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Julio 2020, el mes más violento en SLP en los últimos 10 años
La opinión pública recuerda a 2010 como el año más violento en la historia de la entidad, pero 2020 podría superar este récord
Por: Redacción
El pasado julio se ubicó como el mes más violento en San Luis Potosí en la última década. Las pugnas entre grupos criminales cobraron el mayor número de víctimas desde que en el país inició la llamada “guerra contra el narco” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón.
En el séptimo mes de este 2020, la FGE abrió 68 carpetas de investigación por homicidio doloso, delito que cobró 78 víctimas. Es de resaltar que de las 78 víctimas, 63 fueron asesinadas con arma de fuego, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las cifras que mes con es publica el SESNSP, no debieran sorprender a nadie, pues día con día, las páginas de nota roja de los diarios dan cuenta de los asesinatos que se cometen en diversos puntos de la entidad, la mayoría de ellos originados en medio de las pugnas de diversos grupos delictivos que buscan establecer su control en territorio potosino.
Históricamente, la mayor cifra de homicidios dolosos en San Luis Potosí de la que se tenía registro, era la de octubre de 2010 con 65 (33 por arma de fuego), ese año se registró un total de 417 asesinatos intencionales (187 por arma de fuego).
De enero a julio de 2020, suman ya 390 víctimas de homicidio, por lo que sin duda alguna, en agosto la cifra de homicidios de 2010 quedará superada.
En lo que respecta a 2019, San Luis Potosí registró 494 víctimas de homicidio, cifra que en dos o tres meses también quedará superada.
La opinión pública recuerda el 2010 como el año más violento en la historia de San Luis Potosí. Las luchas criminales dejaron una estela de sangre y cuerpos expuestos en la vía pública, sin embargo, a partir de la segunda mitad del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, este delito vino a la baja.
Con la llegada de Juan Manuel Carreras López al gobierno, la violencia volvió a resurgir. Año tras año se producen más muertes violentas, y hasta la fecha, no ha habido estrategia alguna de seguridad que ponga fin o por lo menos regule esta sangría. Los esporádicos episodios de paz dependen más de los grupos criminales que en ciertas temporadas pareciera que se sirven un poco menos del homicidio para imponer su dominio.
Así las cosas, el gobierno de Juan Manuel Carreras heredará a su sucesor un estado con niveles de violencia en ascenso en que al menos 6 grupos criminales se disputan el control.
¿Quiénes son los generadores de violencia?
En marzo pasado, en la conferencia mañanera realizada en San Luis Potosí por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán trazó el mapa delictivo de San Luis Potosí, y puso nombre a los generadores de violencia en la entidad:
Seis grupos del crimen organizado operan en el estado de San Luis Potosí. el Cartel del Golfo, Los Zetas, el Cartel del Noreste, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación y Los Talibanes.
Según la información hecha pública por el secretario de Marina, el Cartel del Golfo tiene dominio en 19 municipios de la entidad, en la Zona Altiplano, en la Zona Centro, la Huasteca Norte y parte de la Huasteca Sur. Además tiene presencia en Salinas de Hidalgo, Rioverde y Ciudad del Maíz.
El cartel de Los Zetas tiene dominio en once municipios: en la Zona Media, limítrofes con Tamaulipas, y en la Huasteca Sur. También tien en presencia en Matehuala y Rioverde.
El Cartel del Noreste domina tres municipios: Villa de Arista, Matehuala y la Capital del Estado.
El cartel de Jalisco Nueva Generación tiene dominio en nueve municipios, sobre todo en los que colindan con Guanajuato. Además tiene presencia en Ciudad del Maíz, Ciudad Valles y Tamuín, así como el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El otro cartel con presencia en el estado es el de Los Talibanes, que tiene presencia en Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, y es considerado generador de violencia en San Luis Potosí y Zacatecas. Se presume que esta organización, que tiene su origen en los grupos de Tamaulipas llegó a San Luis Potosí de la mano de Arturo Gutiérrez García, primer secretario de Seguridad de Juan Manuel Carreras.
El general Arturo Gutiérrez pasó un año en la Secretaría de Seguridad Pública, lapso que fue suficiente para que diera al traste con lo poco que se había avanzado en los últimos años en contención de la violencia. Tras su renuncia, en noviembre de 2017, lo relevó el actual secretario Jaime Pineda Arteaga, que en ese entonces era comisionado de la Policía Federal.
Desde que Pineda asumió el mando, la situación no ha hecho sino empeorar. Los grupos criminales tamaulipecos siguen operando en el estado y luchando entre ellos para tratar de quedarse con el control. A esto se suma el arribo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que con un líder menguado por la enfermedad, según informes de inteligencia federales, sigue tratando de ganar terreno en el ámbito nacional.
Del Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación, el Secretario de Marina reconoció su presencia en la Huasteca, principalmente en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
La Secretaría de Marina además considera como áreas en pugna a los municipios de Matehuala, Rioverde, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, San Martín Chalchicuautla y los límites entre San Luis Potosí y Villa de Zaragoza.
Como se ve, se trata de cuatro grupos procedentes de Tamaulipas, uno de Jalisco, y otro más de aparente origen local.
Cuando se habla se inseguridad en San Luis Potosí, las autoridades responsables, desde el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Angel Castillo González, hasta el coordinador de la Guardia Nacional hacen referencia al llamado “efecto cucaracha” como un posible detonador de la violencia, y afirman que las fronteras del estado están blindadas contra la violencia que se genera en las entidades vecinas.
No obstante, es obvio que la violencia ya está en San Luis Potosí, se genera internamente y se sabe muy bien quienes son los que la están generando. En este punto cabría preguntarse: ¿Cuántos años necesitó Guanajuato para convertirse de un estado próspero, con una vigorosa actividad industrial a ser la entidad más violenta del país? Tal parece que San Luis Potosí avanza hacia ese mismo escenario.
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Claudia, la que “se debilita”… ganando. Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la narrativa que se cae como diente de leche flojo:
Siempre he creído que la oposición mexicana antes de ir a dormirse se cuenta una historia como para acurrucarse y soñar con un cuento de hadas al revés.
Sueñan desde los más fachos, hasta los más hipócritas -esos que estiran la mano y con la otra avientan la piedra- (Ya sé que así no va el refrán, pero siempre me doy mis licencias) que la presidenta Claudia Sheinbaum está debilitada, que el barco se hunde, que el país se desmorona y que pronto —cualquier día de estos, ya merito— todo se viene abajo, que entrarán a México todos los GI Joe gringos a exterminar en un parpadeo con los narcotraficantes y el narcotráfico (ajá…).
Deliran humedecidos que en cualquier chasquido, van a secuestrar a AMLO como lo hicieron con Maduro y que la Cuarta Transformación y a la presidenta la van a derrocar con mensajes en “Truth” aplicando la máxima goobeliana de “repite una mentira mil veces” (esa de que nos gobiernan los narcos) para que sea realidad” y aquí hay quien se la cree.
Esa narrativa la repiten los discípulos de su mesías “Lilly Tellez” en columnas, en mesas de análisis, en redes sociales y en cuanta cámara les pongan enfrente. Pero como decimos en el periodismo, hasta los aprendices, que todavía usamos datos: una cosa es el cuento público… y otra la realidad.
Vamos viendo: En estos días, la presidenta fue cuestionada sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que habla de más de 132 mil personas desaparecidas en México.
Sheinbaum respondió con un argumento que hay que leer sin histeria: las cifras del comité extrapolan a 2025 datos de un análisis que cubre el periodo 2009-2016. Es decir, el grueso de esa tragedia corresponde a sexenios anteriores —los mismos que hoy callan cómodamente desde la oposición.
¿Es grave el problema de las desapariciones? Por supuesto que sí. Nadie con dos dedos de frente lo minimizaría. Pero una cosa es exigir justicia y otra es usar un informe con datos extrapolados como ariete político contra un gobierno que, al menos, no niega el problema y opera un censo para dimensionarlo.
Y ya que hablamos de la ONU y su preocupación por los derechos humanos, permítanme la pregunta que nadie se acuerda de hacer en las mesas de análisis: ¿Dónde está esa misma ONU frente a la guerra que Estados Unidos está librando contra Irán, a través de Palestina desde febrero de este año?
¿Dónde estuvo cuando las niñas iraníes fueron asesinadas? —digo— ¿ellas también desaparecieron no? ¿Ellas no cuentan?
¿Dónde están las resoluciones vinculantes, las sanciones, los comités especiales para los miles de civiles que desaparecen —literalmente de la faz de la tierra— bajo los bombardeos del país que, además y casualmente, financia y controla los hilos de los organismos internacionales?
Es decir, mientras la ONU le exige cuentas a México sobre personas desaparecidas, al mismo tiempo tolera la desaparición y extinción inmediata de miles de seres humanos (¿Ya se les olvidó que el lunes en la noche Trump prometió “desaparecer” a Iran?).
Eso no es justicia, ni casualidad, ni es coherente. Eso es una puesta en escena con guión de Fox News y una geopolítica selectiva con narrativa a modo.
Y así, mientras la ONU se pierde en sus laberintos, y en el “dicen que tú y yo estamos locos Lucas”, La presidenta Sheinbaum hoy (miércoles) les recetó otra dosis de realidad estratégica: la consolidación de la soberanía energética.
La presidenta presentó hoy el plan para explotar nuestras propias reservas de gas natural, un recurso que por años hemos importado como si no tuviéramos nada bajo el suelo.
Ese no es solo un tema de hidrocarburos; es un mensaje de independencia. Disminuir la importación de gas es quitarle a los de afuera el interruptor de nuestra luz y nuestra industria. Es, de nuevo, el dato de la infraestructura aplastando el re lato de la dependencia.
Pero la fortaleza no solo es energética, también es social. Ayer, Sheinbaum terminó de trazar la ruta hacia la salud universal . Mientras la oposición sigue añorando un sistema de salud que solo existía en sus comerciales y que aplaudían, el anuncio de esta semana consolida la integración total de los servicios para que el acceso a un médico no dependa de tu código postal o tu patrón. ¿Es un sistema perfecto? No, pero nunca lo ha sido, este gobierno por lo menos, tiene un camino claro.
Es la institucionalización de un derecho que los “debilitadores” de oficio trataron como mercancía durante décadas. ¿Eso es estar debilitada? Se necesita mucha fuerza política para meter en cintura al aparato burocrático de la salud y ponerlo a funcionar para todos, pero no con varita mágica.
Ahora, si me lo permite, hagamos un “Flash Back” a los “reveses a la Reforma Electoral en sus versiones A y B”: Si el Plan A era construir una autopista de seis carriles con distribuidores viales, puentes y señalización inteligente, el Plan B es repintar las rayas del estacionamiento y cambiar los focos de la caseta. Si el Plan A era reconstruir el estadio completo, el Plan B es ponerle lona nueva a la tribuna de sol. Si el Plan A era una cirugía a corazón abierto al sistema electoral, el Plan B es un Mejoral con tecito de manzanilla, pero… el A no pasó y el B… trastocado.
Para lo que nos corresponde a San Luis Potosí, el Plan B prácticamente no mueve ni a una abeja asustada, y es que ningún municipio potosino tiene más de 15 regidores y el presupuesto del Congreso local no supera el 0.7 por ciento del presupuesto estatal. Reforma de austeridad, le llaman, pero lo que toca es tan mínimo que ni se siente (como tu cariño…).
Bueno y llegamos a mi parte favorita, Culto Público, porque aquí la oposición se supera a sí misma. La narrativa opositora sostiene —todos los días, en todos los tonos, en todas las plataformas— que el país se está cayendo a pedazos. Que Sheinbaum no puede. Que la gente está harta. Que todo va de mal en peor. Perfecto. Asumamos por un segundo que tienen razón. Entonces, ¿por qué bloquearon la revocación de mandato que hubiera puesto a Sheinbaum en la boleta del 2027?
Si de verdad creen que la mayoría del país piensa como ellos, la revocación era su oportunidad de oro: someter a la presidenta al veredicto popular y, si el país está tan mal como dicen, obligarla a dimitir. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben —y este es el secreto que no confiesan ni en misa de 9 en el Santuario— que Sheinbaum ganaría.
La propia presidenta lo dijo sin rodeos: “Tuvieron miedo.”
Claudia Sheinbaum, contra todo, no se está debilitando. Se está fortaleciendo con las propias contradicciones de quienes la atacan.
Bloquear la revocación que podría tumbarla, rechazar reformas que beneficiarían a la oposición misma, tiros de tres bandas en los que se usan cifras extrapoladas mientras se ignoran guerras en tiempo real, no es una oposición que esté ganando terreno.
Ah y se me olvidaba el AIFA: Frente a los embates de los Texcocoheridos, el aeropuerto toma vuelo y las cifras lo comprueban. (Chequen ustedes si no me creen)
Hasta la próxima
Yo soy Jorge Saldaña
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El 98% de contratos en ayuntamientos se asignaron por dedazo en 2024:INEGI
En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa
Por: Redacción
Con estos datos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado admite irregularidades recurrentes en los procesos de adjudicación municipal en SLP y señala sobreprecios, expedientes mal integrados y uso excesivo de excepciones legales.
En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa —es decir, sin licitación ni competencia—, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI.
Ante estos datos, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reconoció que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios y motivo frecuente de observaciones.
El auditor explicó que, aunque las leyes permiten excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales suelen omitir estos procedimientos sin integrar adecuadamente los expedientes, lo que deriva en irregularidades administrativas.
Además, señaló que en algunos casos los bienes y servicios sí se entregan, pero a costos superiores, lo que representa un perjuicio para las finanzas públicas. “Al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa”, advirtió.
El IFSE también reconoció haber sido “flexible” con los municipios, priorizando la capacitación de funcionarios sobre la sanción inmediata, aunque admitió que las fallas persisten.
En ese contexto, Lecourtois López planteó la necesidad de reformar y homologar en el estado las leyes de Adquisiciones y Obra Pública —ya modificadas a nivel federal— para cerrar los vacíos que permiten el uso discrecional de la adjudicación directa.
El auditor insistió en endurecer las sanciones contra funcionarios que recurran indebidamente a estos mecanismos, aunque matizó que el estudio del INEGI es únicamente cuantitativo y no detalla las condiciones específicas de cada contrato.
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Desactivan bomba en Soledad: Detecta PC 30 pipas cargadas de gasolina sin control
Protección Civil identificó riesgo inminente de explosión en un encierro sin permisos y procedió a clausurar el sitio; la FGR abrió investigación sobre el origen del combustible
Por: Redacción
Un predio que resguardaba al menos 30 auto tanques cargados con hidrocarburos —sin permisos ni condiciones de seguridad— fue clausurado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tras detectarse un riesgo inminente de explosión que pudo haber provocado una tragedia de gran escala.
El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de la FGR y Protección Civil Estatal de San Luis Potosí, quienes además iniciaron una investigación para determinar si el combustible almacenado es de procedencia legal o está vinculado al mercado ilícito, conocido como huachicol.
El sitio intervenido corresponde a los patios de encierro de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicados sobre la carretera San Luis Potosí–Matehuala. En el lugar se localizaron unidades, en su mayoría con capacidad de hasta 48 mil litros, cargadas con gasolina, diésel y combustóleo.
De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no contaba con permisos básicos como seguro de responsabilidad civil por daño ambiental ni estudios de riesgo de incendio, lo que elevaba significativamente el peligro para la población cercana.
Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil Estatal, advirtió que el manejo inadecuado de este tipo de material representaba un riesgo crítico, por lo que la clausura buscó contener una posible emergencia mayor.
El operativo se generó a partir de reportes ciudadanos y derivó en la suspensión total de actividades del predio, mientras los responsables deberán implementar medidas correctivas.
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