noviembre 19, 2026

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Julio 2020, el mes más violento en SLP en los últimos 10 años

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violencia en SLP

La opinión pública recuerda a 2010 como el año más violento en la historia de la entidad, pero 2020 podría superar este récord

Por: Redacción

El pasado julio se ubicó como el mes más violento en San Luis Potosí en la última década. Las pugnas entre grupos criminales cobraron el mayor número de víctimas desde que en el país inició la llamada “guerra contra el narco” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón.

En el séptimo mes de este 2020, la FGE abrió 68 carpetas de investigación por homicidio doloso, delito que cobró 78 víctimas. Es de resaltar que de las 78 víctimas, 63 fueron asesinadas con arma de fuego, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras que mes con es publica el SESNSP, no debieran sorprender a nadie, pues día con día, las páginas de nota roja de los diarios dan cuenta de los asesinatos que se cometen en diversos puntos de la entidad, la mayoría de ellos originados en medio de las pugnas de diversos grupos delictivos que buscan establecer su control en territorio potosino.

Históricamente, la mayor cifra de homicidios dolosos en San Luis Potosí de la que se tenía registro, era la de octubre de 2010 con 65 (33 por arma de fuego), ese año se registró un total de 417 asesinatos intencionales (187 por arma de fuego).

De enero a julio de 2020, suman ya 390 víctimas de homicidio, por lo que sin duda alguna, en agosto la cifra de homicidios de 2010 quedará superada.

En lo que respecta a 2019, San Luis Potosí registró 494 víctimas de homicidio, cifra que en dos o tres meses también quedará superada.

La opinión pública recuerda el 2010 como el año más violento en la historia de San Luis Potosí. Las luchas criminales dejaron una estela de sangre y cuerpos expuestos en la vía pública, sin embargo, a partir de la segunda mitad del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, este delito vino a la baja.

Con la llegada de Juan Manuel Carreras López al gobierno, la violencia volvió a resurgir. Año tras año se producen más muertes violentas, y hasta la fecha, no ha habido estrategia alguna de seguridad que ponga fin o por lo menos regule esta sangría. Los esporádicos episodios de paz dependen más de los grupos criminales que en ciertas temporadas pareciera que se sirven un poco menos del homicidio para imponer su dominio.

Así las cosas, el gobierno de Juan Manuel Carreras heredará a su sucesor un estado con niveles de violencia en ascenso en que al menos 6 grupos criminales se disputan el control.

¿Quiénes son los generadores de violencia?

En marzo pasado, en la conferencia mañanera realizada en San Luis Potosí por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de  Marina, José Rafael Ojeda Durán trazó el mapa delictivo de San Luis Potosí, y puso nombre a los generadores de violencia en la entidad:

Seis grupos del crimen organizado operan en el estado de San Luis Potosí. el Cartel del Golfo, Los Zetas, el Cartel del Noreste, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación y Los Talibanes.

Según la información hecha pública por el secretario de Marina, el Cartel del Golfo tiene dominio en 19 municipios de la entidad, en la Zona Altiplano, en la Zona Centro, la Huasteca Norte y parte de la Huasteca Sur. Además tiene presencia en Salinas de Hidalgo, Rioverde y Ciudad del Maíz.

El cartel de Los Zetas tiene dominio en once municipios: en la Zona Media, limítrofes con Tamaulipas, y en la Huasteca Sur. También tien en presencia en Matehuala y Rioverde.

El Cartel del Noreste domina tres municipios: Villa de Arista, Matehuala y la Capital del Estado.

El cartel de Jalisco Nueva Generación tiene dominio en nueve municipios, sobre todo en los que colindan con Guanajuato. Además tiene presencia en Ciudad del Maíz, Ciudad Valles y Tamuín, así como el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El otro cartel con presencia en el estado es el de Los Talibanes, que tiene presencia en Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, y es considerado generador de violencia en San Luis Potosí y Zacatecas. Se presume que esta organización, que tiene su origen en los grupos de Tamaulipas llegó a San Luis Potosí de la mano de Arturo Gutiérrez García, primer secretario de Seguridad de Juan Manuel Carreras.

El general Arturo Gutiérrez pasó un año en la Secretaría de Seguridad Pública, lapso que fue suficiente para que diera al traste con lo poco que se había avanzado en los últimos años en contención de la violencia. Tras su renuncia, en noviembre de 2017, lo relevó el actual secretario Jaime Pineda Arteaga, que en ese entonces era comisionado de la Policía Federal.

Desde que Pineda asumió el mando, la situación no ha hecho sino empeorar. Los grupos criminales tamaulipecos siguen operando en el estado y luchando entre ellos para tratar de quedarse con el control. A esto se suma el arribo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que con un líder menguado por la enfermedad, según informes de inteligencia federales, sigue tratando de ganar terreno en el ámbito nacional.

Del Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación, el Secretario de Marina reconoció su presencia en la Huasteca, principalmente en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.

La Secretaría de Marina además considera como áreas en pugna a los municipios de Matehuala, Rioverde, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, San Martín Chalchicuautla y los límites entre San Luis Potosí y Villa de Zaragoza.

Como se ve, se trata de cuatro grupos procedentes de Tamaulipas, uno de Jalisco, y otro más de aparente origen local.

Cuando se habla se inseguridad en San Luis Potosí, las autoridades responsables, desde el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Angel Castillo González, hasta el coordinador de la Guardia Nacional hacen referencia al llamado “efecto cucaracha” como un posible detonador de la violencia, y afirman que las fronteras del estado están blindadas contra la violencia que se genera en las entidades vecinas.

No obstante, es obvio que la violencia ya está en San Luis Potosí, se genera internamente y se sabe muy bien quienes son los que la están generando. En este punto cabría preguntarse: ¿Cuántos años necesitó Guanajuato para convertirse de un estado próspero, con una vigorosa actividad industrial a ser la entidad más violenta del país? Tal parece que San Luis Potosí avanza hacia ese mismo escenario.

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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