Incorpora el arrendamiento social y elimina el requisito de comprobación familiar para acceder a programas de financiamiento

Por: Roberto Mendoza

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para sustituir los términos de habitabilidad vigentes. Con 356 votos a favor en lo general, el órgano legislativo despachó al Senado de la República la iniciativa presidencial que redefine las capacidades operativas de las instituciones encargadas de administrar los fondos de los trabajadores.

​Las reformas legales otorgan atribuciones explícitas a los entes públicos para comprar reservas territoriales, urbanizar, construir, rehabilitar y arrendar inmuebles. El articulado aprobado transita hacia el estándar internacional de “vivienda adecuada” mediante siete indicadores de infraestructura obligatorios y cambi a la denominación de “familias” a “personas” para garantizar la titularidad individual de los créditos, priorizando la asignación a mujeres jefas de hogar y poblaciones en vulnerabilidad.

Los cambios dotan de soporte legal al plan sexenal del gobierno federal para construir 1.8 millones de viviendas, Las fracciones opositoras votaron en contra al argumentar riesgos operativos sobre los ahorros laborales. Las disposiciones transitorias de la ley establecen que las instituciones ejecutarán estas nuevas acciones de desarrollo inmobiliario con su presupuesto regular, al prohibir expresamente la autorización de partidas extraordinarias o ampliaciones de recursos durante el actual ejercicio fiscal.

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En otro tema, ante preguntas sobre posibles ajustes a pensiones, indicó que la discusión se realizará en comisiones

Por: Roberto Mendoza

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que el Plan B de reforma podría ser aprobado en el Senado sin el artículo 35, al describir el procedimiento legislativo de votación en lo general y en lo particular. Indicó que el proyecto contiene cuatro artículos —35, 115, 116 y 134— y que, tras su aprobación en lo general, los legisladores pueden reservar disposiciones específicas para su discusión individual, entre ellas el artículo 35, que corresponde a la revocación de mandato.

Señaló que, si en la votación en lo particular el artículo 35 no alcanza la mayoría calificada, la presidencia del Senado lo declararía no aprobado y quedaría excluido del proyecto de decreto. En ese caso, solo los artículos que sí obtengan la votación requerida serían enviados a la Cámara de Diputados, sin incluir modificaciones en materia de revocación de mandato. Añadió que los diputados no podrían reincorporarlo, ya que únicamente pueden discutir lo aprobado por la cámara de origen, y precisó que este escenario forma parte de las hipótesis jurídicas previstas en la Constitución.

Al ser consultado sobre este supuesto, respondió: “Yo consideraría que si no viniera el 35 y la hipótesis que describo pudiera cristalizarse, no es sino confirmar la congruencia de la presidenta Claudia Sheimbaum y de que ella tenía la obligación moral y ética de presentar una iniciativa de tal magnitud y de tal profundidad. Yo la dejaría así, nunca la calificaría como derrota, sino un gesto de congruencia y una victoria ética para la presidenta”.

En otro tema, ante preguntas sobre posibles ajustes a pensiones, indicó que la discusión se realizará en comisiones y afirmó: “Más tarde se dará el debate en la comisión de puntos constitucionales… Pero es parte de lo que van a debatir y a discutir los diputados y diputadas en las comisiones… En materia constitucional, lo sabe cualquier jurista, cualquier estudiante de derecho, no aplica la retroactividad”.

Esta ley contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen nueve razones de género y 21 agravantes

Por: Redacciones

En el marco de las acciones por el Día Internacional de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará al Senado de la República, la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio con el objetivo de erradicar este delito y acabar con la impunidad.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces, es muy importante esta Ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta Ley, porque es Ley General”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, entre los cambios sustantivos de esta iniciativa de ley, destacan que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Asimismo, se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo, esta es la ley que se presenta ahora”, destacó.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución; esto facultará al Congreso de la Unión para expedir la Ley y que este delito se clasifica como tipo penal homologado. Se reconocerán nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder. Se establece una pena de 40 a 70 años de prisión; se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa de mil a dos mil UMAS.

Además, se constituyen 21 agravantes, entre ellas: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos, o que sea miembros de los pueblos originarios, afrodescendi entes

, entre otros.

Explicó que se busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso

. Agregó que este delito se investigará y perseguirá de oficio, la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. Adicionalmente, la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad de hijos e hijas, así como la tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Además, se dispone que ante este delito deberá de haber continuidad procesal, se deben contar con unidades o Fiscalía especializadas de conocimiento, investigación y persecución del delito.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, detalló que la Ley General articula todos los derechos de las víctimas y sus familias, como: acceso a la verdad y la justicia; atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas; asistencia jurídica especializada y gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, así como servicios de traducción e interpretación. Además, se mandata que en plataformas digitales no puede haber imágenes de las víctimas.

Sobre las políticas de prevención y atención a la violencia feminicida, señaló que se brinda atención especializada a las mujeres que viven violencia a través de mediciones oportunas, medidas de protección, acceso a espacios de refugio y la plataforma de apoyo del Gobierno de México con los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia para las mujeres, la línea de Mujeres al 079, opción 1.

Mientras que, para los familiares, se creará una Comisión Especial y el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las Mujeres para implementar campañas de concientización e información, creación de grupos de apoyo técnico e impulsar la elaboración de un registro de feminicidios a nivel nacional. Y junto al DIF se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

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