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Pensionados y sindicalizados toman edificios en el centro de SLP
Los inconformes tomaron la Dirección de Pensiones y el Registro Civil; acusan falta de pagos a pensionados y despido de personal para contratar a “recomendados” de funcionarios
Por: Redacción
Esta mañana, trabajadores pensionados y jubilados del estado tomaron las instalaciones de la Dirección de Pensiones para exigir que les sea entregado un retroactivo, luego del que la Secretaría de Finanzas aprobara un aumento salarial a policías y personal de seguridad en general.
Los manifestantes se instalaron en la Dirección de Pensiones ubicada en el Centro Histórico y señalaron que el motivo para esta manifestación era que el retroactivo del aumento salarial no se había otorgado a personal de seguridad inactivo, pese a ser autorizado por el Congreso del Estado.
“Se le pagó a los activos, pero a los pensionados a la fecha no (…) somos parte de una asociación que tomamos estas acciones para dignificar a los pensionados y jubilados del estado”, mencionó uno de los inconformes, quien se identificó como presidente de la asociación de pensionados y jubilados del estado de San Luis Potosí.
Acusó que al incrementarse los salarios del personal en activo, la ley dice que debe hacerse en la misma proporción a personal jubilado 
Finalmente, dijo deslindarse de las acciones por parte del sindicato mayoritario, “la señora (Bernardina Lara) no debe utilizarnos como moneda de cambio, a nosotros no nos representa ella”.
SUTSGE también tomó oficinas del Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad
Al mismo tiempo, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) tomaron las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil, oficinas ubicadas sobre avenida Reforma.
De acuerdo con los quejosos, el motivo de la toma de instalaciones es por despidos de personal para, presuntamente, contratar a “recomendados” de los funcionarios.
Debido a esta manifestación, los ciudadanos no pudieron realizar trámites que tenían pendientes.
Mientras tanto, los inconformes dijeron que no abandonarían las instalaciones hasta que fueran atendidos por las autoridades.
Diputados exigen investigar a Pineda… pero no denuncian formalmente: Garza
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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