noviembre 13, 2026

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SLP, el caso García Luna y el asesinato de Jaime Zapata

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El 15 de febrero de 2011 dos agentes estadounidenses fueron atacados por Zetas en territorio potosino, pero ¿qué hacían en México? ¿Cómo se vincula con el secretario de Felipe Calderón?

Por: Bernardo Vera

San Luis Potosí guarda una relación con el juicio contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En el 2011, el operativo “Rápido y Furioso” fue una estrategia pactada entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual se permitió el ingreso de centenares de armas de fuero estadounidense a territorio mexicano, bajo la premisa de que estas pudieran ser rastreadas y condujeran a objetivos criminales. Uno de los capítulos de mayor trascendencia de esa fallida idea ocurrió el 15 de febrero de ese año en territorio potosino, cuando dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) fueron emboscados por un comando armado y derivó en la muerte de Jaime Zapata, agente especial de dicho departamento. Sin embargo, ¿quién fue el responsable de este atentado? ¿Cuál era el motivo de que dos agentes norteamericanos se encontraran en nuestro país?

A continuación hacemos un resumen de los acontecimientos ocurridos, a 12 años del suceso que caló en diferentes esferas de la vida política local, nacional e internacional de aquella época:

 

RÁPIDO Y FURIOSO

De 2009 a 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés),“donó” armas estadounidenses a carteles mexicanos, en un operativo denominado “Rápido y Furioso”. Esta operación solo tuvo la autorización de Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, y sin requerir el aval del Congreso norteamericano. La intención era entregarlas a grupos criminales mexicanos, rastrearlas y dar con la ubicación de presuntos objetivos criminales.

Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, sostenía una lucha por reducir los índices de violencia y narcotráfico que prevalecían en el país, en la conocida “guerra contra el narco”, bajo la coordinación de Genaro García Luna, por lo que no existió gran oposición ante el plan maquinado desde Estados Unidos.

Las armas ingresaron a México y cayeron en manos de diversos grupos criminales. Sin embargo, en el reciente juicio que se sigue en Nueva York contra García Luna, se reveló que dichas armas fueron dadas al Cártel de Sinaloa, por el vínculo que este grupo criminal mantenía con el ex secretario de Seguridad Pública. Declaración que fue respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR).

 

MISIÓN IMPOSIBLE

En noviembre del 2010, personal agregado a la embajada de Estados Unidos en México, emitió una solicitud a la oficina en Washington, para que les proporcionaran equipo táctico especial. Dicho equipo serviría para terminar “una misión de alto perfil”. No obstante, el traslado del equipo desde Estados Unidos hasta el Distrito Federal (la actual Ciudad de México) se realizaría por tierra, lo que generó muchas dudas.

La misión era que una primera unidad de agentes cruzara desde las oficinas de Monterrey a Texas para recoger el equipo táctico y entregarlo a una segunda unidad en otro punto medio del territorio mexicano, (San Luis Potosí) para que lo llevaran a la capital del país.

Los encargados de esta segunda unidad serían Víctor Ávila Jr., quien estaba asignado en México; y Jaime Zapata, de 32 años de edad, nativo de Brownsville, Texas, quien se ofreció a participar voluntariamente mientras se encontraba de paso en el país, para cumplir con otra misión de asignación de servicio temporal. Ambos se encontraban en la Ciudad de México.

Ávila y Zapata tenían que llevar 12 paquetes desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, y solo les proporcionaron una camioneta obsoleta -no tenía las llantas adecuadas y los seguros se abrían automáticamente al detener la marcha- y la instrucción precipitada para llevar el equipo lo más rápido posible.

La entrega de este equipo se tuvo que realizar, pese a que en reiteradas ocasiones se informó al ICE sobre los riesgos de atravesar la zona centro de la República Mexicana, debido a la presencia de grupos criminales y los ataques armados que efectuaban. Los reportes presentados sobre este caso detallan que uno de los involucrados declaró lo siguiente:

“Ahora no es un buen momento para hacer esto porque el área de San Luis Potosí, entre Ciudad de México y Monterrey, donde los agentes propusieron encontrarse (para entregar el equipo táctico), estaba ‘muy caliente’“.

Pocos días antes de realizar la entrega de equipo, un involucrado en la misión se había enterado “a través de diversas fuentes” que “las autoridades mexicanas y el Ejército mexicano mantenían enfrentamientos con miembros del cártel de Los Zetas en las áreas de San Luis Potosí y Zacatecas”.

Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas.

 

ENEMIGO AL ACECHO

Los agentes de la primera unidad del ICE provenientes de Monterrey, entraron a la ciudad de Matehuala el 15 de febrero de 2011 alrededor de las 10:50 horas, y desayunaron en un restaurante de aquel lugar. Al terminar su desayuno, condujeron hasta el acotamiento conocido como “El Altiplano de Potosí” en el kilómetro 100 de la carretera federal 57, donde finalmente, se encontraron con Zapata y Ávila, quienes llegaron al punto acordado alrededor de las 11:30 horas. En un lapso de diez minutos, se cargaron las cajas de un vehículo a otro, los agentes se despidieron y cada uno siguió su camino por donde llegó. Hasta el momento todo transcurría de acuerdo al plan.

A la altura de la comunidad ‘El Toro’, muy cerca de la cabecera municipal de Santa María del Río, Ávila y Zapata fueron atacados presuntamente por un comando armado perteneciente a ‘Los Zetas’.

Los atacantes fueron José Emanuel García Sota, alias ‘El Zafado’ y Jesús Iván Quezada Piña, alias ‘El Loco’. Ambos emboscaron a los agentes y dispararon hacia el vehículo con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. Una de las versiones señala que los agentes norteamericanos fueron monitoreados en su paso por territorio mexicano desde que arribaron a Matehuala, donde desayunaron. Ahí, presuntamente dos elementos de la entonces policía estatal, dieron a conocer la presencia de la camioneta de los agentes estadounidenses a una célula delictiva, ya que fungían como ‘halcones’ para diversos grupos criminales.

Zapata murió tras recibir diversos impactos de bala en el pecho, mientras que el agente especial Ávila, fue herido de gravedad. Fernando Toranzo Fernández, entonces gobernador de San Luis Potosí, fue el primero en reconocer que el crimen organizado fue responsable del atentado, debido al modus operandi. Además, desde el inicio de su gestión había solicitado la intervención de las fuerzas federales y el Ejército mexicano para el combate al crimen organizado en la entidad potosina.

García Sota y Quezada Piña fueron detenidos, extraditados, y condenados a cadena perpetua el 27 de julio de 2017 en el tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia. De acuerdo con sus declaraciones, tenían como objetivo robar camionetas para reponer las unidades pérdidas en sus constantes enfrentamientos contra las autoridades mexicanas y otros cárteles que codiciaban la plaza, por lo que habían puesto el ojo a la unidad diplomática que llevaba a bordo a los agentes estadounidenses.

Tiempo después se determinó que las armas con las que el agente Zapata había perdido la vida, eran las mismas que el gobierno de los Estados Unidos autorizó que ingresarán a territorio mexicano en el operativo ‘Rápido y Furioso’, avalado por los entonces presidentes de los Estados Unidos y de México, así como de las autoridades de seguridad de ambos países.

En noviembre de 2022, se dio a conocer que los acusados interpelaron la sentencia, y argumentaron que el Código 18 USC 1114 y 924 de la Ley de Protección de oficiales y empleados de los Estados Unidos, no se aplicaban extraterritorialmente. Los jueces determinaron que Los Zetas tenían razón, dado que el 1114 tenía un alcance puramente nacional, con lo que se devolvió el caso para una nueva sentencia limitada y se determinó que en 60 días se fijará la nueva fecha para la sentencia.

La responsabilidad compartida por la muerte de Jaime Zapata, corresponde a las autoridades mexicanas, que permitieron la ejecución de un plan que desató la ola de violencia a un punto sin precedentes, pero también de Estados Unidos, tras ignorar las advertencias de que un traslado de equipo mediante una valija diplomática era más seguro que hacerlo por tierra y exponer la integridad de dos elementos de su respectivo departamento.

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#4 Tiempos

Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.

Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.

Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?

La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.

Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.

Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.

En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.

Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.

Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.

¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.

Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?

Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos

.

Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.

Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.

Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.

Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.

Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.

El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.

Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?

A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.

Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

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Ciudad

Galindo ve un ataque coordinado y responde: “Aquí están los documentos”

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El alcalde negó tener contratos con Gerardo Sánchez Zumaya y aseguró que las cuatro obras señaladas se asignaron mediante licitación pública

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos negó tener contratos con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya. Un reportaje de TV Azteca señaló cuatro obras como adjudicadas de forma directa a una empresa ligada a él. Galindo afirmó que se asignaron por licitación pública y que ya están concluidas.

“No tengo ningún contrato con Gerardo Sánchez, no tengo absolutamente ningún contrato”, dijo el alcalde. Sostuvo que no hay “una evidencia documental jurídica” que vincule al empresario con las obras.

El reportaje señaló que esas obras tienen observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Galindo respondió que las cuatro fueron auditadas por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ninguna tiene observaciones.

Según el alcalde, una de ellas pasó además por una auditoría forense, “la auditoría más fuerte que hay a nivel nacional”, y quedó “totalmente libre de observación”.

Galindo dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya hizo la aclaración ante la televisora. A su juicio, el documento en que se basa el reportaje “simplemente alguien lo filtró para allá, no se verificó”. Se comprometió a entregar este mismo viernes a los medios los números de las licitaciones, sus montos y las obras.

“Invítame, pero en el Congreso”

Para Galindo, el reportaje forma parte de un golpeteo. Dijo que llegó “despuesito” de que aclaró las licitaciones del puente Jacobo Payán. Después, según él, vinieron el IFSE, el diputado Luis Fernando Gámez Macías

, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde.

“No me siento perseguido, más bien siento que se alinean y dicen, ahora vas tú, organizan sistemáticamente el ataque del alcalde”, afirmó.

El 10 de noviembre, Serrano lo describió como alguien que “se ha declarado antigallardista”. Galindo lo invitó a debatir: “Lo considero todavía mi amigo (…) Invítame, pero en el Congreso”.

Gámez pidió que se entreguen los contratos. Galindo le respondió que el IFSE ya los tiene y que él mismo puede llevarlos al Pleno. También pidió a las demás bancadas, incluida la del PAN, que lo inviten a hablar de obras, licitaciones y auditorías. “Yo no tengo nada que ocultar”, dijo.

Galindo sostuvo que su respuesta no ha sido de ataque, sino de defensa con documentos: “Aquí está el contrato, aquí está el número, aquí está el monto, aquí está la observación, aquí no hay nada”.

TV Azteca le otorgó al Ayuntamiento el derecho de audiencia. Galindo prevé ejercerlo el lunes o el martes de la próxima semana.

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Chalita propuso eliminar impuesto sobre nómina para subir sueldos

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Pidió que el impuesto sobre la nómina pase a manos de los trabajadores y dijo que “vengan los aumentos que se requieran”

Por: Haniel Valdés

Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que “vengan los aumentos que se requieran” al salario y propuso eliminar el impuesto sobre la nómina para que ese dinero llegue a los trabajadores.

Recordó que la iniciativa privada propuso romper la inercia del salario mínimo en diciembre de 2016, junto con su desindexación y algunas multas. Dijo que después, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los aumentos “necesarísimos”. Sin ellos, afirmó, México estaría “fuera de competencia internacional” en salarios y San Luis Potosí seguiría generando pobreza salarial.

Señaló que los aumentos deben cumplir el deber constitucional de un salario que permita no solo vivir y vestir, sino también el esparcimiento.

Sobre el récord de empleos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, de alrededor de 23 millones, dijo que le parece bien, pero que esas fuentes de empleo están a cargo de “quienes las producimos” y quienes las pagan. Cuestionó dónde está “el impuesto que nos castiga por generar fuentes de empleo”.

Afirmó que, si se quiere que los trabajadores ganen más, el impuesto sobre la nómina “tendría que estar exactamente en el bolsillo de los trabajadores”. Planteó que se elimine para que no quede en manos del gobierno, sino en las de los trabajadores, en su sueldo integrado, y pidió que los legisladores lo escuchen.

Dijo que ese impuesto es “dinámico”: cada inversión anunciada, ya sea de crecimiento o de empresas nuevas, genera empleos que pagan impuesto sobre la nómina. Hizo la invitación a “entrarle a todos, en favor de la gente que trabaja”, para que se traslade a “las personas que le dan vida a la empresa, que son los trabajadores”.

Agregó que la economía “es para quien trabaja” y para quien hace las cosas mejor que los demás, sin límite de horas de trabajo para quienes quieren sacar adelante un emprendimiento.

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Opinión

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