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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química
El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales
Por: Bernardo Vera
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.
A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:
¿Qué es?
La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.
En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.
Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.
¿Cuáles son los efectos?
Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.
Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.
¿Se ha realizado en otros estados o países?
En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva 
En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.
En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.
¿Es legal?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.
A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.
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Ambos se realizarán en el mes de mayo; uno de ellos por el propio órgano electoral y otro por el Consejo Empresarial Potosino
Por: Redacción
Marco Iván Vargas Cuéllar, presidente de la Comisión Temporal de Debates del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), dio a conocer que en el marco de la elección de presidencia municipal de la capital potosina, se realizarán dos debates entre las y los aspirantes a dicho cargo, ambos en el mes de mayo.
El funcionario del Ceepac dijo que uno de estos ejercicios será organizado por el propio órgano electoral y se llevará a cabo en la primera quincena de mayo; mientras que otro será organizado por el Consejo Empresarial Potosino, y se realizará en la tercera semana del mismo mes.
“Vamos a ser muy cuidadosos con las fechas, porque tiene que ver con las agendas de los equipos de campaña y a lo que nosotros nos interesa es que las candidaturas participen en el debate”, explicó.
Vargas Cuéllar señaló que además de los debates para distritos locales, se llevarán a cabo 5 debates entre candidatos a presidencias municipales de los cinco ayuntamientos
Además, agregó que estos debates son independientes a los cuatro debates organizados por instituciones externas, y que ya cuentan con la aprobación del Ceepac. Estos se realizarán en Santa María del Río, Tamazunchale, Cárdenas y San Luis Potosí.
Finalmente, Vargas Cuellar recordó que los candidatos no están obligados por la ley a asistir a los debates, ni se impone una sanción a los candidatos que falten a estos eventos. Comentó que la ciudadanía será la que decida qué hacer ante la ausencia de alguno de los aspirantes.
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Finalmente se comprometió a buscar apoyo inmediato para lograr hacer realidad una nueva clínica del ISSSTE en la ciudad.
Por: Redacción
Vamos a dignificar el trabajo de los empleados del Ayuntamiento Capitalino, ya que son ellos la fortaleza que tenemos como municipio. Vamos a respetar sus derechos. No podemos ser omisos; por el contrario, debemos buscar cómo mejorar sus condiciones laborales”, expresó la candidata a la alcaldía capitalina por la coalición “Seguimos haciendo historia”, Sonia Mendoza Díaz.
Durante un encuentro con integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE), que aglutina a más de 50 sindicatos, manifestaron y comprometieron todo su apoyo y trabajo a favor de la candidatura de Mendoza Díaz.
Asimismo, Sonia Mendoza afirmó que uno de los temas prioritarios que requiere atención inmediata, es la seguridad pública en la ciudad, ya que no se han logrado avances, y por el contrario, se han observado retrocesos. “Tenemos pocos policías, además de que carecemos de estrategias y equipo. Con ese panorama, no podemos atender lo que San Luis requiere. La ciudad no puede seguir perdiendo el tiempo, porque son necesarias acciones y resultados inmediatos”.
La candidata señaló que la mentira ya no tiene cabida en la alcaldía y los potosinos merecen autoridades que trabajen incansablemente para recuperar el tiempo perdido y resolver las problemáticas heredadas.
Finalmente se comprometió a buscar apoyo inmediato para lograr hacer realidad una nueva clínica del ISSSTE en la ciudad. “Buscaremos el terreno y por supuesto lo donaríamos, ya que la coordinación entre el gobierno Federal, Estatal y Municipal será una realidad”.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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