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Poder Judicial de SLP, top 10 de los que menos casos resuelven
Solo el 20 por ciento de los casos presentados al Poder Judicial son resueltos y el 90 por ciento de las investigaciones comienza sin detenidos
Por: Redacción
El Poder Judicial de San Luis Potosí está en el top ten de las instituciones con menor porcentaje de resolución de casos, según el estudio Seguimiento Y Evaluación Del Sistema De Justicia Penal En México Hallazgos 2018, realizado por México Evalúa.
Uno de los mayores desafíos planteados por la reforma penal de 2008 a las distintas instituciones que integran el SJP fue realizar de forma exitosa un proceso de reorganización institucional que garantizara una gestión eficiente de los asuntos y un mayor y más rápido acceso a la justicia.
En este contexto el estudio presenta porcentajes que “evidencian el grado de desarrollo institucional al interior de los distintos poderes judiciales, en función de ser capaces de dar respuesta a los casos que conocen”.
Así, el Poder Judicial de San Luis Potosí se ubica en el noveno lugar entre los que menos casos resuelven en el nuevo sistema de justicia acusatorio.
Los cinco poderes judiciales estatales con menor resolución de casos son: Puebla con 4.8 por ciento; en segundo lugar, Baja California con 6.7 por ciento; en tercero, Guerrero con 9.7 por ciento; en cuarto, Tabasco con 10.7 por ciento; en quinto Oaxaca con 13.6 por ciento.
En sexto lugar se ubica Baja California Sur, con 14.1 por ciento; en séptimo Veracruz con 15.6; en octavo Campeche 18.5; en noveno San Luis Potosí con 20.4, y en décimo Guanajuato 21.6 por ciento.
En comparación con el estudio en 2017, San Luis Potosí mantuvo el noveno puesto en pocas resoluciones, pero bajamos del 22.4 por ciento, alejándonos del promedio nacional de 30.5 por ciento.
“Un porcentaje bajo de asuntos resueltos constituye un foco rojo, debido al impacto negativo que la acumulación de asuntos puede tener en la eficiencia del sistema de justicia y, en última instancia, en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos” explica el estudio.
No obstante, el bajo porcentaje en resoluciones no se puede atribuir en todos lo casos a una gestión judicial con deficiencias, puede indicar también una falta en el trabajo de otras instituciones. Un ejemplo pueden ser las veces en que los defensores y MP solicitan diferimientos debido al alta carga de trabajo.
¿Y la Fiscalía?
El estudio de México Evalúa, explica que “Las fiscalías o procuradurías locales se encargan de la persecución penal”. En términos generales, se puede considerar que tienen en sus manos la inercia del proceso, pues son las encargadas de realizar las investigaciones penales y tomar las determinaciones tempranas para la despresurización del SJP.
El número de investigaciones iniciadas sin detenidos sigue predominando sobre las que inician con detenido. En 12 entidades federativas las investigaciones iniciadas sin detenido representan más del 90%, en 8 el porcentaje es mayor al 50% y solo en un estado está por debajo.
En el caso de San Luis Potosí, más del 90 por ciento de las investigaciones se inician sin detenidos.
La Fiscalía General del Estado, también destaca por ser una de las que menos casos resuelve en el Ministerio Público, ya sea porque “hayan sido judicializadas, mandadas a archivo temporal, aplicado un criterio de oportunidad o por el no ejercicio de la acción penal, entre otros”.
Los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen un porcentaje de resolución de casos de 39.4 por ciento, con lo que se ubican en el octavo lugar nacional de los que menos casos resuelven, sólo por debajo de Hidalgo (38.9%), Tamaulipas (38.5%), Quintana Roo (22.1%), Veracruz (19.4%), Puebla (16.1%) y Sonora, cuyos agentes del MP solo resuelven el 5.8%, de las investigaciones que inician.
En este sentido, el estudio explica que “el desahogo del trabajo al interior de las procuradurías o fiscalías e indica la eficacia de estas instituciones para realizar las investigaciones y continuar con las secuelas procesales”. En sentido contrario, tenemos que, a mayor número de investigaciones iniciadas sin haberse concluido, mayor es el rezago y más lenta la operación de los órganos de procuración.
Sobre los procesos en San Luis Potosí
En entrevista el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, dijo sobre los procedimientos en materia de lo familiar que: “no corresponde completamente al Poder Judicial, pero sería bueno encontrar que no sean tan largos los procedimientos. Un procedimiento ordinario es larguísimo y eso no está en los jueces, está en el procedimiento mismo”.
En los hallazgos 2018 del estudio Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, se reveló que en el estado de San Luis Potosí el índice de confianza en los procesos de justicia penal se encuentra en – 5 por ciento.
Otro problema expuesto en ellos hallazgos 2018 es la congestión en la sede ministerial, que refiere a los casos que continúan en trámite y la baja resolución de los mismos. Para la entidad potosina el promedio de congestión en sede ministerial es del 54.1 por ciento, cifra que supera la media nacional de 40 por ciento.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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