febrero 10, 2026

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Gobierno de SLP eligió a un acusado de abuso sexual para trabajar en Alerta de Género

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Alerta de Género

Por Ana Dora Cabrera

Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), informó que es competencia de la Secretaría de Gobierno del Estado elegir a las asociaciones civiles que colaboran en la implementación de las medidas específicas de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género.

Lo anterior se desprende de la polémica que causó la participación de la organización civil Enfoque de Igualdad en las acciones específicas de la Alerta de Violencia de Género (AVGM) 2018, ya que dicha asociación es dirigida por Ramón “N”, quien enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual a una joven en el año 2012.

Pese a que las autoridades estatales tenían conocimiento de la acusación, la asociación fue contratada para capacitar al personal de la Fiscalía General del Estado (donde se sigue el proceso contra el acusado) y se le otorgó un pago de 528 mil pesos del subsidio federal para la Alerta de Género que ha sido declarada en seis municipios del estado.

Candelaria Ochoa se reunió el día de ayer con el gobernador Juan Manuel Carreras López, Julieta Méndez

, directora del Centro de Justicia para Mujeres; y Ulises Valencia, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del gobierno estatal.

Posteriormente, en atención a medios de comunicación, dijo tajantemente que el gobierno federal no tiene atribuciones en la elección de las asociaciones civiles participantes en la implementación de la Alerta de Género por lo que la responsabilidad de la contratación de Enfoque de Igualdad recae directamente sobre Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, y encargado de operar el mecanismo en San Luis Potosí.

En próximas fechas se dará a conocer si la Conavim otorgará nuevamente recursos federales para la Alerta de Género a San Luis Potosí, pues de acuerdo con Candelaria Ochoa se hicieron observaciones al informe que la Secretaría General del Estado entregó el año pasado.

 

Alerta de Género “no es una varita mágica”: Caco Leal sobre feminicidios

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Hallan sin vida a empresarios de Villa de Reyes en Zacatecas

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Las víctimas estaban desaparecidas desde el 7 de febrero; uno de ellos tenía proyección política en el municipio

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 7 de febrero.

Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, lo que derivó en una coordinación inmediata entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el doble homicidio.

De acuerdo con la información oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambos hombres, la FGESLP activó los protocolos de búsqueda, emitió las fichas correspondientes a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abrió carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por familiares.

Las víctimas fueron vistas por última vez en puntos distintos: Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, en las inmediaciones del rancho “La Carreta”, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva fue reportado por última vez en la entrada al municipio de Jesús María. Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para localizar dos vehículos en los que presuntamente se transportaban: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco.

Pablo Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva era productor agrícola y hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024, quien también aspiraba a contender por la alcaldía del municipio, en ese caso por Morena.

Previo a la confirmación del deceso, familiares y amigos habían convocado a una marcha pacífica para este martes 10 de febrero, con el objetivo de exigir la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de la libertad.

La FGESLP informó que ha robustecido las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

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Tras feminicidios de los últimos días, Fiscalía pide denunciar cualquier tipo de violencia

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María Manuela García señaló que la falta de denuncia sigue siendo un tema muy común, incluso cuando ya hay una detención de por medio

Por: Redacción

Tras los dos feminicidios ocurridos en San Luis Potosí en días recientes, María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia familiar para evitar estos trágicos acontecimientos.

La fiscal señaló que en ninguno de los dos casos existía algún reporte previo por violencia familiar, lo que hace prácticamente imposible la prevención del crimen por parte de las autoridades.

García Cazares indicó que la falta de denuncia sigue siendo un problema muy grande en estas situaciones

, ya que incluso es “muy frecuente” que al hacer una detención, la víctima decida no ejercer acciones, por lo que tienen que dejar en libertad al presunto agresor.

Finalmente, recalcó la invitación a las personas que sufran algún tipo de violencia de acercarse a las autoridades a reportar estos hechos, con el fin de que la FGE pueda actuar a tiempo y evitar que la situación trascienda a mayores.

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Extorsión por préstamos ilegales persiste en la zona metropolitana: SSPC

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Las autoridades aseguran que sin denuncia directa es difícil proceder legalmente

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que el fenómeno de extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” continúa presente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, aunque aseguró que ya se han realizado detenciones y acciones de seguimiento para contener este delito.

Cuestionado sobre las denuncias relacionadas con presuntos extorsionadores de origen colombiano que operan en la capital potosina, el funcionario explicó que han sido principalmente la Policía Municipal de Soledad y la Guardia Civil Estatal quienes han logrado detener a personas vinculadas con este esquema de préstamos ilegales.

Juárez Hernández reconoció que se trata de un fenómeno complejo, ya que este tipo de extorsión se origina a partir de préstamos informales, lo que dificulta la acreditación del delito ante la Fiscalía General del Estado y la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia.

“Es algo complicado porque se necesita la denuncia de la persona afectada. Al derivar de un préstamo, jurídicamente se complica demostrar el delito; sin embargo, cuando existe señalamiento directo y la víctima está dispuesta a denunciar, se logra la detención”, explicó.

El titular de la SSPC señaló que el tema ha sido abordado de manera constante en las mesas de seguridad

, donde se mantiene la instrucción de dar seguimiento puntual a este tipo de casos en la zona metropolitana.

En contraste, destacó que en la región Altiplano, particularmente en Matehuala, se ha logrado una reducción significativa de la incidencia delictiva relacionada con extorsión y cobro de piso, tras la detención de integrantes de un grupo criminal que también estaba vinculado con venta de droga, robo al autotransporte y homicidios.

Indicó que estas acciones no corresponden únicamente a operativos recientes, sino a un trabajo sostenido de al menos dos años, lo que ha permitido debilitar de forma considerable a dicha organización criminal.

Finalmente, Juárez Hernández reiteró que, en el caso de la zona metropolitana, el combate a la extorsión requiere no solo de operativos policiacos, sino también de la colaboración de las víctimas mediante la denuncia, para poder proceder legalmente contra quienes incurren en estas prácticas.

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