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En 2018, el gobierno de Carreras rompió récord de impunidad en SLP
La impunidad en SLP ha alcanzado su máximo histórico en el sexenio de Juan Manuel Carreras, según la última encuesta Envipe del Inegi
Por Redacción
En San Luis Potosí, la cifra negra de delitos ha ido paulatinamente en aumento, año tras año, desde 2015, cuando comenzó el gobierno de Juan Manuel Carreras López y el encargo como procurador de justicia del estado de Federico Garza Herrera, hoy fiscal general, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.
La cifra negra incluye los delitos que no son denunciados, más aquellos en los que la víctima inicia un proceso penal ante la Fiscalía General del Estado, que por su parte, no da comienzo a una carpeta de investigación.
En 2018, la cifra negra alcanzó un total de 94.7 por ciento de los delitos ocurridos en el estado, el punto más alto en la actual administración estatal, según la encuesta del Inegi. Ese porcentaje se debe a que solo 7.3 por ciento de los delitos es denunciado y, de esos, el 73 por ciento alcanza la concreción de una carpeta de investigación, que representa el 5.3 por ciento de todos los crímenes ocurridos en San Luis Potosí el año pasado.
En 2015, el año en que comenzó la administración de Carreras, la cifra negra fue de 93.6 por ciento; al año siguiente, de 92.9 por ciento; en 2017, alcanzó 93.1 por ciento.
2018 fue también el primer año en el que la cifra negra en San Luis Potosí superó el promedio nacional, que en 2015 fue de 93.6 por ciento; en 2016, de 92.9 por ciento; para 2017 llegó a 93.2 por ciento, que se mantuvo en 2018.
En San Luis Potosí, en el 92.7 por ciento de los delitos que no son denunciados, la carencia de ese procedimiento ocurre por causas atribuibles a la autoridad: miedo a extorsión, por considerar que es una pérdida de tiempo, porque creen que el proceso es muy largo y difícil, por desconfianza en la autoridad o por actitudes hostiles de la autoridad, de acuerdo con la Envipe.
El 37 por ciento de los delitos no denunciados, en cambio, lo son porque las víctimas temieron que el agresor tomara represalias, porque consideran que se trató de un delito de poca importancia, porque no tenían pruebas u otros motivos.
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Ayuntamiento de SLP
Capital de SLP, sin otorgar permisos a ambulantes
El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Destacadas
“Legislatura de la Transformación”: diputado destaca logros en Congreso de SLP
Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas , lo que contrasta con el discurso de apertura y cercanía con la población.
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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SEGE llama a denunciar retención ilegal de documentos escolares
Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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