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Poder Judicial de SLP, top 10 de los que menos casos resuelven
Solo el 20 por ciento de los casos presentados al Poder Judicial son resueltos y el 90 por ciento de las investigaciones comienza sin detenidos
Por: Redacción
El Poder Judicial de San Luis Potosí está en el top ten de las instituciones con menor porcentaje de resolución de casos, según el estudio Seguimiento Y Evaluación Del Sistema De Justicia Penal En México Hallazgos 2018, realizado por México Evalúa.
Uno de los mayores desafíos planteados por la reforma penal de 2008 a las distintas instituciones que integran el SJP fue realizar de forma exitosa un proceso de reorganización institucional que garantizara una gestión eficiente de los asuntos y un mayor y más rápido acceso a la justicia.
En este contexto el estudio presenta porcentajes que “evidencian el grado de desarrollo institucional al interior de los distintos poderes judiciales, en función de ser capaces de dar respuesta a los casos que conocen”.
Así, el Poder Judicial de San Luis Potosí se ubica en el noveno lugar entre los que menos casos resuelven en el nuevo sistema de justicia acusatorio.
Los cinco poderes judiciales estatales con menor resolución de casos son: Puebla con 4.8 por ciento; en segundo lugar, Baja California con 6.7 por ciento; en tercero, Guerrero con 9.7 por ciento; en cuarto, Tabasco con 10.7 por ciento; en quinto Oaxaca con 13.6 por ciento.
En sexto lugar se ubica Baja California Sur, con 14.1 por ciento; en séptimo Veracruz con 15.6; en octavo Campeche 18.5; en noveno San Luis Potosí con 20.4, y en décimo Guanajuato 21.6 por ciento.
En comparación con el estudio en 2017, San Luis Potosí mantuvo el noveno puesto en pocas resoluciones, pero bajamos del 22.4 por ciento, alejándonos del promedio nacional de 30.5 por ciento.
“Un porcentaje bajo de asuntos resueltos constituye un foco rojo, debido al impacto negativo que la acumulación de asuntos puede tener en la eficiencia del sistema de justicia y, en última instancia, en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos” explica el estudio.
No obstante, el bajo porcentaje en resoluciones no se puede atribuir en todos lo casos a una gestión judicial con deficiencias, puede indicar también una falta en el trabajo de otras instituciones. Un ejemplo pueden ser las veces en que los defensores y MP solicitan diferimientos debido al alta carga de trabajo.
¿Y la Fiscalía?
El estudio de México Evalúa, explica que “Las fiscalías o procuradurías locales se encargan de la persecución penal”. En términos generales, se puede considerar que tienen en sus manos la inercia del proceso, pues son las encargadas de realizar las investigaciones penales y tomar las determinaciones tempranas para la despresurización del SJP.
El número de investigaciones iniciadas sin detenidos sigue predominando sobre las que inician con detenido. En 12 entidades federativas las investigaciones iniciadas sin detenido representan más del 90%, en 8 el porcentaje es mayor al 50% y solo en un estado está por debajo.
En el caso de San Luis Potosí, más del 90 por ciento de las investigaciones se inician sin detenidos.
La Fiscalía General del Estado, también destaca por ser una de las que menos casos resuelve en el Ministerio Público, ya sea porque “hayan sido judicializadas, mandadas a archivo temporal, aplicado un criterio de oportunidad o por el no ejercicio de la acción penal, entre otros”.
Los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen un porcentaje de resolución de casos de 39.4 por ciento, con lo que se ubican en el octavo lugar nacional de los que menos casos resuelven, sólo por debajo de Hidalgo (38.9%), Tamaulipas (38.5%), Quintana Roo (22.1%), Veracruz (19.4%), Puebla (16.1%) y Sonora, cuyos agentes del MP solo resuelven el 5.8%, de las investigaciones que inician.
En este sentido, el estudio explica que “el desahogo del trabajo al interior de las procuradurías o fiscalías e indica la eficacia de estas instituciones para realizar las investigaciones y continuar con las secuelas procesales”. En sentido contrario, tenemos que, a mayor número de investigaciones iniciadas sin haberse concluido, mayor es el rezago y más lenta la operación de los órganos de procuración.
Sobre los procesos en San Luis Potosí
En entrevista el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, dijo sobre los procedimientos en materia de lo familiar que: “no corresponde completamente al Poder Judicial, pero sería bueno encontrar que no sean tan largos los procedimientos. Un procedimiento ordinario es larguísimo y eso no está en los jueces, está en el procedimiento mismo”.
En los hallazgos 2018 del estudio Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, se reveló que en el estado de San Luis Potosí el índice de confianza en los procesos de justicia penal se encuentra en – 5 por ciento.
Otro problema expuesto en ellos hallazgos 2018 es la congestión en la sede ministerial, que refiere a los casos que continúan en trámite y la baja resolución de los mismos. Para la entidad potosina el promedio de congestión en sede ministerial es del 54.1 por ciento, cifra que supera la media nacional de 40 por ciento.
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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
También lee: Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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