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“Marcelo de los Santos no termina de robar”: Ricardo Gallardo
El gobernador se refirió a la investigación de Código Magenta en la que se reveló que una empresa fantasma vinculada al ex gobernador potosino recibió 161 millones del gobierno de Samuel García
Por: Karina González
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, acusó a Marcelo de los Santos Fraga, ex mandatario estatal, de cometer desfalco millonarios durante su gobierno y señaló que luego de su salida, ha seguido cometiendo irregularidades mediante empresas vinculadas a su familia, como lo expuso recientemente una investigación del portal Código Magenta en la que reveló la existencia de una “Mafia del Agua” en Nuevo León, que se trata de empresas fantasma que recibieron millones de pesos en contratos para prestar el servicio de pipas de parte de los gobierno de Samuel García y Jaime Rodríguez Calderón, la compañía más beneficiada, con un contrato de más de 161 millones de pesos, fue grupo Saserro, de la que Santiago Rosillo, esposo de la nieta de De los Santos, es apoderado legal: “no termina de robar”, exclamó el mandatario sobre el comportamiento del ex titular del poder ejecutivo.
Gallardo Cardona expuso que acaba de dar solución a un importante tema que también dejó “esta herencia maldita que gobernó San Luis en de 2006 a 2012”, pues en el penal de Ciudad Valles se concesión a una empresa que cobró más de 500 millones de pesos por la construcción del edificio; siendo que en su momento, el precio de la construcción significó solo 150 millones pesos: “imagínense, en una sola obra se llevó más de 300 millones, de aquellos tiempos cuando v alía más el dinero. Es una locura”, externó.
El gobernador explicó que esa deuda ya llegó a su fin y se acordó liquidarla con 80 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 40 y el resto se entregarán el próximo mes; de lo contrario, sin este acuerdo, el gobierno de Ricardo Gallardo habría tenido que seguir pagando la deuda hasta el fin de su sexenio y todavía el próximo gobernante, tendría que asumir durante tres años más este pago.
“Queda saldada una deuda más del ex gobernador y ahorita nos botó otra que es el tema de Tanque Tenorio, que también es una herencia maldita de él con las concesiones del agua”, adelantó.
Ricardo Gallardo aseveró que se debe a una concesión de la planta tratadora de agua a una empresa particular que además de la concesión, también era beneficiada con el pago de la nómina de los trabajadores por parte del Gobierno del Estado y la operación de la planta; sin embargo, la planta le cobra a las empresas de la zona industrial por la operación del agua.
“¿En qué país o estado funcionan ese tipo de concesiones que se les paga para que trabajen y sus gastos de operaciones? Hoy vamos a hacer un juicio muy grande porque además activaron la línea de crédito porque no les pagamos y Banorte intentó retener participaciones federales de un 200 millones de pesos para pagarle a la empresa”, dijo el gobernador.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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