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Robo a transportistas, con el acelerador a fondo en SLP
Las cifras de robo a transportistas no han dejado de aumentar desde 2015, este año ya se han registrado 164 casos
Por: El Saxofón
La mañana del pasado miércoles 29 de mayo, un presunto ladrón fue abatido por elementos de la Policía Federal, luego de tratar de robar un camión de carga en la carretera 57. El delincuente habría abordado la unidad cuando esta salió de la báscula industrial que se encuentra en el kilómetro 28 de la citada rúa, amagó al chofer con un arma de fuego y lo obligó a conducir para despojarlo de la carga.
No obstante, los policías federales, al ver que el tráiler de doble semirremolque circulaba a exceso de velocidad le marcaron el alto y al detenerse le pidieron al chofer que bajara de la unidad. Este les confirmó que era víctima de un asalto y les advirtió que el ladrón se encontraba oculto en el camarote.
El delincuente pretendió huir haciéndoles frente a los federales y salió disparando de la unidad. Sin embargo, apenas pudo correr unos cincuenta metros, cuando fue alcanzado por las balas.
La carrera delictiva de este sujeto terminó en el kilómetro 17.5 de la carretera a Matehuala, antes del nuevo Libramiento, sin embargo, aunque podría servir de escarmiento, este hecho no termina con uno de los delitos que más ha repuntado en la entidad en los últimos años, el robo al transporte de carga.
El robo a transportistas ha registrado un aumento sin precedentes en los últimos cuatro años. Entre 2015 y 2018, las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este delito crecieron desmesuradamente.
En 2015, se presentaron solo siete denuncias por robo a transportistas en la entidad, según las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sin embargo, tres años después, en 2018, el año cerró con 556 casos.
El incremento en este delito, como en otros, ha sido más o menos paulatino, aunque los repuntes han sido bastante considerables, y dejan ver la incapacidad u omisión de las autoridades policiacas por atacar el problema.
La primera llamada de atención para las autoridades en este delito, debió haber sido atendida en 2016, cuando, de los siete casos denunciados en 2015, la incidencia incrementó a 101 (53 con violencia y 48 sin violencia).
Quizás ese era el momento para tomar cartas en el asunto, sin embargo, a todas luces no fue así, pues para el 2017, los robos a transportistas se duplicaron, y alcanzaron los 218 casos.
En ese año también fue notorio que los delincuentes prácticamente se habían apoderado de las carreteras potosinas, pues en 145 de los casos fueron robos con violencia y solo 73 sin violencia.
A lo largo del 2018, las organizaciones de transportistas hicieron constantes llamados a las autoridades a atender este flagelo. Sobra decir que los reclamos de los trabajadores del camino no fueron atendidos, pues el año cerró con 556 casos de transportistas víctimas de robo (351 con violencia y 205 sin violencia).
En lo que va del 2019, desde enero hasta el mes de abril, suman 164 denuncias por este delito recibidas en la Fiscalía General del Estado, dos más que en el mismo periodo de 2018.
¿Dónde se concentran los robos a transportistas?
En 2018 se denunciaron robos a transportistas en al menos 32 municipios del estado. La más fuerte incidencia se registra en los municipios de San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez, donde se concentra el 80.75 por ciento de los casos.
En la capital potosina se denunciaron 343 casos (61.69 por ciento), 219 con violencia y 124 sin violencia; en Soledad de Graciano Sánchez fueron 106 casos denunciados (18.34 por ciento) 65 con violencia y 41 sin violencia.
Otros municipios que registraron una incidencia considerable son: Matehuala, con 18 casos, 10 con violencia y 8 sin violencia; Villa de Reyes con 14 casos, 8 con violencia y 6 sin violencia; Mexquitic 9 casos, todos con violencia; Villa de Arriaga con 8 casos, 5 con violencia y 3 sin violencia; Santa María del Río con 7 casos, 4 con violencia y 3 sin violencia; Ciudad Valles con 6 casos, 4 con violencia y 2 sin violencia; y Ébano con 5 casos, 4 con violencia y 1 sin violencia.
El resto de los municipios donde se registró al menos un caso son: Ahualulco (2), Cárdenas (1), Cerritos (1), Cerro de San Pedro (1); Ciudad Fernández (2); Coxcatlán (1); Guadalcázar (4); Huehuetlán (1); Moctezuma (1); Rioverde (3); San Martin Chalchicuautla (1); San Nicolás (1); Santo Domingo (1); San Vicente (1); Tamazunchale (1); Tampacan (1); Tamuín (3); Villa de Guadalupe (2); Villa de la Paz (1); Axtla (1); Zaragoza (3); Villa de Arista (2) y Matlapa (1).
El sector del transporte ha denunciado pérdidas millonarias por este delito, y ha exigido la intervención de las autoridades para poner freno a este flagelo, sin embargo, poco se ha hecho.
En lo que va de 2019 se han registrado al menos 164 robos a transportistas, en enero se denunciaron 45; en febrero 37; en marzo 42 y en abril 40. La variación en las cifras indica que la incidencia se mantiene en el mismo nivel.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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