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SLP, 4to lugar nacional en corrupción, ¡pero no hay denuncias!
Aunque San Luis Potosí cuenta con el Sistema Estatal Anticorrupción, es una de las entidades donde se reportan más casos a nivel nacional
Por: Redacción
En 2017, San Luis Potosí ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a víctimas por actos de corrupción, de acuerdo con estadísticas del Inegi a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado el 9 de diciembre.
En el rubro de “Porcentaje de población de 18 años y más víctima de algún delito de corrupción”, la entidad potosina se colocó en el cuarto escaño con un 16.7 por ciento de víctimas, por debajo de la Ciudad de México; (20.1); Quintana Roo (17.6) y Morelos (17.2).
Además, entre 2015 y 2017, San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar en cuanto a variación de puntos porcentules de víctimas de algún acto de corrupción, con un incremento del 5.8 por ciento.
Un estado corrupto con Sistema Anticorrupción
San Luis Potosí cuenta con las normativas armonizadas con el Sistema Nacional Anticorrupción y con los órganos de este sistema en operación, salvo la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; además, es uno de los estados donde se han implementado programas anticorrupción.
Otro de los datos que apunta el Inegi es que en San Luis Potosí existe personal acreditado en materia anticorrupción. De 12 temas que contempla el estudio, en el estado existe personal acreditado para anteder 11 temas, salvo la documentación y el control de los procedimientos.
Muchas víctimas, pocas denuncias
El estudio del Inegi señala que, en San Luis Potosí, el 85.2 por ciento de víctimas de algún acto de corrupción no interpusieron una denuncia , pese a existir una gran cantidad de ciudadanos perjudicados por esta problemática.
San Luis Potosí se encuentra por encima de la media nacional en esta cifra, pues el porcentaje promedio de afectados que no denunció el hecho es de 82.6 por ciento.
En el apartado de “Tasa de denuncias o quejas recibidas en los organismos de control interno por cada 100 servidores públicos, el Inegi señala que San Luis Potosí tiene una de las tasas más bajas con apenas 0.6 denuncias por cada 100 servidores.
De acuerdo con el Inegi, para el año 2018 se iniciaron 266 investigaciones en contra de servidores públicos por presuntamente haber participado en algún acto de corrupción. De esas investigaciones solo se iniciaron 18 procedimientos, lo que representa el 6.7 por ciento.
Finalmente, las estadísticas señalan que, el año pasado, 40 servidores públicos potosinos fueron sancionados tras comprobarse que incurrieron en algún acto de corrupción; sin embargo, el panorama nacional apunta que 5 mil 764 funcionarios tuvieron faltas consideradas “no graves”, y solo 219 tuvieron participación en hechos graves.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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