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Robo a transportistas, con el acelerador a fondo en SLP
Las cifras de robo a transportistas no han dejado de aumentar desde 2015, este año ya se han registrado 164 casos
Por: El Saxofón
La mañana del pasado miércoles 29 de mayo, un presunto ladrón fue abatido por elementos de la Policía Federal, luego de tratar de robar un camión de carga en la carretera 57. El delincuente habría abordado la unidad cuando esta salió de la báscula industrial que se encuentra en el kilómetro 28 de la citada rúa, amagó al chofer con un arma de fuego y lo obligó a conducir para despojarlo de la carga.
No obstante, los policías federales, al ver que el tráiler de doble semirremolque circulaba a exceso de velocidad le marcaron el alto y al detenerse le pidieron al chofer que bajara de la unidad. Este les confirmó que era víctima de un asalto y les advirtió que el ladrón se encontraba oculto en el camarote.
El delincuente pretendió huir haciéndoles frente a los federales y salió disparando de la unidad. Sin embargo, apenas pudo correr unos cincuenta metros, cuando fue alcanzado por las balas.
La carrera delictiva de este sujeto terminó en el kilómetro 17.5 de la carretera a Matehuala, antes del nuevo Libramiento, sin embargo, aunque podría servir de escarmiento, este hecho no termina con uno de los delitos que más ha repuntado en la entidad en los últimos años, el robo al transporte de carga.
El robo a transportistas ha registrado un aumento sin precedentes en los últimos cuatro años. Entre 2015 y 2018, las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este delito crecieron desmesuradamente.
En 2015, se presentaron solo siete denuncias por robo a transportistas en la entidad, según las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sin embargo, tres años después, en 2018, el año cerró con 556 casos.
El incremento en este delito, como en otros, ha sido más o menos paulatino, aunque los repuntes han sido bastante considerables, y dejan ver la incapacidad u omisión de las autoridades policiacas por atacar el problema.
La primera llamada de atención para las autoridades en este delito, debió haber sido atendida en 2016, cuando, de los siete casos denunciados en 2015, la incidencia incrementó a 101 (53 con violencia y 48 sin violencia).
Quizás ese era el momento para tomar cartas en el asunto, sin embargo, a todas luces no fue así, pues para el 2017, los robos a transportistas se duplicaron, y alcanzaron los 218 casos.
En ese año también fue notorio que los delincuentes prácticamente se habían apoderado de las carreteras potosinas, pues en 145 de los casos fueron robos con violencia y solo 73 sin violencia.
A lo largo del 2018, las organizaciones de transportistas hicieron constantes llamados a las autoridades a atender este flagelo. Sobra decir que los reclamos de los trabajadores del camino no fueron atendidos, pues el año cerró con 556 casos de transportistas víctimas de robo (351 con violencia y 205 sin violencia).
En lo que va del 2019, desde enero hasta el mes de abril, suman 164 denuncias por este delito recibidas en la Fiscalía General del Estado, dos más que en el mismo periodo de 2018.
¿Dónde se concentran los robos a transportistas?
En 2018 se denunciaron robos a transportistas en al menos 32 municipios del estado. La más fuerte incidencia se registra en los municipios de San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez, donde se concentra el 80.75 por ciento de los casos.
En la capital potosina se denunciaron 343 casos (61.69 por ciento), 219 con violencia y 124 sin violencia; en Soledad de Graciano Sánchez fueron 106 casos denunciados (18.34 por ciento) 65 con violencia y 41 sin violencia.
Otros municipios que registraron una incidencia considerable son: Matehuala, con 18 casos, 10 con violencia y 8 sin violencia; Villa de Reyes con 14 casos, 8 con violencia y 6 sin violencia; Mexquitic 9 casos, todos con violencia; Villa de Arriaga con 8 casos, 5 con violencia y 3 sin violencia; Santa María del Río con 7 casos, 4 con violencia y 3 sin violencia; Ciudad Valles con 6 casos, 4 con violencia y 2 sin violencia; y Ébano con 5 casos, 4 con violencia y 1 sin violencia.
El resto de los municipios donde se registró al menos un caso son: Ahualulco (2), Cárdenas (1), Cerritos (1), Cerro de San Pedro (1); Ciudad Fernández (2); Coxcatlán (1); Guadalcázar (4); Huehuetlán (1); Moctezuma (1); Rioverde (3); San Martin Chalchicuautla (1); San Nicolás (1); Santo Domingo (1); San Vicente (1); Tamazunchale (1); Tampacan (1); Tamuín (3); Villa de Guadalupe (2); Villa de la Paz (1); Axtla (1); Zaragoza (3); Villa de Arista (2) y Matlapa (1).
El sector del transporte ha denunciado pérdidas millonarias por este delito, y ha exigido la intervención de las autoridades para poner freno a este flagelo, sin embargo, poco se ha hecho.
En lo que va de 2019 se han registrado al menos 164 robos a transportistas, en enero se denunciaron 45; en febrero 37; en marzo 42 y en abril 40. La variación en las cifras indica que la incidencia se mantiene en el mismo nivel.
Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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