La impunidad en SLP ha alcanzado su máximo histórico en el sexenio de Juan Manuel Carreras, según la última encuesta Envipe del Inegi

Por Redacción

En San Luis Potosí, la cifra negra de delitos ha ido paulatinamente en aumento, año tras año, desde 2015, cuando comenzó el gobierno de Juan Manuel Carreras López y el encargo como procurador de justicia del estado de Federico Garza Herrera, hoy fiscal general, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

La cifra negra incluye los delitos que no son denunciados, más aquellos en los que la víctima inicia un proceso penal ante la Fiscalía General del Estado, que por su parte, no da comienzo a una carpeta de investigación.

En 2018, la cifra negra alcanzó un total de 94.7 por ciento de los delitos ocurridos en el estado, el punto más alto en la actual administración estatal, según la encuesta del Inegi. Ese porcentaje se debe a que solo 7.3 por ciento de los delitos es denunciado y, de esos, el 73 por ciento alcanza la concreción de una carpeta de investigación, que representa el 5.3 por ciento de todos los crímenes ocurridos en San Luis Potosí el año pasado.

En 2015, el año en que comenzó la administración de Carreras, la cifra negra fue de 93.6 por ciento; al año siguiente, de 92.9 por ciento; en 2017, alcanzó 93.1 por ciento.

2018 fue también el primer año en el que la cifra negra en San Luis Potosí superó el promedio nacional, que en 2015 fue de 93.6 por ciento; en 2016, de 92.9 por ciento; para 2017 llegó a 93.2 por ciento, que se mantuvo en 2018.

En San Luis Potosí, en el 92.7 por ciento de los delitos que no son denunciados, la carencia de ese procedimiento ocurre por causas atribuibles a la autoridad: miedo a extorsión, por considerar que es una pérdida de tiempo, porque creen que el proceso es muy largo y difícil, por desconfianza en la autoridad o por actitudes hostiles de la autoridad, de acuerdo con la Envipe.

El 37 por ciento de los delitos no denunciados, en cambio, lo son porque las víctimas temieron que el agresor tomara represalias, porque consideran que se trató de un delito de poca importancia, porque no tenían pruebas u otros motivos. 

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