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El Partido Verde se lanza contra el gobierno de Matehuala
Desde la dirigencia local del instituto político y el Senado han pedido que se investigue al alcalde Iván Estrada por presuntos vínculos con el crimen; el edil responde que se trata de guerra sucia
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, declaró ayer que debe de haber una investigación en contra del gobierno del municipio de Matehuala, encabezado por el alcalde panista Iván Estrada Guzmán, esto en el contexto de la detención de Francisco N., hasta el martes director de Seguridad Pública en dicha ciudad, esto luego de que presuntamente elementos del Ejército y Guardia Civil Estatal encontraron drogas en su oficina.
La lideresa del Partido Verde, al que pertenece el gobernador Ricardo Gallardo, calificó como lamentable la situación, en la que el mando policiaco está en un proceso judicial ante la Fiscalía General del Estado por posibles delitos y vínculos con grupos criminales, que ha trascendido tienen que ver con el caso de las casi 100 personas en situación migrante que fueron localizadas la semana anterior en el municipio.
Iván Estrada Guzmán publicó ayer un video en el que denunció que hay una “guerra sucia” en su contra, aunque omitió referirse a situaciones específicas, y que “dará la cara por los funcionarios que sean inocentes”. En el mismo material el alcalde afirmó:
“Es la guerra sucia de la política. Por ahí hay dos o tres que no son ni de Matehuala y les duele mucho que Matehuala esté creciendo, que haya regresado la gobernabilidad y el respecto, después de tres años de carencia. Por ahí nos están difamando y calumniando”.
El mensaje de Estrada Guzmán contrasta con el comunicado que emitió también el martes por la noche, en el que reconoció la falta de capacidad de su gobierno para combatir a las redes de trata de personas que operan en ese territorio.
Martínez Acosta también señaló que en el año 2003, durante el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga, “el crimen arribó a San Luis Potosí y se apoderó de la tranquilidad de las y los potosinos. En ese mismo tiempo ocurrió un fenómeno al interior del PAN que fue el dominio de Xavier Azuara Zúñiga, eterno servidor público por la vía plurinominal y que fue quien provocó la debacle de ese partido que ahora no sólo se aventura a dar declaraciones temerarias, sino que además defiende lo indefendible como es el alcalde de Matehuala”.
Graciela Gaitán Díaz, senadora por PVEM, pidió al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República investigar hasta el fondo a Iván Estrada por sus presuntos vínculos con traficantes de migrantes en el municipio de Matehuala y se sumó a los señalamientos de que fue el PAN, con Marcelo de los Santos, quien “abrió la puerta a la delincuencia organizada”.
“Extrañamente es en municipios gobernados por el PAN, donde la delincuencia florece, donde traficantes de personas operan a sus anchas y cobran 60 mil pesos por liberar a cada migrante, en Matehuala hay una ingobernabilidad que parece solapar el Comité Directivo Estatal de ese partido en San Luis Potosí”, aseveró.
Finalmente, la senadora del PVEM dijo que la Fiscalía debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias y “evitar que por interés y conveniencia política el PAN de San Luis Potosí les prohíba a los servidores públicos colaborar con el Gobierno del Estado en la prevención y combate a la delincuencia”.
Cabe recordar que, previo al caso de los migrantes secuestrados, había trascendido que Iván Estrada planeaba dejar su afiliación al PAN y sumarse al Partido Verde, esto con miras a buscar su reelección en el 2024.
También lee: “No tenemos la capacidad de combatir la trata de personas”: alcalde de Matehuala
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Ladrilleras, un problema social sin solución integral en SLP
La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.
“El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.
Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.
La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.
En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.
Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.
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Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG
El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.
“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.
Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.
Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.
Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación, resultado del despliegue coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.
Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.
En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.
Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.
Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.
También lee: Protección Civil continúa combate a incendio en Santo Domingo
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Senado avala reducción de la jornada laboral a 40 horas
La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad
, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo al dictamen.En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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