Destacadas
Gallardo propondrá dar rango constitucional a programas sociales
De ser aceptada la reforma de ley, la entrega de ayudas será una obligación en próximos gobiernos
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí anunció que en días próximos será presentada en el Congreso del Estado la iniciativa de reforma de ley para elevar a rango constitucional los programas sociales en San Luis Potosí, con lo que será una obligación del Estado brindar seguridad y justicia social a las familias.
El gobernador dijo que el nuevo gobierno estatal pretende con esta propuesta dar a las y los potosinos más vulnerables el derecho de una vida digna, alimentación y salud de calidad, además de coadyuvar a aligerar el gasto en sus hogares con servicios públicos y trámites sin costo.
“Con esto, se priva que en los próximos gobiernos estatales se condicione la obligatoriedad del Estado de apoyar a los más necesitados, y que se entregué la ayuda sin ideologías partidistas ni fines electorales”, dijo Gallardo Cardona.
El mandatario asentó que las licencias y placas gratuitas, becas alimentarias, becas en efectivo a madres solteras y adultos mayores; tortilla subsidiada, agua potable gratuita, seguros de gastos médicos a mujeres, entre otros programas, deberán ser entregados a las familias más necesitadas de las cuatro zonas de la Entidad, gracias a la iniciativa que se denominará “Nuevo Plan de San Luis”.
“La propuesta está casi lista, y se trata de blindar constitucionalmente todos los programas sociales para que cualquier gobierno, sin importar el color que sea, esté obligado a mantener los programas sociales que se establecieron para apoyar la economía de las familias potosinas”, externó Ricardo Gallardo.
Finalmente, el gobernador dijo que aunque el gobierno del estado impulsa específicos programas sociales, éstos podrían cambiar en lo general; sin embargo, lo que no podrá ser modificado es la entrega gratuita y sostenida a la población que más lo necesita, por ello es que se mantendrán actualizados los padrones de las y los beneficiarios en los 58 municipios.
Ayuntamiento de SLP
Capital de SLP, sin otorgar permisos a ambulantes
El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Destacadas
“Legislatura de la Transformación”: diputado destaca logros en Congreso de SLP
Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas , lo que contrasta con el discurso de apertura y cercanía con la población.
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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Destacadas
SEGE llama a denunciar retención ilegal de documentos escolares
Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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