El consejero Juan Manuel Ramírez recordó que los exámenes ya no serán obligatorios para quienes busquen un cargo público en SLP
Por: Redacción
Aunque los exámenes de control y confianza serán voluntarios para quienes aspiren a un cargo de elección popular en San Luis Potosí, su aplicación podría convertirse en una herramienta de campaña para que las candidaturas busquen generar confianza entre el electorado, consideró Juan Manuel Ramírez García, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
El funcionario explicó que, tras la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, las personas candidatas podrán decidir libremente si se someten a estas evaluaciones, sin que el resultado o la negativa a realizarlas represente un impedimento para competir en las elecciones de 2027.
“Puede convertirse en un elemento adicional de campaña”, señaló Ramírez García, al considerar que algunos partidos o aspirantes podrían utilizar voluntariamente estas pruebas como una forma de demostrar transparencia o fortalecer su imagen ante la ciudadanía.
El consejero indicó que el próximo proceso electoral será el primero en el que exista esta posibilidad, por lo que también servirá para evaluar el interés de las candidaturas en participar en el mecanismo y la respuesta que tenga entre el electorado.
Recordó que, durante la discusión de la reforma, el Congreso decidió eliminar la obligatoriedad de los exámenes de control y confianza al considerar que exigirlos como requisito para registrarse podría vulnerar el derecho constitucional de las personas a ser votadas.
Además de este cambio, la reforma electoral incorporó otras modificaciones relevantes que entrarán en vigor para el proceso electoral local de 2027, el cual iniciará formalmente en noviembre.
Entre ellas destaca la posibilidad de que personas en prisión preventiva, sin sentencia firme, puedan ejercer su derecho al voto; el uso de plataformas digitales para el registro de candidaturas y la realización de diversos trámites ante la autoridad electoral; así como nuevas reglas para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos.
En este último punto, la legislación contempla mayores recursos destinados a actividades relacionadas con juventudes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Ramírez García señaló que será hasta el desarrollo del proceso electoral cuando pueda medirse el impacto real de estas modificaciones y, particularmente, si los exámenes de control y confianza terminan convirtiéndose en un factor que influya en las campañas o en la percepción de los votantes.
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