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El Partido Verde se lanza contra el gobierno de Matehuala
Desde la dirigencia local del instituto político y el Senado han pedido que se investigue al alcalde Iván Estrada por presuntos vínculos con el crimen; el edil responde que se trata de guerra sucia
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, declaró ayer que debe de haber una investigación en contra del gobierno del municipio de Matehuala, encabezado por el alcalde panista Iván Estrada Guzmán, esto en el contexto de la detención de Francisco N., hasta el martes director de Seguridad Pública en dicha ciudad, esto luego de que presuntamente elementos del Ejército y Guardia Civil Estatal encontraron drogas en su oficina.
La lideresa del Partido Verde, al que pertenece el gobernador Ricardo Gallardo, calificó como lamentable la situación, en la que el mando policiaco está en un proceso judicial ante la Fiscalía General del Estado por posibles delitos y vínculos con grupos criminales, que ha trascendido tienen que ver con el caso de las casi 100 personas en situación migrante que fueron localizadas la semana anterior en el municipio.
Iván Estrada Guzmán publicó ayer un video en el que denunció que hay una “guerra sucia” en su contra, aunque omitió referirse a situaciones específicas, y que “dará la cara por los funcionarios que sean inocentes”. En el mismo material el alcalde afirmó:
“Es la guerra sucia de la política. Por ahí hay dos o tres que no son ni de Matehuala y les duele mucho que Matehuala esté creciendo, que haya regresado la gobernabilidad y el respecto, después de tres años de carencia. Por ahí nos están difamando y calumniando”.
El mensaje de Estrada Guzmán contrasta con el comunicado que emitió también el martes por la noche, en el que reconoció la falta de capacidad de su gobierno para combatir a las redes de trata de personas que operan en ese territorio.
Martínez Acosta también señaló que en el año 2003, durante el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga, “el crimen arribó a San Luis Potosí y se apoderó de la tranquilidad de las y los potosinos. En ese mismo tiempo ocurrió un fenómeno al interior del PAN que fue el dominio de Xavier Azuara Zúñiga, 
Graciela Gaitán Díaz, senadora por PVEM, pidió al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República investigar hasta el fondo a Iván Estrada por sus presuntos vínculos con traficantes de migrantes en el municipio de Matehuala y se sumó a los señalamientos de que fue el PAN, con Marcelo de los Santos, quien “abrió la puerta a la delincuencia organizada”.
“Extrañamente es en municipios gobernados por el PAN, donde la delincuencia florece, donde traficantes de personas operan a sus anchas y cobran 60 mil pesos por liberar a cada migrante, en Matehuala hay una ingobernabilidad que parece solapar el Comité Directivo Estatal de ese partido en San Luis Potosí”, aseveró.
Finalmente, la senadora del PVEM dijo que la Fiscalía debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias y “evitar que por interés y conveniencia política el PAN de San Luis Potosí les prohíba a los servidores públicos colaborar con el Gobierno del Estado en la prevención y combate a la delincuencia”.
Cabe recordar que, previo al caso de los migrantes secuestrados, había trascendido que Iván Estrada planeaba dejar su afiliación al PAN y sumarse al Partido Verde, esto con miras a buscar su reelección en el 2024.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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