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Poder Judicial de SLP, top 10 de los que menos casos resuelven
Solo el 20 por ciento de los casos presentados al Poder Judicial son resueltos y el 90 por ciento de las investigaciones comienza sin detenidos
Por: Redacción
El Poder Judicial de San Luis Potosí está en el top ten de las instituciones con menor porcentaje de resolución de casos, según el estudio Seguimiento Y Evaluación Del Sistema De Justicia Penal En México Hallazgos 2018, realizado por México Evalúa.
Uno de los mayores desafíos planteados por la reforma penal de 2008 a las distintas instituciones que integran el SJP fue realizar de forma exitosa un proceso de reorganización institucional que garantizara una gestión eficiente de los asuntos y un mayor y más rápido acceso a la justicia.
En este contexto el estudio presenta porcentajes que “evidencian el grado de desarrollo institucional al interior de los distintos poderes judiciales, en función de ser capaces de dar respuesta a los casos que conocen”.
Así, el Poder Judicial de San Luis Potosí se ubica en el noveno lugar entre los que menos casos resuelven en el nuevo sistema de justicia acusatorio.
Los cinco poderes judiciales estatales con menor resolución de casos son: Puebla con 4.8 por ciento; en segundo lugar, Baja California con 6.7 por ciento; en tercero, Guerrero con 9.7 por ciento; en cuarto, Tabasco con 10.7 por ciento; en quinto Oaxaca con 13.6 por ciento.
En sexto lugar se ubica Baja California Sur, con 14.1 por ciento; en séptimo Veracruz con 15.6; en octavo Campeche 18.5; en noveno San Luis Potosí con 20.4, y en décimo Guanajuato 21.6 por ciento.
En comparación con el estudio en 2017, San Luis Potosí mantuvo el noveno puesto en pocas resoluciones, pero bajamos del 22.4 por ciento, alejándonos del promedio nacional de 30.5 por ciento.
“Un porcentaje bajo de asuntos resueltos constituye un foco rojo, debido al impacto negativo que la acumulación de asuntos puede tener en la eficiencia del sistema de justicia y, en última instancia, en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos” explica el estudio.
No obstante, el bajo porcentaje en resoluciones no se puede atribuir en todos lo casos a una gestión judicial con deficiencias, puede indicar también una falta en el trabajo de otras instituciones. Un ejemplo pueden ser las veces en que los defensores y MP solicitan diferimientos debido al alta carga de trabajo.
¿Y la Fiscalía?
El estudio de México Evalúa, explica que “Las fiscalías o procuradurías locales se encargan de la persecución penal”. En términos generales, se puede considerar que tienen en sus manos la inercia del proceso, pues son las encargadas de realizar las investigaciones penales y tomar las determinaciones tempranas para la despresurización del SJP.
El número de investigaciones iniciadas sin detenidos sigue predominando sobre las que inician con detenido. En 12 entidades federativas las investigaciones iniciadas sin detenido representan más del 90%, en 8 el porcentaje es mayor al 50% y solo en un estado está por debajo.
En el caso de San Luis Potosí, más del 90 por ciento de las investigaciones se inician sin detenidos.
La Fiscalía General del Estado, también destaca por ser una de las que menos casos resuelve en el Ministerio Público, ya sea porque “hayan sido judicializadas, mandadas a archivo temporal, aplicado un criterio de oportunidad o por el no ejercicio de la acción penal, entre otros”.
Los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen un porcentaje de resolución de casos de 39.4 por ciento, con lo que se ubican en el octavo lugar nacional de los que menos casos resuelven, sólo por debajo de Hidalgo (38.9%), Tamaulipas (38.5%), Quintana Roo (22.1%), Veracruz (19.4%), Puebla (16.1%) y Sonora, cuyos agentes del MP solo resuelven el 5.8%, de las investigaciones que inician.
En este sentido, el estudio explica que “el desahogo del trabajo al interior de las procuradurías o fiscalías e indica la eficacia de estas instituciones para realizar las investigaciones y continuar con las secuelas procesales”. En sentido contrario, tenemos que, a mayor número de investigaciones iniciadas sin haberse concluido, mayor es el rezago y más lenta la operación de los órganos de procuración.
Sobre los procesos en San Luis Potosí
En entrevista el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, dijo sobre los procedimientos en materia de lo familiar que: “no corresponde completamente al Poder Judicial, pero sería bueno encontrar que no sean tan largos los procedimientos. Un procedimiento ordinario es larguísimo y eso no está en los jueces, está en el procedimiento mismo”.
En los hallazgos 2018 del estudio Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, se reveló que en el estado de San Luis Potosí el índice de confianza en los procesos de justicia penal se encuentra en – 5 por ciento.
Otro problema expuesto en ellos hallazgos 2018 es la congestión en la sede ministerial, que refiere a los casos que continúan en trámite y la baja resolución de los mismos. Para la entidad potosina el promedio de congestión en sede ministerial es del 54.1 por ciento, cifra que supera la media nacional de 40 por ciento.
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Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
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Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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El titular de Sedarh reconoció que la incertidumbre ha llevado a productores a dejar de apostar por el mercado estadounidense
Por: Redacción
Los aranceles impuestos por Estados Unidos ya comienzan a impactar al sector agropecuario de San Luis Potosí, al generar incertidumbre entre los productores y provocar el cierre de al menos un invernadero en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).
El funcionario explicó que, aunque la exportación de becerros en pie continúa restringida, la venta de carne no enfrenta actualmente obstáculos para ingresar al mercado estadounidense.
“Lo que sí estamos exportando es la carne; la carne pasa y no tiene ningún problema”, señaló.
Respecto a productos agrícolas como jitomate, chile y otros cultivos de exportación, Díaz Salinas indicó que aún no existe c laridad sobre el impacto que podrían tener las revisiones anuales al T-MEC anunciadas recientemente.
“Hasta ahorita no tenemos cómo vaya a afectar al jitomate, a los chiles o a otros productos que exportamos a Estados Unidos”, comentó.
Sin embargo, reconoció que la política arancelaria aplicada por el gobierno estadounidense ya ha provocado pérdidas económicas al sector.
“Con los aranceles sí se han perdido muchos, sobre todo porque no hay la certidumbre de que puedan vender bien sus productos para allá; entonces mucha gente ya no le está apostando”, afirmó.
El secretario explicó que quienes más resienten esta situación son los propietarios de invernaderos de alta tecnología, ya que dependen en gran medida del mercado estadounidense y ajustan sus exportaciones conforme a los contratos que mantienen con compradores internacionales.
Como ejemplo, confirmó que un invernadero ubicado en Rioverde dejó de operar debido a la disminución en la rentabilidad del negocio.
“Ya se cerró un invernadero en Rioverde por los mismos temas de que ya no es tanto negocio, y no es tanto negocio por los aranceles que está poniendo Trump”, sostuvo.
Aunque la Sedarh no cuenta con una estimación sobre el monto de las pérdidas económicas ni el número de productores afectados, el funcionario reconoció que la incertidumbre comercial ha comenzado a modificar las decisiones de inversión dentro del sector agrícola potosino.
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