Estado
“En los primeros 100 días de gobierno se han ahorrado más de 1,000 mdp”: Oficialía Mayor
El titular de la Oficialía Mayor indicó que este recurso será destinado a obras y programas sociales
Por: Redacción
Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, destacó que durante los primeros 100 día de gobierno se ha realizado una reingeniería laboral con la depuración de mil trabajadores a los que se les terminó el contrato, por lo que se ha optimizado el capital humano en las distintas áreas estatales pagando menos sueldos.
El titular de la Oficialía Mayor indicó que los ahorros generados que representan más de mil millones de pesos serán destinados a obras y programas sociales.
Lara Enríquez precisó que estas estrategias incluyen el uso racional de espacios laborales con la disminución de arrendamiento de oficinas y nuevas sedes en las de dependencias, así como el cambio de sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a un inmueble ubicado en la Plaza de El Carmen y otras dependencias que están siendo analizadas para su reubicación.
El titular de la Oficialía Mator del estado enfatizó que las últimas administraciones “se despacharon con la cuchara grande, inflaron la nómina y dejaron mal acostumbrados a los sindicatos”, ahora en estos 100 días se puso en orden el recurso humano, se ha cambiado la forma de trabajar de los servidores públicos para un mejor servicio a los potosinos.
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Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas
Por: Redacción
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.
El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.
“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.
Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.
El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.
Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.
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El principal punto de conflicto es el incremento salarial, ya que trabajadores buscan condiciones similares a las otorgadas en la planta de Silao, donde se autorizó un aumento del 15%
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, afirmó que existe confianza en que se logrará un acuerdo entre trabajadores y empresa para evitar el paro laboral en la planta de General Motors en San Luis Potosí.
Luego de que la semana pasada surgiera la posibilidad de un paro por inconformidades salariales, el funcionario explicó que las negociaciones continúan tras acordarse una prórroga hasta el próximo 16 de abril.
“Lo que menos queremos es que se cristalice el emplazamiento a huelga”, señaló.
Indicó que las mesas de diálogo siguen activas con la participación de autoridades estatales, federales, sindicato y empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Uno de los puntos clave en la negociación es el ajuste salarial, luego de que en la planta de Silao
Sánchez Lara subrayó que el llamado a las empresas es a garantizar condiciones justas, al enfatizar que “no hay trabajadores de primera ni de segunda”, por lo que todos deben recibir un trato digno conforme a la ley.
El funcionario destacó que la estabilidad laboral en la entidad ha sido clave para atraer inversiones, incluso adelantó que hay proyectos importantes en puerta que podrían generar nuevas fuentes de empleo formal.
Finalmente, confió en que el conflicto se resolverá antes de la fecha límite, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones a la economía del estado.
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Estado
Consejo Empresarial Mexicano llama “basura automotriz” a autos chocolate y pide retirarlos de circulación
Jaime Chalita Zarur advirtió que la regularización de estos vehículos rompe el marco legal y genera incertidumbre para las inversiones
Por: Redacción
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, calificó como “basura automotriz” a los llamados autos chocolate y exigió al gobierno federal retirarlos de circulación, al considerar que su regularización afecta gravemente al sector formal y a la competitividad del país.
El líder empresarial advirtió que la legalización de vehículos internados de manera irregular vulnera el estado de derecho y genera incertidumbre para las inversiones, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde la industria automotriz es uno de los principales motores económicos.
“Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se afecta la confianza de quienes invierten y cumplen con la ley”, señaló.
Chalita Zarur sostuvo que muchos de estos vehículos provienen del extranjero como pérdidas totales, por lo que su ingreso al país representa un riesgo para la seguridad vial, además de fomentar la competencia desleal frente a las empresas establecidas.
Asimismo, acusó que la regularización de estos autos propicia un entorno de corrupción e impunidad, al premiar prácticas ilegales y debilitar el cumplimiento de las normas.
“No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo”, afirmó.
El sector empresarial insistió en que permitir la circulación de estos vehículos afecta la cadena de valor de la industria automotriz, desincentiva el consumo de unidades fabricadas en México y pone en riesgo la estabilidad económica regional.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a no extender decretos que permitan la regularización de estos vehículos, y asumir el costo político de aplicar la ley para retirar de circulación unidades que ingresaron de manera ilegal.
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