La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación; aún no hay sentencias ni castigos definitivos

Por Redacción

Este 7 de junio se cumplió un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus de San Luis Potosí, donde el colapso de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y lesiones graves a otros ocho asistentes. A doce meses del incidente, el caso continúa abierto: tres personas enfrentan un proceso penal por homicidio y lesiones culposas, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la posibilidad de judicializar a funcionarios públicos por omisiones.

La noche del 7 de junio de 2024, un sobrecupo estimado en más de mil 500 personas —cuando la capacidad permitida era de 200— derivó en el colapso estructural de un barandal, causando que varias personas cayeran desde una altura considerable. El saldo fue: dos jóvenes perdieron la vida, varios resultaron con lesiones graves, y algunos aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Tras el accidente, tres personas encargadas de la operación del lugar —Ulises “N.”, Francisco “N.” y Nancy “N.”— fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de hasta 40 años de prisión para Nancy “N.”, mientras que el proceso penal continúa en la etapa intermedia, luego del cierre de la investigación complementaria a finales de 2024.

Además, la Fiscalía amplió las investigaciones para determinar si servidores públicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Gobierno del Estado incurrieron en alguna responsabilidad. Hasta ahora, cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio han sido sancionados administrativamente con inhabilitaciones de seis a doce meses, aunque familiares de las víctimas han cuestionado la tibieza de estas medidas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reportó un gasto cercano a los 4.8 millones de pesos para atención médica, funeraria, psicológica y legal a las víctimas y sus familias.

Mientras que la Dirección de Comercio de la capital reformó su reglamento que cumple con compromisos como ordenar y dignificar el espacio público, además de brindar certeza jurídica tanto al comercio formal como al informal. 

A lo largo de estos doce meses, familiares de las víctimas han promovido acciones para garantizar justicia completa. Además de exigir sanciones más firmes contra responsables directos y funcionarios omisos, han solicitado reformas para evitar que hechos similares se repitan. Una petición pública en línea recabó firmas solicitando una investigación a fondo y cambios en la supervisión de establecimientos de entretenimiento.

Aunque el proceso penal contra los tres imputados avanza, aún no se ha dictado sentencia. Tampoco se ha determinado si funcionarios públicos serán judicializados. La Fiscalía ha reiterado que la investigación permanece abierta y no se descarta la judicialización de nuevas personas involucradas.

A un año de la tragedia, el caso Rich representa una herida abierta en San Luis Potosí: un recordatorio del costo de la omisión, la impunidad y la negligencia en la vida nocturna. Y también una prueba de que la justicia, cuando llega, lo hace a paso lento.

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