Álvaro Vizcaíno apuntó existe poca incidencia este delito, sin embargo, acotó que esto se debe a que se de denuncian poco debido a la naturaleza de sus víctimas

Por: Bernardo Vera

El pasado 5 de abril se dio a conocer el presunto secuestro de 23 turistas que provenían del estado de Guanajuato, el cual días después se concluyó que se trataba de un supuesto caso de trata de migrantes en su paso por la entidad potosina para llegar a los Estados Unidos; la investigaciones de este caso derivaron en la liberación de cerca de un centenar de personas que se encontraban privadas de su libertad por parte de delincuentes que habían prometido ayudarles a cruzar de forma ilegal la frontera mexicana. El gobernador Ricardo Gallardo declaró en ese momento que existen redes de tráfico de personas que operan en el territorio potosino, por esa situación tres personas fueron detenidas como presuntas responsables, entre ellas Francisco N., quien en ese momento se desempeñada como director de Seguridad Pública en el gobierno de Matehuala, encabezado por Iván Estrada.

Álvaro Vizcaíno Zamora, doctor en derecho y consultor en temas de seguridad y justicia, refirió que el suceso acontecido en Matehuala podría revelar la existencia de redes de trata y apuntó que, el estado, es un delito que se suele cometerse en comunidades rurales, indígenas o en c ondiciones desfavorecidas

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“En el caso de San Luis Potosí, la migración sin duda es una de las causas que facilitan el delito de trata, particularmente de la Huasteca Potosina en zonas con un alto nivel de marginación”, comentó.

Vizcaíno Zamora definió la trata de personas como el traslado de seres humanos dentro de las fronteras de un país o al exterior de este con fines de explotación sexual, laboral o mendicidad

, esto de acuerdo a la oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito. Mencionó que la atención y erradicación de este delito es una facultad primordial del Gobierno Estatal, bajo el amparo de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y Para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos Para el Estado de San Luis Potosí: “La propia ley refiere la necesaria coordinación con el Gobierno Federal, particularmente cuando se trata de casos en que está tras la delincuencia organizada”.

El especialista enfatizó que el hecho de que se tenga registrada una baja incidencia de casos de delito, no es un indicador de su inexistencia, sino que se debe a que se denuncia poco, pues muchas de las víctimas son personas que buscan llegar de manera ilegal a otro país. Debido a ello, consideró importante reforzar las acciones en los tres niveles de gobierno para atender la problemática en todo el estado.

“Creo que el bajo número de carpetas de investigación que existen en el estado de San Luis Potosí y en general de todo el país refleja que prácticamente no se denuncia. En consecuencia, las acciones de los tres órdenes de gobierno tienen que reforzarse, no han sido del todo suficiente para actuar de manera suficiente para atender el problema de la trata de personas”, concluyó.

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