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Mario Lárraga le quitaba 14 mil pesos de su sueldo a exasesora: CO
La exasesora de Mario Lárraga debía percibir 25 mil pesos mensuales, pero solo podía disponer de 10 mil 600, pues el resto lo tenía que devolver al congresista
Por: Redacción
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer que la exasesora del diputado Mario Lárraga denunció que le quitaban la mitad de su sueldo, pues de los 25 mil pesos que se le depositaban del Congreso del Estado en su tarjeta de nómina Banorte, solo se le daban 10 mil 600 pesos.
Señaló que “existen manejos muy extraños y turbios en la forma de pagarle a la gente de parte del diputado y quién maneja los sobres con dinero es una persona de nombre Carlos Pacheco Cacheux, que es el brazo derecho del señor Mario (Lárraga)”, señaló
Además, relató la forma en la que sufrió un acoso laboral constante hasta que se cansó de que le quitaran la mitad del sueldo y, dijo, cuando quiso reclamar lo justo fue despedida:
“Carlos Pacheco nos obligaba a darle la mitad de nuestro sueldo y luego él le entrega parte de ese dinero al Diputado Larraga. Yo me enteré de varias personas que estaban dadas de alta como asesores en el Congreso con un sueldo de 25 mil pero que realmente no trabajaban como Maric ela Barba Parra y Alexis Fernando González Aguilar 
Detalló que utilizan a Mónica Ivette Dávila Martínez para triangular el dinero, pues a ella la tienen dada de alta en la nómina como asesora del diputado con un sueldo de 45 mil pesos aunque realmente no trabaja, sino que es una persona muy cercana que utiliza Carlos Pacheco Cacheux.
Por otra parte, dijo que el chofer Gabriel González Cedillo está casado con una sobrina del diputado y está dado de alta como asesor con un sueldo de 25 mil pesos.
“Yo tenía una tarjeta de nómina Banorte donde el Congreso me depositaban 25 mil pero solamente debería disponer 10 mil 600 pesos y lo demás yo la entregaba en efectivo a Carlos Pacheco y lo ponía en un sobre amarillo. A mediados de junio cuando me despidieron me hicieron firmar un documento”, explicó.
Cabe recordar que el congresista ha sido señalado de cometer acoso sexual, contra una exempleada de nombre Elizabeth y a la diputada Paola Arreola, con quien presuntamente intentó sobrepasarse en una sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Corporalidad, oposición y resistencia | Columna de Paul Ibarra
Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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