El 15 de febrero de 2011 dos agentes estadounidenses fueron atacados por Zetas en territorio potosino, pero ¿qué hacían en México? ¿Cómo se vincula con el secretario de Felipe Calderón?

Por: Bernardo Vera

San Luis Potosí guarda una relación con el juicio contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En el 2011, el operativo “Rápido y Furioso” fue una estrategia pactada entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual se permitió el ingreso de centenares de armas de fuero estadounidense a territorio mexicano, bajo la premisa de que estas pudieran ser rastreadas y condujeran a objetivos criminales. Uno de los capítulos de mayor trascendencia de esa fallida idea ocurrió el 15 de febrero de ese año en territorio potosino, cuando dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) fueron emboscados por un comando armado y derivó en la muerte de Jaime Zapata, agente especial de dicho departamento. Sin embargo, ¿quién fue el responsable de este atentado? ¿Cuál era el motivo de que dos agentes norteamericanos se encontraran en nuestro país?

A continuación hacemos un resumen de los acontecimientos ocurridos, a 12 años del suceso que caló en diferentes esferas de la vida política local, nacional e internacional de aquella época:

RÁPIDO Y FURIOSO

De 2009 a 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés),“donó” armas estadounidenses a carteles mexicanos, en un operativo denominado “Rápido y Furioso”. Esta operación solo tuvo la autorización de Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, y sin requerir el aval del Congreso norteamericano. La intención era entregarlas a grupos criminales mexicanos, rastrearlas y dar con la ubicación de presuntos objetivos criminales.

Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, sostenía una lucha por reducir los índices de violencia y narcotráfico que prevalecían en el país, en la conocida “guerra contra el narco”, bajo la coordinación de Genaro García Luna, por lo que no existió gran oposición ante el plan maquinado desde Estados Unidos.

Las armas ingresaron a México y cayeron en manos de diversos grupos criminales. Sin embargo, en el reciente juicio que se sigue en Nueva York contra García Luna, se reveló que dichas armas fueron dadas al Cártel de Sinaloa, por el vínculo que este grupo criminal mantenía con el ex secretario de Seguridad Pública. Declaración que fue respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR).

MISIÓN IMPOSIBLE

En noviembre del 2010, personal agregado a la embajada de Estados Unidos en México, emitió una solicitud a la oficina en Washington, para que les proporcionaran equipo táctico especial. Dicho equipo serviría para terminar “una misión de alto perfil”. No obstante, el traslado del equipo desde Estados Unidos hasta el Distrito Federal (la actual Ciudad de México) se realizaría por tierra, lo que generó muchas dudas.

La misión era que una primera unidad de agentes cruzara desde las oficinas de Monterrey a Texas para recoger el equipo táctico y entregarlo a una segunda unidad en otro punto medio del territorio mexicano, (San Luis Potosí) para que lo llevaran a la capital del país.

Los encargados de esta segunda unidad serían Víctor Ávila Jr., quien estaba asignado en México; y Jaime Zapata, de 32 años de edad, nativo de Brownsville, Texas, quien se ofreció a participar voluntariamente mientras se encontraba de paso en el país, para cumplir con otra misión de asignación de servicio temporal. Ambos se encontraban en la Ciudad de México.

Ávila y Zapata tenían que llevar 12 paquetes desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, y solo les proporcionaron una camioneta obsoleta -no tenía las llantas adecuadas y los seguros se abrían automáticamente al detener la marcha- y la instrucción precipitada para llevar el equipo lo más rápido posible.

La entrega de este equipo se tuvo que realizar, pese a que en reiteradas ocasiones se informó al ICE sobre los riesgos de atravesar la zona centro de la República Mexicana, debido a la presencia de grupos criminales y los ataques armados que efectuaban. Los reportes presentados sobre este caso detallan que uno de los involucrados declaró lo siguiente:

“Ahora no es un buen momento para hacer esto porque el área de San Luis Potosí, entre Ciudad de México y Monterrey, donde los agentes propusieron encontrarse (para entregar el equipo táctico), estaba ‘muy caliente’“.

Pocos días antes de realizar la entrega de equipo, un involucrado en la misión se había enterado “a través de diversas fuentes” que “ las autoridades mexicanas y el Ejército mexicano mantenían enfrentamientos con miembros del cártel de Los Zetas en las áreas de San Luis Potosí y Zacatecas”.

Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas.

ENEMIGO AL ACECHO

Los agentes de la primera unidad del ICE provenientes de Monterrey, entraron a la ciudad de Matehuala el 15 de febrero de 2011 alrededor de las 10:50 horas, y desayunaron en un restaurante de aquel lugar. Al terminar su desayuno, condujeron hasta el acotamiento conocido como “El Altiplano de Potosí” en el kilómetro 100 de la carretera federal 57, donde finalmente, se encontraron con Zapata y Ávila, quienes llegaron al punto acordado alrededor de las 11:30 horas. En un lapso de diez minutos, se cargaron las cajas de un vehículo a otro, los agentes se despidieron y cada uno siguió su camino por donde llegó. Hasta el momento todo transcurría de acuerdo al plan.

A la altura de la comunidad ‘El Toro’, muy cerca de la cabecera municipal de Santa María del Río, Ávila y Zapata fueron atacados presuntamente por un comando armado perteneciente a ‘Los Zetas’.

Los atacantes fueron José Emanuel García Sota, alias ‘El Zafado’ y Jesús Iván Quezada Piña, alias ‘El Loco’. Ambos emboscaron a los agentes y dispararon hacia el vehículo con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. Una de las versiones señala que los agentes norteamericanos fueron monitoreados en su paso por territorio mexicano desde que arribaron a Matehuala, donde desayunaron. Ahí, presuntamente dos elementos de la entonces policía estatal, dieron a conocer la presencia de la camioneta de los agentes estadounidenses a una célula delictiva, ya que fungían como ‘halcones’ para diversos grupos criminales.

Zapata murió tras recibir diversos impactos de bala en el pecho, mientras que el agente especial Ávila, fue herido de gravedad. Fernando Toranzo Fernández, entonces gobernador de San Luis Potosí, fue el primero en reconocer que el crimen organizado fue responsable del atentado, debido al modus operandi. Además, desde el inicio de su gestión había solicitado la intervención de las fuerzas federales y el Ejército mexicano para el combate al crimen organizado en la entidad potosina.

García Sota y Quezada Piña fueron detenidos, extraditados, y condenados a cadena perpetua el 27 de julio de 2017 en el tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia. De acuerdo con sus declaraciones, tenían como objetivo robar camionetas para reponer las unidades pérdidas en sus constantes enfrentamientos contra las autoridades mexicanas y otros cárteles que codiciaban la plaza, por lo que habían puesto el ojo a la unidad diplomática que llevaba a bordo a los agentes estadounidenses.

Tiempo después se determinó que las armas con las que el agente Zapata había perdido la vida, eran las mismas que el gobierno de los Estados Unidos autorizó que ingresarán a territorio mexicano en el operativo ‘Rápido y Furioso’, avalado por los entonces presidentes de los Estados Unidos y de México, así como de las autoridades de seguridad de ambos países.

En noviembre de 2022, se dio a conocer que los acusados interpelaron la sentencia, y argumentaron que el Código 18 USC 1114 y 924 de la Ley de Protección de oficiales y empleados de los Estados Unidos, no se aplicaban extraterritorialmente. Los jueces determinaron que Los Zetas tenían razón, dado que el 1114 tenía un alcance puramente nacional, con lo que se devolvió el caso para una nueva sentencia limitada y se determinó que en 60 días se fijará la nueva fecha para la sentencia.

La responsabilidad compartida por la muerte de Jaime Zapata, corresponde a las autoridades mexicanas, que permitieron la ejecución de un plan que desató la ola de violencia a un punto sin precedentes, pero también de Estados Unidos, tras ignorar las advertencias de que un traslado de equipo mediante una valija diplomática era más seguro que hacerlo por tierra y exponer la integridad de dos elementos de su respectivo departamento.

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