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Poder Judicial de SLP, top 10 de los que menos casos resuelven
Solo el 20 por ciento de los casos presentados al Poder Judicial son resueltos y el 90 por ciento de las investigaciones comienza sin detenidos
Por: Redacción
El Poder Judicial de San Luis Potosí está en el top ten de las instituciones con menor porcentaje de resolución de casos, según el estudio Seguimiento Y Evaluación Del Sistema De Justicia Penal En México Hallazgos 2018, realizado por México Evalúa.
Uno de los mayores desafíos planteados por la reforma penal de 2008 a las distintas instituciones que integran el SJP fue realizar de forma exitosa un proceso de reorganización institucional que garantizara una gestión eficiente de los asuntos y un mayor y más rápido acceso a la justicia.
En este contexto el estudio presenta porcentajes que “evidencian el grado de desarrollo institucional al interior de los distintos poderes judiciales, en función de ser capaces de dar respuesta a los casos que conocen”.
Así, el Poder Judicial de San Luis Potosí se ubica en el noveno lugar entre los que menos casos resuelven en el nuevo sistema de justicia acusatorio.
Los cinco poderes judiciales estatales con menor resolución de casos son: Puebla con 4.8 por ciento; en segundo lugar, Baja California con 6.7 por ciento; en tercero, Guerrero con 9.7 por ciento; en cuarto, Tabasco con 10.7 por ciento; en quinto Oaxaca con 13.6 por ciento.
En sexto lugar se ubica Baja California Sur, con 14.1 por ciento; en séptimo Veracruz con 15.6; en octavo Campeche 18.5; en noveno San Luis Potosí con 20.4, y en décimo Guanajuato 21.6 por ciento.
En comparación con el estudio en 2017, San Luis Potosí mantuvo el noveno puesto en pocas resoluciones, pero bajamos del 22.4 por ciento, alejándonos del promedio nacional de 30.5 por ciento.
“Un porcentaje bajo de asuntos resueltos constituye un foco rojo, debido al impacto negativo que la acumulación de asuntos puede tener en la eficiencia del sistema de justicia y, en última instancia, en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos” explica el estudio.
No obstante, el bajo porcentaje en resoluciones no se puede atribuir en todos lo casos a una gestión judicial con deficiencias, puede indicar también una falta en el trabajo de otras instituciones. Un ejemplo pueden ser las veces en que los defensores y MP solicitan diferimientos debido al alta carga de trabajo.
¿Y la Fiscalía?
El estudio de México Evalúa, explica que “Las fiscalías o procuradurías locales se encargan de la persecución penal”. En términos generales, se puede considerar que tienen en sus manos la inercia del proceso, pues son las encargadas de realizar las investigaciones penales y tomar las determinaciones tempranas para la despresurización del SJP.
El número de investigaciones iniciadas sin detenidos sigue predominando sobre las que inician con detenido. En 12 entidades federativas las investigaciones iniciadas sin detenido representan más del 90%, en 8 el porcentaje es mayor al 50% y solo en un estado está por debajo.
En el caso de San Luis Potosí, más del 90 por ciento de las investigaciones se inician sin detenidos.
La Fiscalía General del Estado, también destaca por ser una de las que menos casos resuelve en el Ministerio Público, ya sea porque “hayan sido judicializadas, mandadas a archivo temporal, aplicado un criterio de oportunidad o por el no ejercicio de la acción penal, entre otros”.
Los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen un porcentaje de resolución de casos de 39.4 por ciento, con lo que se ubican en el octavo lugar nacional de los que menos casos resuelven, sólo por debajo de Hidalgo (38.9%), Tamaulipas (38.5%), Quintana Roo (22.1%), Veracruz (19.4%), Puebla (16.1%) y Sonora, cuyos agentes del MP solo resuelven el 5.8%, de las investigaciones que inician.
En este sentido, el estudio explica que “el desahogo del trabajo al interior de las procuradurías o fiscalías e indica la eficacia de estas instituciones para realizar las investigaciones y continuar con las secuelas procesales”. En sentido contrario, tenemos que, a mayor número de investigaciones iniciadas sin haberse concluido, mayor es el rezago y más lenta la operación de los órganos de procuración.
Sobre los procesos en San Luis Potosí
En entrevista el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, dijo sobre los procedimientos en materia de lo familiar que: “no corresponde completamente al Poder Judicial, pero sería bueno encontrar que no sean tan largos los procedimientos. Un procedimiento ordinario es larguísimo y eso no está en los jueces, está en el procedimiento mismo”.
En los hallazgos 2018 del estudio Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, se reveló que en el estado de San Luis Potosí el índice de confianza en los procesos de justicia penal se encuentra en – 5 por ciento.
Otro problema expuesto en ellos hallazgos 2018 es la congestión en la sede ministerial, que refiere a los casos que continúan en trámite y la baja resolución de los mismos. Para la entidad potosina el promedio de congestión en sede ministerial es del 54.1 por ciento, cifra que supera la media nacional de 40 por ciento.
Diputados exigen investigar a Pineda… pero no denuncian formalmente: Garza
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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