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“Justicia para Karla Pontigo”, el documental narrado desde la perspectiva de una madre
Este largometraje narra los detalles recolectados por las víctimas de este feminicidio
Por: Ana G Silva
Con motivo de la conmemoración del mes de la mujer, la Cineteca Alameda y el Museo Federico Silva proyectaron el documental “Justicia para Karla Pontigo”, en el que Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidio el 28 de octubre de 2012 en San Luis Potosí, narra los episodios más obscuros de su lucha, las omisiones por parte de las autoridades y la impunidad que aún existe en este caso. Olivia Portillo Rangel, cineasta y directora del documental, narró su experiencia al realizar el largometraje, el impacto que ha tenido y el objetivo de este.
Olivia Portillo comentó que comenzó a trabajar en el proyecto de “Justicia para Karla Pontigo” desde el 2019, cuando inició en un laboratorio de género e interculturalidad y derechos humanos que tiene el Colegio de San Luis, bajo la dirección de la doctora Oresta López:
“Me invitó a trabajar con ella para generar material audiovisual acerca de temas de feminismo, pensábamos que podrían funcionar pequeños contenidos audiovisuales para internet, ella mantiene vínculos con familiares de víctimas de feminicidio y entre ellos era el de Esperanza Lucciotto, mamá de Karla Pontigo que tiene muchos años en la exigencia de justicia, 10 años impune el feminicidio”.
Olivia contó que fue iniciativa de la señora Esperanza contar su testimonio de una manera más profunda, es decir, dando detalles, desde su perspectiva de cómo ocurrieron los hechos.
“Pensamos que iba a ser un material pequeño, pero estando con la señora Esperanza su exigencia de justicia es tal que nos quedó un largometraje, nos llevó un tiempo largo la entrevista, y el proyecto se fue centrando en el caso de Karla, comenzamos a filmar a finales de 2019, cerca de su séptimo aniversario luctuoso, y se dio que hubo varios eventos en conmemoración de esta lucha y vino gente de Amnistía Internacional, después tuvimos esta marcha histórica en 2020 el 8 de marzo que fue muy sobresaliente”.
El documental cuenta con una estructura basada en el testimonio de Esperanza y algunas imágenes que se registraron durante protestas de varias colectivas, imágenes que fueron formando los episodios que tiene el largometraje de 60 minutos.
La directora de “Justicia para Karla Pontigo” detalló el documental se estrenó en línea en 2020, esto a causa de la pandemia por el covid-19, aunque ha tenido más de 45 mil visitas en Youtube y recientemente ha sido proyectada varias veces en la Cineteca Alameda y el Museo Federico Silva.
Olivia Portillo dijo que en la película no se tomó en cuenta el testimonio de los presuntos agresores o victimarios, pues no fue pensado como un documental de un mecanismo de justicia, sino que es un proyecto académico para visibilizar el caso y para sensibilizar a la sociedad civil: “Es lo mismo, no hay más datos nuevos, sino que es un testimonio paciente en el que platicó todo a detalle”.
Al cuestionar sobre cómo es trabajar con la madre de Karla Pontigo y el resto de su familia, Olivia reiteró que le sorprende lo fuerte que son; agregó que el hablar por años sobre el feminicidio les ayuda para poder ser más claros al brindar su testimonio.
“Son una familia unida, la señora Esperanza sigue siendo mamá de otros dos hijos, Fernando y Pedro, me encontré con una familia unida en la lucha de búsqueda de justicia. Fernamdo siempre acompaña a su mamá, se mantiene pendiente de la actualización del caso, ellos fueron muy abiertos en el esclarecimiento del caso, nos dejaron entrar hasta la habitación de Karla, fue con calma la entrevista. Son personas que en la medida de lo posible tratan de seguir su vida normal y la señora Esperanza es un ejemplo de lucha para muchas mamás o familiares de víctimas, no se ha conformado a pedir apoyo a autoridades de San Luis Potosí sino nacionales e internacionales”
Olivia Portillo señaló que lo que se logró una vez proyectado el documental fue sensibilizar a la sociedad, donde se muestran todas las implicaciones que no quedan tan claras cuando hay una circunstancia como es el caso de Karla Pontigo:
“Por ejemplo para las mujeres tener más cuidado con las personas que te rodean, saber más de esa gente, las invitaciones laborales que te hacen, el documental pone acentos en eso, cómo parecía que donde no había nada, la llevó a la muerte. Deja ver cómo es más complejo el dejar un feminicidio impune, cómo se escala la violencia hasta el grado de feminicidio; el hecho de ponerle cara, nombre, historia, una familia, hace que nos impacte el caso ‘todas podemos ser Karla o Esperanza’. Aporta a alzar la voz y a que sea una aportación en la memoria histórica en los feminicidios de San Luis Potosí, que no crean que se nos olvidó el nombre de Karla”
La directora del documental comentó que se retomó un caso emblemático como el de Karla Pontigo, que luego de 10 años sigue impune, por la violencia que tuvo y por los actores implicados, donde existen omisiones en diferentes niveles, desde el Hospital Central con la negligencia médica hasta la poca efectividad de las nuevas administraciones en el gobierno estatal que no han tomado con seriedad el caso.
Olivia argumentó que tanto en redes como en las proyecciones en recintos del documental la respuesta de las personas ha sido fuerte, pues es un evidente “grito ahogado” ya que no tiene un final de película: “De acuerdo con los comentarios genera mucha impotencia, enojo, quedan preguntas, todos dicen ‘pero no hay nadie en la cárcel por esto’, hay bastante rabia. Hoy diría que no es miedo lo que hay, sino es la molestia de que no haya ningún responsable, se mencionan culpables pero es algo que no es oficial, las evidencias no las terminan de reunir a pesar de que en su momento las había y las desaparecieron”.
La directora agregó que se debe recordar que el feminicidio de Karla Pontigo no es un caso cerrado y sigue doliendo a la familia y espera que no gane la impunidad, por lo que su motivación para participar en la obra fue que se haga justicia, ya que al abordar el tema se genera empatía para que las autoridades profundicen más.
“Desde mi lado seguiré trabajando desde una perspectiva más activista audiovisual, me parece que las imágenes y sonidos tienen mucho poder. A veces es desesperanzador de que cambien los gobiernos y vienen otros y no avanza mucho el caso, la misma señora Esperanza es un icono, un emblema viviente de seguir en esa lucha, porque Karla dejó de ser solo una chica, porque Karla es todas y si este caso lograra tener una resolución sería muy importante para todo San Luis Potosí”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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