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Julio 2020, el mes más violento en SLP en los últimos 10 años
La opinión pública recuerda a 2010 como el año más violento en la historia de la entidad, pero 2020 podría superar este récord
Por: Redacción
El pasado julio se ubicó como el mes más violento en San Luis Potosí en la última década. Las pugnas entre grupos criminales cobraron el mayor número de víctimas desde que en el país inició la llamada “guerra contra el narco” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón.
En el séptimo mes de este 2020, la FGE abrió 68 carpetas de investigación por homicidio doloso, delito que cobró 78 víctimas. Es de resaltar que de las 78 víctimas, 63 fueron asesinadas con arma de fuego, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las cifras que mes con es publica el SESNSP, no debieran sorprender a nadie, pues día con día, las páginas de nota roja de los diarios dan cuenta de los asesinatos que se cometen en diversos puntos de la entidad, la mayoría de ellos originados en medio de las pugnas de diversos grupos delictivos que buscan establecer su control en territorio potosino.
Históricamente, la mayor cifra de homicidios dolosos en San Luis Potosí de la que se tenía registro, era la de octubre de 2010 con 65 (33 por arma de fuego), ese año se registró un total de 417 asesinatos intencionales (187 por arma de fuego).
De enero a julio de 2020, suman ya 390 víctimas de homicidio, por lo que sin duda alguna, en agosto la cifra de homicidios de 2010 quedará superada.
En lo que respecta a 2019, San Luis Potosí registró 494 víctimas de homicidio, cifra que en dos o tres meses también quedará superada.
La opinión pública recuerda el 2010 como el año más violento en la historia de San Luis Potosí. Las luchas criminales dejaron una estela de sangre y cuerpos expuestos en la vía pública, sin embargo, a partir de la segunda mitad del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, este delito vino a la baja.
Con la llegada de Juan Manuel Carreras López al gobierno, la violencia volvió a resurgir. Año tras año se producen más muertes violentas, y hasta la fecha, no ha habido estrategia alguna de seguridad que ponga fin o por lo menos regule esta sangría. Los esporádicos episodios de paz dependen más de los grupos criminales que en ciertas temporadas pareciera que se sirven un poco menos del homicidio para imponer su dominio.
Así las cosas, el gobierno de Juan Manuel Carreras heredará a su sucesor un estado con niveles de violencia en ascenso en que al menos 6 grupos criminales se disputan el control.
¿Quiénes son los generadores de violencia?
En marzo pasado, en la conferencia mañanera realizada en San Luis Potosí por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán trazó el mapa delictivo de San Luis Potosí, y puso nombre a los generadores de violencia en la entidad:
Seis grupos del crimen organizado operan en el estado de San Luis Potosí. el Cartel del Golfo, Los Zetas, el Cartel del Noreste, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación y Los Talibanes.
Según la información hecha pública por el secretario de Marina, el Cartel del Golfo tiene dominio en 19 municipios de la entidad, en la Zona Altiplano, en la Zona Centro, la Huasteca Norte y parte de la Huasteca Sur. Además tiene presencia en Salinas de Hidalgo, Rioverde y Ciudad del Maíz.
El cartel de Los Zetas tiene dominio en once municipios: en la Zona Media, limítrofes con Tamaulipas, y en la Huasteca Sur. También tien en presencia en Matehuala y Rioverde.
El Cartel del Noreste domina tres municipios: Villa de Arista, Matehuala y la Capital del Estado.
El cartel de Jalisco Nueva Generación tiene dominio en nueve municipios, sobre todo en los que colindan con Guanajuato. Además tiene presencia en Ciudad del Maíz, Ciudad Valles y Tamuín, así como el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El otro cartel con presencia en el estado es el de Los Talibanes, que tiene presencia en Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, y es considerado generador de violencia en San Luis Potosí y Zacatecas. Se presume que esta organización, que tiene su origen en los grupos de Tamaulipas llegó a San Luis Potosí de la mano de Arturo Gutiérrez García, primer secretario de Seguridad de Juan Manuel Carreras.
El general Arturo Gutiérrez pasó un año en la Secretaría de Seguridad Pública, lapso que fue suficiente para que diera al traste con lo poco que se había avanzado en los últimos años en contención de la violencia. Tras su renuncia, en noviembre de 2017, lo relevó el actual secretario Jaime Pineda Arteaga, que en ese entonces era comisionado de la Policía Federal.
Desde que Pineda asumió el mando, la situación no ha hecho sino empeorar. Los grupos criminales tamaulipecos siguen operando en el estado y luchando entre ellos para tratar de quedarse con el control. A esto se suma el arribo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que con un líder menguado por la enfermedad, según informes de inteligencia federales, sigue tratando de ganar terreno en el ámbito nacional.
Del Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación, el Secretario de Marina reconoció su presencia en la Huasteca, principalmente en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
La Secretaría de Marina además considera como áreas en pugna a los municipios de Matehuala, Rioverde, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, San Martín Chalchicuautla y los límites entre San Luis Potosí y Villa de Zaragoza.
Como se ve, se trata de cuatro grupos procedentes de Tamaulipas, uno de Jalisco, y otro más de aparente origen local.
Cuando se habla se inseguridad en San Luis Potosí, las autoridades responsables, desde el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Angel Castillo González, hasta el coordinador de la Guardia Nacional hacen referencia al llamado “efecto cucaracha” como un posible detonador de la violencia, y afirman que las fronteras del estado están blindadas contra la violencia que se genera en las entidades vecinas.
No obstante, es obvio que la violencia ya está en San Luis Potosí, se genera internamente y se sabe muy bien quienes son los que la están generando. En este punto cabría preguntarse: ¿Cuántos años necesitó Guanajuato para convertirse de un estado próspero, con una vigorosa actividad industrial a ser la entidad más violenta del país? Tal parece que San Luis Potosí avanza hacia ese mismo escenario.
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Destacadas
Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre
La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
menos en el periodo comparado.El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %
Congreso del Estado
Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE
La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE
Destacadas
Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa
A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
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