mayo 3, 2024

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Guardia Nacional: ¿solución o escape para los gobiernos locales?

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Guardia Nacional

En San Luis Potosí aún no hay fecha para que comience a operar la Guardia Nacional, que incumplió el compromiso de implementar un mando civil

Por: El Saxofón

A contrapelo de sus partidos, la mayoría de los gobernadores de los estados del país, aceptaron sin chistar la creación de la Guardia Nacional, propuesta por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tampoco dijeron nada cuando se incumplió el compromiso de dotar a la nueva corporación de un mando civil, y se impuso a un militar en retiro.

Ningún gobernador hasta ahora, ha hecho eco de las advertencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil que señalan el riesgo para los derechos humanos que implica esta nueva forma de militarización.

Los mandatarios se han replegado, y han asumido tácita o expresamente la debilidad e incapacidad de sus cuerpos policiacos para controlar la violencia y la criminalidad.

Para los gobiernos estatales, que el Gobierno Federal vuelva a asumir en sus manos la agenda de seguridad les quita un peso de encima.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal buscó delegar responsabilidades en materia de seguridad a los gobernadores. Fueron numerosos los “respetuosos” llamados desde la Secretaría de Gobernación a los gobiernos locales, a que hicieran su parte en el trabajo.

A la luz de las cifras y de los hechos, falló el gobierno federal, pero también fallaron los gobiernos locales, y eso se sabe en cada estado. La inseguridad creció más que en el sexenio anterior. Las entidades que recibieron apoyo, algunas mejoraron, otras siguen igual. Pero mientras se apoyaba a unas, en otras la delincuencia iba creciendo hasta llegar a casos graves como el de Guanajuato.

Otras entidades, como Tamaulipas, siguen estando igual que en años anteriores. Tal parece que allí no pasa sino lo que la delincuencia quiere que pase.

El 18 de abril de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo el enésimo llamado a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad municipales y estatales, y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Osorio Chong, lamentó que los intereses electorales y partidistas frenaran la depuración de las corporaciones policiales y manifestó su rechazo a un eventual mando mixto, que por entonces se discutía en el Congreso de la Unión.

Este fue uno de los últimos llamados a los gobiernos estatales a hacer su parte en el tema de la inseguridad, pero antes hubo varios.

El 21 de diciembre de 2016 Osorio Chong, urgió a los estados y municipios a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, así como a potenciar sus capacidades operativas para hacer frente a la inseguridad.

En esa ocasión, durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtió que la función que desempeñaban las fuerzas federales debía ser complementaria y concurrente a la labor que realizan las autoridades locales.

“Es indispensable fortalecer las capacidades del Estado, particularmente las locales, en donde la debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo”, manifestó.

En presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores, Osorio Chong destacó que la Federación había otorgado recursos, brindado capacitación y asistencia técnica, y compartido tecnología e información con entidades y municipios.

El 2 de febrero de 2017, el titular de la Segob, encabezó junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la reunión de seguridad en esa entidad, donde aseveró que era fundamental fortalecer las instituciones de seguridad local para combatir con mayor eficacia la delincuencia.

El 5 de mayo de ese mismo año, justificó que el incremento de inseguridad en el país era debido a la debilidad de instituciones policiales en estados y municipios. Además se refirió a la desarticulación de bandas del crimen organizado que se quedaron sin sus líderes y la falta de legislación en materia de seguridad, como otros factores importantes.

Por esa misma época, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Radio Fórmula, Osorio Chong subrayó que ante la falta de un marco legal adecuado para atender el tema de la inseguridad en el país, la Federación tiene que actuar. Sin embargo, añadió, el problema era que estados y municipios no habían cumplido con el fortalecimiento de sus instituciones de policía, y advirtió que  se les condicionaría el apoyo.

“Si nos piden (estados y municipios) renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, sí lo vamos a firmar a partir del compromiso de formación de instituciones. Si no hay compromiso, no firmamos. No es un acto de irresponsabilidad, sino al contrario”, dijo.

En suma, la segunda mitad del sexenio pasado se fue en repartir culpas: cuando se recrudecía la violencia en alguna entidad, el gobierno estatal en turno tenía dos opciones: o pedía ayuda, o acusaba el abandono del gobierno federal.

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El gobierno de López Obrador, que apenas arranca, se ha mostrado consciente de lo mal que siguen estando las corporaciones locales. En este sentido, el Gobierno Federal ha retomado en sus manos la responsabilidad de recuperar la seguridad en las entidades federativas; igual que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, o en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto; lo que presuntamente difiere, son las formas y la estrategia.

Hubo algunos cambios, se quitó a la Secretaría de Gobernación su responsabilidad en este tema y se creó la Secretaría de Seguridad.

Hasta hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad, al mando de Alfonso Durazo Montaño, tenía identificadas a 21 regiones del país que requerían atención urgente; sin embargo, el pasado 13 de marzo, se dio a conocer que dichas regiones habían aumentado a 45, y que incluso podrían aumentar a 70.

Sin embargo, por ahora, la Guardia Nacional recién creada y al mando del General Luis Rodríguez Bucio, actuará en 21 regiones, mientras que para las 24 restantes, entre las que se incluye San Luis Potosí, aún no hay fecha para que inicien las operaciones de la nueva corporación federal.

Se trata de 24 ciudades en 16 estados del país, entre las que destacan: Cuernavaca, Morelia, Uruapan, Puerto Lázaro Cárdenas, Oaxaca capital, Hermosillo, Ciudad Nezahualcóyotl, Querétaro capital, San Luis Potosí capital, La Paz, Fresnillo, Tlaxcala capital, Puebla capital y Villahermosa.

Alfonso Durazo reconoció que hay 50 regiones que necesitan atención urgente, sin embargo, también dijo que no hay personal suficiente para cubrirlas, por lo que hay que esperar.

Como se puede ver, en el discurso es notorio que el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de la seguridad en dichas regiones. Si bien se sigue haciendo alusión a la coordinación que debe haber con las autoridades locales, esta no se nota en los hechos.

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A más de diez años del inicio de la guerra contra el narco, el Estado luce cansado, descompuesto. Años de “combate”, miles de millones de pesos destinados a la seguridad en estados y municipios, hasta hoy, no se traducen en un solo saldo favorable. Nuevo León por ejemplo, que vivió una época de terror y logró controlar el problema durante unos años, hoy vuelve a vivir tiempos violentos.

Nuevo León vive una ola de violencia, principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey que comprende Cadereyta, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. Robo y homicidio son los principales delitos.

El caso de Nuevo León, o el aumento sostenido de la incidencia delictiva en San Luis Potosí en los últimos años, prueban que la criminalidad está sin control y que, por más estrategia que apliquen los gobiernos, la violencia siempre está a un tris de estallar.

La nueva manera de enfrentar la delincuencia apenas empieza a cobrar forma, por ahora el gobierno federal ha podido ponerse de acuerdo con la mayoría de los gobernadores, habrá que ver qué pasa cuando la estrategia se aplique de lleno y empiece a generar resultados, sean estos cuales fueren, positivos o negativos.

Sin duda alguna, en los últimos 12 años, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, y éste ha quedado en manos de los criminales.

Llevamos doce años invirtiendo dinero en las corporaciones locales. Para eso se crearon programas como el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Municipal), el Fortaseg (Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad), el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) y no hay resultados.

En los últimos 3 años, de 2016 al 2018, la criminalidad aumentó en varias regiones del país, y se sigue diciendo que las policías estatales y municipales carecen de equipamiento y formación; incluso muchas autoridades locales consideran que enfrentarse a los grupos de crimen organizado es imposible.

De esta manera recursos y discurso han ido concentrando la responsabilidad de la seguridad pública cada vez más en el nivel federal.

El gobierno de López Obrador ha decidido apoyar su estrategia en el Ejército y la Marina, las únicas corporaciones que mantienen un nivel alto de credibilidad, pese a los atropellos que sus elementos han cometido, algunos de los cuales han sido de conocimiento público.

El cuadro que nos han pintado en los últimos años, le hacen pensar a cualquiera que no hay otra opción. Algunos han planteado qué hacer para evitarlo: fortalecer a las policías estatales y municipales, pero no han planteado el cómo. Llevamos 12 años en eso y no hemos logrado fortalecer nada.

Ante este panorama cualquiera diría que sacar al Ejército de las calles y devolverlo a los cuarteles sería una decisión descabellada, aún aquellos que se oponen a la militarización.

https://laorquesta.mx/2017-ano-mas-robos-violentos-homicidios-violaciones/

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AMLO visitó SLP para supervisar avances de supercarretera Valles-Tamazunchale

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El presidente de México y el gobernador Ricardo Gallardo constataron los avances de este proyecto de 102 km

Por: Redacción

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, supervisaron este viernes los avances de la construcción de la Supercarretera Ciudad Valles-Tamazunchale, que beneficiará directamente a 374 mil habitantes y a miles de turistas que en cada temporada vacacional visitan esta región.

Luego del recorrido, el gobernador agradeció el respaldo del presidente López Obrador para este proyecto de más de 102 kilómetros, que es muestra de la relación con el Gobierno Federal, para continuar transformando la calidad de vida de las familias, al dotar a la región de una vialidad gratuita, que detonará, aún más, el turismo regional, nacional e internacional, al acortar tiempos de traslado y al brindar más seguridad.

El mandatario potosino resaltó el impacto en la conectividad y movilidad, pues la supercarretera de la Huasteca, conecta eficientemente a esta región con los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Veracruz

, posicionando a la entidad como un punto clave en la red de transporte del país, reduciendo el tiempo de traslado a sólo una hora 10 minutos, desde Ciudad Valles a Tamazunchale y viceversa, es decir, la mitad de tiempo que antes.

Actualmente están operativos 69 kilómetros de la supercarretera y se encuentran en proceso de construcción otros 39, lo que generará un impacto positivo en nueve municipios directamente y fortalecerá el turismo y el desarrollo económico. Este proyecto federal, se suma a las múltiples obras de infraestructura que el Gobierno del Estado ha emprendido en la región Huasteca luego de tantos años de abandono de la herencia maldita.
Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o de algún partido político.

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Y usted, ¿ya escuchó la 103.5? Nosotros tampoco

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Una estación de radio pública concesionada a un pequeño municipio de Jalisco debería sonar entre las frecuencias de la entidad potosina, pero no lo ha hecho y no se sabe por qué

Por: Bernardo Vera

El pasado 21 de junio de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó nueve concesiones de radio y ocho de televisión de uso social a una sola asociación civil, para operar en diferentes estados de la República Mexicana.

Estas concesiones fueron entregadas a la asociación “RYTSM A.C.” –con sede en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco– y le permiten la operación en diferentes puntos del país; una de estas señales de radio, de acuerdo a información compartida en medios de comunicación nacionales y por el propio IFT, debería sonar en los aparato radiofónicos de San Luis Potosí… pero no lo ha hecho.

De acuerdo a lo publicado en el suplemento “Extra” de El Sol de México, las 17 concesiones fueron otorgadas a la asociación RYTSM A.C. en un plazo comprendido entre 2022 y 2023; dichos permisos serían para uso de señales de radiodifusión y televisión digital terrestre por un plazo de 15 y hasta 30 años, con la finalidad de divulgar contenidos con propósitos culturales, científicos o educativos y sin fines de lucro.

Sin embargo, para el caso de San Luis Potosí, a casi un año desde que el IFT emitió la resolución P/IFT/210623/289, esta señal (cuyo código sería el XHCSGC-FM y que aparece en el mismo decreto) no ha sonado en ningún aparato radiofónico de la capital potosina y sus alrededores.

En este documento se señala que se cuenta con la capacidad para prestar el servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, y la instalación de una estación de radio clase “A” (estación de mediana potencia), en las coordenadas geográficas de referencia Latitud Norte 22°31’38” y Latitud Oeste 101°01’42”.

Estas coordenadas corresponden a la ranchería “Maravillas”, una comunidad a 1.4 kilómetros al norte de la delegación de Bocas, en la capital potosina.

Además, según sitios web especializados en radio en México, la estación perteneciente a estas concesiones en San Luis Potosí, operaría en la frecuencia de 103.5 megahertz (MHz), con sede en la ranchería Maravillas, pero se mantiene en estatus de próxima operación

Para conocer más acerca de la instalación de una estación de radio, así como de este caso particular, La Orquesta consultó a Juan Manuel Gordoa Moreno, ingeniero en radiocomunicaciones autorizado por el IFT y uno de los expertos en instalación y mantenimiento de estaciones de radio y televisión en San Luis Potosí.

Él nos comentó que previo a la designación de una frecuencia, debe existir “libertad de espectro” en el Sistema Nacional de Radiofrecuencia, que es la capacidad técnica para que opere una radiodifusora, televisora, o cualquier otro medio de comunicación que se valga del uso del espectro radioeléctrico, propiedad del Estado mexicano, y cuyas “liberaciones” son dadas a conocer por el propio IFT cada año.

En este caso, al tratarse de una concesión otorgada con carácter de uso social, la asociación civil debe justificar el objetivo para el uso de esta concesión y su metodología para llevarla a cabo. Una vez validado, el IFT otorga un plazo de 180 días para su instalación, periodo que puede prorrogarse.

“Ya que hiciste todo el proceso de licitación, el IFT te otorga tal frecuencia, con determinada potencia, cobertura y tienes 180 días hábiles para instalarla. Los 180 días están calculados precisamente para eso, y se pueden convertir en más porque te dan la oportunidad de prórrogas. Son tres prórrogas que pueden ser por dificultades en la instalación, en la entrega de equipos, por muchas causas; la última instancia de las sanciones sería el retiro de esta concesión; es decir, si no te pudiste instalar, se procede a volver a licitar, o a que salga a espectro libre”, explicó.

En el caso del 103.5, al tratarse de una estación de uso social, la licitación le autoriza solamente la operación de mil watts en transmisor y tres mil radiados –equivalente a una cobertura de hasta 30 kilómetros–. Suficiente para el objetivo que se busca con las concesiones de esta naturaleza en comunidades pequeñas, rancherías, pueblos indígenas, etcétera.

Por otra parte, al ubicarse en la frecuencia de 103.5 en San Luis Potosí, estaría entre dos estaciones de radio comercial que operan actualmente. Para ello, el ingeniero Gordoa explicó que la estación de uso social a operar próximamente, debe cumplir dos condiciones: uno, que no opere cerca de la mancha urbana;

 y dos, que no sea colocada en un sitio elevado. Ya que, en el primer caso, podría interferir con las frecuencias comerciales existentes. Mientras que en el segundo, de instalarse en un cerro o con una antena de gran altura, pese a contar con poca potencia, su cobertura podría llegar hasta Querétaro, o incluso, la Ciudad de México. Lo cual es una prohibición del IFT.

No puede tener más de 100 metros arriba del promedio de terreno que te indica, es decir, con 40 o 50 metros de altura de una torre vas a cubrir esa restricción y vas a quedar dentro de la cobertura local, porque con los cerros y las interferencias que puede haber, no vas a salir del terreno donde te autorizaron”, detalló. 

Otro de los aspectos a considerar es la entrega de 17 concesiones a una sola asociación del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Una demarcación con menos de 10 mil habitantes, y cuyas concesiones, al ser de uso social, no les permiten lucrar de ningún modo, pero sí tienen derecho a recibir el uno por ciento del presupuesto de Comunicación Social de las dependencias de la Administración Pública Federal.

A casi un año de que se emitiera el decreto P/IFT/070623/239 (que otorga las concesiones a RYTSM), no ha podido escucharse en la entidad potosina, sin que haya una explicación aparente, puesto que existe poca información sobre la asociación, no hay información emitida por el IFT sobre el estatus de esta operación, o de un contacto de esta asociación civil para conocer su desarrollo.

Una de las hipótesis planteadas por el ingeniero Juan Manuel Gordoa sobre el retraso de la instalación en San Luis Potosí, es la capacidad financiera para la instalación de una estación de radio, tanto por la infraestructura, mobiliario y personal. Pero especialmente, la adquisición de equipo técnico, ya que los transmisores y otros elementos, deben cumplir ciertos parámetros impuestos por la Norma Oficial Mexicana dictada por el IFT. Y por ello, su precio en el mercado es mayor.

Ahora bien, si eso es con una sola estación, lo mismo podría ocurrir con las ocho restantes. Y ni hablar de las concesiones de televisión, donde los equipos elevan aún más su costo.

“Los aparatos y los costos de instalación, por muy pequeños que sean, es bastante dinero. Televisión es caro, y radio es menos caro, pero requiere una gran inversión. Porque tienes que comprar equipos que estén dentro de la Norma Oficial Mexicana, que cubran los las características técnicas y no son cualquier equipo. No le puedes poner uno de los que venden en Mercado Libre, o de los que son chinos y me cuestan 50 pesos. No. Tienes que cubrir lo que te está exigiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Las concesiones de radiodifusión y televisión digital terrestre que obtuvo mla asociación RYTSM AC, son para ciudades de Nuevo León, Sonora, Puebla, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Campeche y Ciudad de México.

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Tres candidatos panistas han solicitado seguridad adicional

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El presidente del partido dijo que las peticiones se han hecho ante el Ceepac y al menos una ha sido del municipio de Ébano

Por: Bernardo Vera

Enrique Dahud Uresti, secretario en funciones de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, dio a conocer que hasta el momento hay tres solicitudes de candidatos del instituto político que requirieron protección y seguridad por las autoridades estatales.

Estas solicitudes fueron presentadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con el acompañamiento del partido en el estado. Agregó que estas solicitudes fueron por el entorno que se vive en las respectivas demarcaciones.

Dahud Uresti evitó mencionar nombres o cargos de los involucrados, para no comprometer su integridad. Sin embargo, manifestó que uno de ellos es el relativo al municipio de Ébano, quien dio a conocer el caso de manera pública y por su cuenta.

“Tres de nuestros candidatos, a través del partido, hicimos solicitud ante el Ceepac para que pudieran tener seguridad, por el entorno municipal que están teniendo ellos. Quiero omitir nombres porque no lo han hecho público ellos, pero específicamente, uno de ellos, es del municipio de Ébano”.

Finalmente, sobre la solicitud hecha por Vero Rodríguez, candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México” para formular un debate entre las candidatas al mismo cargo, mencionó que es un ejercicio ciudadano, deberían participar, para que la sociedad conozca sus propuestas. Además, de que el Instituto Nacional Electoral todavía se encuentra a tiempo de realizar este ejercicio.

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