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Robo a transportistas, con el acelerador a fondo en SLP
Las cifras de robo a transportistas no han dejado de aumentar desde 2015, este año ya se han registrado 164 casos
Por: El Saxofón
La mañana del pasado miércoles 29 de mayo, un presunto ladrón fue abatido por elementos de la Policía Federal, luego de tratar de robar un camión de carga en la carretera 57. El delincuente habría abordado la unidad cuando esta salió de la báscula industrial que se encuentra en el kilómetro 28 de la citada rúa, amagó al chofer con un arma de fuego y lo obligó a conducir para despojarlo de la carga.
No obstante, los policías federales, al ver que el tráiler de doble semirremolque circulaba a exceso de velocidad le marcaron el alto y al detenerse le pidieron al chofer que bajara de la unidad. Este les confirmó que era víctima de un asalto y les advirtió que el ladrón se encontraba oculto en el camarote.
El delincuente pretendió huir haciéndoles frente a los federales y salió disparando de la unidad. Sin embargo, apenas pudo correr unos cincuenta metros, cuando fue alcanzado por las balas.
La carrera delictiva de este sujeto terminó en el kilómetro 17.5 de la carretera a Matehuala, antes del nuevo Libramiento, sin embargo, aunque podría servir de escarmiento, este hecho no termina con uno de los delitos que más ha repuntado en la entidad en los últimos años, el robo al transporte de carga.
El robo a transportistas ha registrado un aumento sin precedentes en los últimos cuatro años. Entre 2015 y 2018, las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este delito crecieron desmesuradamente.
En 2015, se presentaron solo siete denuncias por robo a transportistas en la entidad, según las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sin embargo, tres años después, en 2018, el año cerró con 556 casos.
El incremento en este delito, como en otros, ha sido más o menos paulatino, aunque los repuntes han sido bastante considerables, y dejan ver la incapacidad u omisión de las autoridades policiacas por atacar el problema.
La primera llamada de atención para las autoridades en este delito, debió haber sido atendida en 2016, cuando, de los siete casos denunciados en 2015, la incidencia incrementó a 101 (53 con violencia y 48 sin violencia).
Quizás ese era el momento para tomar cartas en el asunto, sin embargo, a todas luces no fue así, pues para el 2017, los robos a transportistas se duplicaron, y alcanzaron los 218 casos.
En ese año también fue notorio que los delincuentes prácticamente se habían apoderado de las carreteras potosinas, pues en 145 de los casos fueron robos con violencia y solo 73 sin violencia.
A lo largo del 2018, las organizaciones de transportistas hicieron constantes llamados a las autoridades a atender este flagelo. Sobra decir que los reclamos de los trabajadores del camino no fueron atendidos, pues el año cerró con 556 casos de transportistas víctimas de robo (351 con violencia y 205 sin violencia).
En lo que va del 2019, desde enero hasta el mes de abril, suman 164 denuncias por este delito recibidas en la Fiscalía General del Estado, dos más que en el mismo periodo de 2018.
¿Dónde se concentran los robos a transportistas?
En 2018 se denunciaron robos a transportistas en al menos 32 municipios del estado. La más fuerte incidencia se registra en los municipios de San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez, donde se concentra el 80.75 por ciento de los casos.
En la capital potosina se denunciaron 343 casos (61.69 por ciento), 219 con violencia y 124 sin violencia; en Soledad de Graciano Sánchez fueron 106 casos denunciados (18.34 por ciento) 65 con violencia y 41 sin violencia.
Otros municipios que registraron una incidencia considerable son: Matehuala, con 18 casos, 10 con violencia y 8 sin violencia; Villa de Reyes con 14 casos, 8 con violencia y 6 sin violencia; Mexquitic 9 casos, todos con violencia; Villa de Arriaga con 8 casos, 5 con violencia y 3 sin violencia; Santa María del Río con 7 casos, 4 con violencia y 3 sin violencia; Ciudad Valles con 6 casos, 4 con violencia y 2 sin violencia; y Ébano con 5 casos, 4 con violencia y 1 sin violencia.
El resto de los municipios donde se registró al menos un caso son: Ahualulco (2), Cárdenas (1), Cerritos (1), Cerro de San Pedro (1); Ciudad Fernández (2); Coxcatlán (1); Guadalcázar (4); Huehuetlán (1); Moctezuma (1); Rioverde (3); San Martin Chalchicuautla (1); San Nicolás (1); Santo Domingo (1); San Vicente (1); Tamazunchale (1); Tampacan (1); Tamuín (3); Villa de Guadalupe (2); Villa de la Paz (1); Axtla (1); Zaragoza (3); Villa de Arista (2) y Matlapa (1).
El sector del transporte ha denunciado pérdidas millonarias por este delito, y ha exigido la intervención de las autoridades para poner freno a este flagelo, sin embargo, poco se ha hecho.
En lo que va de 2019 se han registrado al menos 164 robos a transportistas, en enero se denunciaron 45; en febrero 37; en marzo 42 y en abril 40. La variación en las cifras indica que la incidencia se mantiene en el mismo nivel.
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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