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¿Quién era Aurelio Gancedo, el priista potosino asesinado?

Aurelio Gancedo fue reportado como desaparecido desde el 21 de enero; la noche de ayer su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en un predio de Las Mercedes
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó ayer, alrededor de las 10 de la mañana, la desaparición del exdirigente del PRI en la entidad y exfuncionario de la PGR, Aurelio Gancedo Rodríguez.
Según información del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), todo rastro de Gancedo Rodríguez se perdió desde las 4 de la tarde del martes pasado. Lo último que se supo de él es que iba en su vehículo mini Cooper modelo 2015, color blanco, placas NGK6011 del Estado de México.
La Fiscalía General del Estado confirmó a La Orquesta que el Gancedo Rodríguez fue reportado como desaparecido por las autoridades. Una ficha de búsqueda fue publicada por esa dependencia estatal después de las 3 de la tarde. Además se abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero.
Después, alrededor de las 6 de la tarde, se reportó el hallazgo de su automóvil en un camino de terracería a la altura de la colonia Las Mercedes.
Pasadas las 9 de la noche, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, tras procesar el automóvil propiedad de Gancedo Rodríguez, se encontraron tres bolsas en su interior con restos humanos.
Dicho lo anterior, la dependencia afirmó que se realizaría la necropsia de ley para conocer las causas reales del fallecimiento del político potosino.
Gancedo Rodríguez, de 39 años de edad, fue asesor del Senado de la República entre el año 2000 y 2005. A partir de ahí, su carrera política comenzó a crecer: fue secretario de organización y secretario general del PRI estatal entre 2005 y 2008.
En diciembre de 2008, Aurelio Gancedo se convirtió en presidente del PRI estatal, cargo en el que se mantuvo durante un año.
Durante el primer año del gobierno de Fernando Toranzo, Aurelio Gancedo fue director de Desarrollo Social y Regional del gobierno del estado. En enero de 2011 se convirtió en director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante la presidencia de Victoria Labastida.
Con la llegada a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, Aurelio Gancedo ingresó a la Procuraduría General de la República , en el año 2012. Fue director general adjunto de Coordinación Operativa durante un año y director general de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales desde 2013 a 2015.
En ese mismo año pasó a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del gobierno federal. Después, en 2016, volvió a cargos partidistas en el PRI, como director del Instituto Reyes Heroles, de formación política.
En febrero de 2018, Aurelio Gancedo fue vinculado con la venta del malware espía Pegasus a la Procuraduría General de la República, pues fue el potosino Luis Fernando Ayala Puente quien la vendió por 32 millones de dólares, pese a que era funcionario de la misma fiscalía federal, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.
Ayala Puente fue incorporado a la PGR por Aurelio Gancedo Rodríguez, reconocido en San Luis Potosí como el ahijado político de Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República. El 1 de febrero de 2014, Gancedo, quien fungía como director de aseguramientos ministeriales de la fiscalía, invitó a Ayala Puente a unirse a la PGR. Ocho meses después, se asignó la compra de Pegasus a la empresa potosina Citalae del Centro, SA de CV, propiedad de Ayala Puente.
Aurelio Gancedo emitió entonces un comunicado de prensa para solicitar su derecho de réplica tras el seguimiento dado en medios locales a la investigación que, a nivel nacional, le vincula con la venta del malware de espionaje Pegasus a la Procuraduría General de la República, durante su gestión como director de Aseguramientos Ministeriales.
Al respecto, Gancedo, por medio de un vídeo, negó toda responsabilidad e incluso relación con los hechos mencionados en el caso descubierto por los periodistas mexicanos. Indicó que es propio de su actividad ser objeto de “perniciosas opiniones”.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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