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Reformas antiUber obstaculizan competencia y mejora de servicios en SLP
Los dirigentes de las cámaras empresariales en San Luis Potosí afirmaron que las leyes antiUber atentan contra la competencia entre plataformas de transporte
Por: Abelardo Medellín
El presidente de Coparmex en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, consideró que “la libre empresa y la libre competencia beneficia a los consumidores, se intenta cambiar el esquema pasado donde existía el monopolio de los taxistas, nada más”, en referencia a las recientes reformas aprobadas en el Congreso de San Luis Potosí para perseguir de oficio el llamado pirataje e incrementar los requisitos exigidos a quienes operan por medio de plataformas digitales para proveer el servicio de transporte.
El presidente de Coparmex confirmó que, al surgir nichos nuevos de negocio, es natural que la gente busque aprovecharlos para conseguir un beneficio económico pero también consideró que estos deben buscar ser siempre legítimos. “Me parece que estos nichos deben ser suficientes para salvaguardar la empresa que no se quiso modernizar frente a la modernización de la sociedad”, comentó Chalita Zarur.
Chalita Zarur también comentó que estas leyes no se deben de tratar de “limitar por limitar”, sino de conocer mejor: “quienes están detrás del volante, recordemos que han ocurrido situaciones muy desagradables por personas que manejan en estas plataformas”, declaró el dirigente empresarial.
Consideró como una solución probable el equilibrar el terreno para los trabajadores que brindan ambos servicios: “la competencia de las plataformas, bienvenida sea, porque el el generar competencia siempre nos dará un mejor servicio y mejores precios”.
Con una idea similar, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí (Canaco Servytur), Alejandro Pérez Rodríguez, consideró que sí tiene que haber una regulación clara para los conductores vinculados con servicios digitales, pero que: “los diputados deben entender el trabajo también de las personas que solo quieren llevar dinero a sus casas”.
Alejandro Pérez opinó que los legisladores deben tratar con cuidado el tema, pues considera que el taxismo jamás tuvo competencia y que, por lo tanto, los diputados no pueden decidir sobre leyes que solo beneficien a una parte del sector servicios.
El dirigente empresarial, señaló que las leyes pensadas para tener un piso parejo son importantes para que nadie se quede sin trabajo, pero que tanto taxistas como Ubers deben respetar las leyes que los regulan.
“Digo, si la ley indica que los Ubers no pueden cobrar en efectivo, pues que no lo hagan, hay muchas opciones hoy en día para que las personas consigan una tarjeta de débito o similares”, puntualizó.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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