnos a entender de dónde viene la violencia. Es un porqué, pero jamás puede convertirse en una justificación.
Porque el hombre que operaba este criadero vivía de los perros. Su trabajo consistía, básicamente, en encerrar a un macho con una hembra dentro de una jaula para que se reprodujeran, vender las crías y repetir el proceso una y otra vez. Nada más. Explotaba animales para obtener un ingreso económico y aun así no pudo ofrecerles lo más elemental: agua accesible, alimento suficiente, atención veterinaria, un espacio limpio o una muerte digna.
La normalización de estos actos de personas así es profundamente preocupante. Vecinos cuentan que llevaba años funcionando de esta manera. Durante años, al parecer, para él fue insignificante que los perros sufrieran. Era irrelevante que estuvieran en los huesos. Era irrelevante que agonizaran. Era irrelevante que compartieran espacio con cadáveres de otros perros, que respiraran el olor de cuerpos en descomposición, que algunos nunca hubieran recibido una caricia, un paseo, una manta durante el frío o un tratamiento para enfermedades.
Y entonces aparece la pregunta más dolorosa: ¿cuántos perros murieron ahí? ¿Cuántos nacieron solo para ser vendidos? ¿Cuántos pasaron toda su vida dentro de una jaula? ¿Cuántos agonizaron durante días antes de morir? ¿Cuántos soportaron el hedor de otros muertos porque ni siquiera eran retirados de las instalaciones? ¿Cuántos más existen en otros patios, bodegas o periferias de este país y nunca los conoceremos porque nadie denuncia, porque las autoridades no van o porque aprendimos a convivir con el horror?
El causar dolor a un ser vivo indefenso habla mucho más de quien infringe ese dolor que de quien lo recibe. No hablamos únicamente de perros. Las personas hieren personas. Torturan personas. Matan personas. Las razones pueden ser políticas, económicas, sociales, familiares o personales, pero muchas veces tienen un hilo conductor: herir a otros desde las propias heridas no resueltas.
A quienes observamos desde fuera nos conmueve el sufrimiento, especialmente cuando se trata de seres incapaces de defenderse. Un perro no es una persona. Nunca lo será. Pero reconocer esa diferencia tampoco justifica minimizar el dolor que sentimos al imaginar la crueldad que soportaron estos animales. Deprimirnos ante ello no nos hace exagerados; probablemente nos hace una sociedad un poco menos enferma.
También debemos aceptar algo incómodo: la cárcel por si sola no cura a quien necesita infligir dolor. El castigo punitivo no repara la empatía rota de una persona. Sin embargo, sí debe existir un castigo ejemplar. Y en México, particularmente en San Luis Potosí, los castigos por maltrato animal suelen ser una burla. Hemos visto agresores salir prácticamente ilesos tras entregar costales de croquetas, cumplir medidas mínimas o evitar condenas efectivas, a pesar de que la legislación contempla penas de hasta cinco años de prisión en casos graves.
Quizá la prisión no transforme a un maltratador, pero las sanciones económicas severas sí pueden convertirse en un mecanismo disuasorio. A muchos les duele más perder dinero que saber que otro ser vivo sufrió bajo su responsabilidad.
La omisión institucional también es parte del problema. Resulta frustrante que cuando alguien roba un vehículo existan operativos, seguimiento y reacción inmediata, pero que cuando un policía observa a un animal siendo golpeado, encadenado, abandonado o muriendo lentamente, pocas veces intervenga. El maltrato animal debería asumirse con mayor seriedad y atenderse como un indicador de violencia social, no como una falta menor.
Hay otro componente incómodo: la periferia. En muchas comunidades alejadas de los centros de poder parece existir un mensaje tácito de impunidad. Ahí la gente construye sin permisos, quema basura, tira escombros, abandona animales y, a veces, opera criaderos clandestinos durante años sin consecuencias. Es un abandono institucional que termina normalizando cualquier cosa.
Finalmente, hay una responsabilidad colectiva que rara vez queremos asumir. Mientras siga existiendo un mercado dispuesto a pagar miles de pesos por un cachorro de determinada raza, seguirá habiendo personas dispuestas a reproducirlos en serie. Tal vez deberíamos dejar de decir “me encantan los perros, pero solo de tal raza”, porque ese supuesto amor muchas veces alimenta la industria que los convierte en mercancía.
El caso de Milpillas es indignante. Pero sería aún más indignante descubrir que dentro de unos meses volvemos a compartir fotografías de otro criadero, de otro perro en los huesos, de otro cadáver cubierto con cal, y reaccionamos con sorpresa, como si no supiéramos que el problema nunca fueron solamente los animales abandonados.
El problema es la facilidad con la que aprendimos a convivir con la crueldad.
También lee: Era peor de lo que se imaginaba: Animalistas rescatan a perros de criadero clandestino de Milpillas
Ciudad
Era peor de lo que se imaginaba: Animalistas rescatan a perros de criadero clandestino de Milpillas
Perros husky y pastor alemán en los huesos, animales agonizando dentro de jaulas, cadáveres cubiertos con cal, restos reducidos a mechones de pelo, un olor nauseabundo que llegaba hasta la calle y hasta lechones muertos dentro del predio
Por: Ana G Silva
Lo que vecinos y rescatistas encontraron al ingresar a un presunto criadero clandestino de perros en la fracción Milpillas fue descrito por ellos mismos como una escena “horrible, difícil de ver, de oler y profundamente triste”.
La tarde del miércoles, colectivos animalistas potosinos acudieron al domicilio señalado desde hace semanas por habitantes de la zona como un sitio donde se criaban y comercializaban perros husky y pastor alemán en condiciones inadecuadas. La intervención ocurrió luego de que el caso se viralizara en redes sociales, ante la falta de respuesta de autoridades municipales y estatales, pese a denuncias previas realizadas por vecinos.
Al llegar al inmueble, las rescatistas no localizaron a los cachorros que anteriormente habían sido observados en el lugar y que presuntamente eran comercializados incluso a la orilla de la carretera. De acuerdo con testimonios de quienes participaron en el rescate, aparentemente algunos animales fueron retirados antes de su llegada y hubo intentos por limpiar parcialmente las instalaciones.
Entre las acciones que detectaron se encontraba la colocación de recipientes con agua; sin embargo, ésta permanecía fuera de las jaulas, imposibilitando que los perros encerrados pudieran acceder a ella.
A pesar de ello, numerosos ejemplares permanecían confinados en jaulas pequeñas, sin alimento y en condiciones de extrema desnutrición. Algunos perros se encontraban prácticamente reducidos a piel y huesos, mientras que otros presentaban un estado de salud tan delicado que las voluntarias consideraron que estaban al borde de la muerte.
Las activistas denunciaron además la presencia de grandes cantidades de cal esparcidas en distintas áreas del predio, particularmente en zonas donde localizaron perros muertos en avanzado estado de descomposición. El olor, señalaron, era nauseabundo y podía percibirse desde la calle, situación que vecinos consideraron incluso un riesgo sanitario para quienes habitan en las inmediaciones.
Durante la inspección también fueron encontrados restos de animales que consistían únicam ente en mechones de pelo y vestigios óseos.
Asimismo, localizaron varios lechones recién nacidos muertos, que, según sospechan algunas personas involucradas en el rescate, podrían haber sido utilizados ocasionalmente como alimento para los perros.
Los rescatistas sostuvieron que las condiciones encontradas permiten presumir que los animales sobrevivientes permanecían cotidianamente en ese entorno insalubre, rodeados de cadáveres, desechos y fuertes olores derivados de la descomposición.
Ante la gravedad de la situación, vecinos y colectivos decidieron sacar del inmueble a todos los perros que aún permanecían con vida. Algunos fueron adoptados de manera inmediata por ciudadanos que acudieron al sitio, mientras que el resto fue trasladado a un refugio para recibir atención, aunque hasta el momento se desconoce con precisión el estado de salud de cada uno de los ejemplares rescatados.
Habitantes de Milpillas recordaron que el funcionamiento del presunto criadero clandestino había sido denunciado con anterioridad ante diversas autoridades, pero aseguran que no obtuvieron respuesta ni inspecciones formales, situación que derivó en que las agrupaciones animalistas actuaran por cuenta propia una vez que el caso alcanzó notoriedad en redes sociales.
Respecto al propietario del inmueble, vecinos señalaron que presuntamente se encontraba hospitalizado y que recientemente habría sido dado de alta; sin embargo, hasta ahora no se ha presentado en la vivienda ni ha establecido contacto con quienes participaron en el rescate.
Las organizaciones animalistas anunciaron que este jueves acudirán a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por posibles actos de maltrato animal, abandono y operación irregular de un criadero, además de aportar evidencia sobre la presunta venta de perros en las inmediaciones de la carretera y las condiciones deplorables en que eran mantenidos.
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La titular de Sedesore reconoce que los apoyos —tortilla subsidiada, becas, madres solteras, adultos mayores— podrían no sobrevivir al cambio de administración en 2027
Por: Redacción
María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), reconoció este miércoles que la continuidad de los programas sociales del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona dependerá de quien encabece la siguiente administración, al margen de los compromisos adquiridos.
La declaración ocurrió durante el anuncio de una nueva tortillería subsidiada en Residencial del Bosque, cuando se le preguntó si existe garantía de que los apoyos no se eliminen con el cambio de gobierno. “Cada administración tiene un tema muy diferente de trabajar”, respondió.
Martínez Galarza recordó que cuando Sedesore inició la gestión de Gallardo, la dependencia contaba con un solo programa activo: las despensas de emergencia de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, la Secretaría construyó una red que hoy incluye tortilla subsidiada
La titular planteó que estos apoyos deberían convertirse en políticas permanentes, sin embargo, sostuvo que “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.
La dependencia opera actualmente ocho tortillerías en el estado con una inversión de más de 3 millones de pesos y una distribución de más de 500 kilos diarios a 14 pesos el kilo, poco menos de la mitad del precio comercial.
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