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¿Se murió el PRIAN en SLP?
Los diputados federales panistas por nuestro estado dicen desconocer qué ocurrirá y ven un engaño en las decisiones del PRI
Por: Ana G Silva
La mañana del miércoles, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, encabezadas por Marko Cortés y Jesús Zambrano, anunciaron la suspensión temporal de la coalición Va X México, hasta en tanto no se retire la iniciativa de Yolanda de la Torre, diputada federal del PRI, que busca ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Ante una posible ruptura definitiva La Orquesta conversó con Xavier Azuara Zúñiga y José Antonio Zapata Meraz, diputados federales del Partido Acción Nacional por San Luis Potosí, quienes indicaron que será el Comité Directivo Estatal del partido el que decidirá qué pasará con la alianza a nivel local:
“No puedo tener certeza de lo que ocurrirá. Vamos a esperar”, apuntó Zapata Meras, cuando se le cuestionó si hay motivos para una ruptura local.
Xavier Azuara indicó que ante la decisión de que el PRI busque ampliar el plazo de las presencias de las Fuerzas Armadas en las calles será “un engaño a la ciudadanía”, pues el discurso electoral del 2021 era de contrapeso y las acciones de Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido tricolor, serían incongruentes a la agenda legislativa que iban a defender.
Zapata Meraz comentó que Acción Nacional buscará ser una oposición firme, pues al final del día los ciudadanos serán quienes los califiquen.
Al cuestionarlos sobre si sería posible una alianza PAN-Movimiento Ciudadano, los congresistas respondieron que el instituto político que representan no está cerrado a ninguna opción si se tiene la misma convicción de hacer frente a Morena y sus aliados, para tener un contrapeso y evitar las reformas constitucionales “que a nadie le convienen”.
Los diputados federales resaltaron que de llegarse a concretar la ruptura de la alianza Va Por México la agenda de oposición continuará en el PAN:
“Desde Acción Nacional no tenemos ninguna duda, lo que estamos claros es por qué votó la ciudadanía por nosotros, entre eso evitar la militarización del país, detener la reforma energética y un largo etcéteras, que se había planteado en una plataforma de Va Por México 
Los legisladores federales hicieron un llamado a la dirigencia Nacional del PRI y a sus legisladores para que revaloren y “honren” la plataforma electoral a la que se comprometieron:
“Ante la difícil situación que estamos viviendo, recordamos a diputados y dirigentes del PRI que la coalición Va Por México tiene el mandato popular de millones de mexicanos que no se debe poner en riesgo, los votos que sacó la alianza en la legislatura federal fueron 21 millones, contra 20 millones de Morena; votaron por nosotros porque buscan un contrapeso en San Lázaro”, comentó Xavier Azuara.
Ambos legisladores coincidieron en que el PAN, su dirigente Marko Cortés y el grupo parlamentario siguen firmes en lo pactado con el PRD y el PRI, es por eso que decidieron poner pausa a la coalición, no obstante, saben que hay priistas que están en contra de la militarización del país:
“Vamos a hacer muy respetuosos de lo que manifestemos, la verdad creemos que la política empieza por los mensajes y queremos llevar hasta el último estante la posibilidad de que se pueda recapacitar por parte del PRI; muchos sectores del partido han manifestado lo que contraviene a esta iniciativa, creemos que pudieran rectificar posicionamientos, nosotros vamos a hacer muy prudentes, habrá un segundo momento donde se concluya con la votación de los partidos que originalmente conforman esta coalición”, apuntó José Antonio Zapata.
Al preguntar sobre si consideran que Alejandro Moreno se está cubriendo las espaldas al apoyar esta iniciativa debido a que hay un juicio político en su contra por el posible delito de enriquecimiento ilícito, Azuara Zúñiga solo se limitó a responder que “eso lo verá la ciudadanía”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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