Destacadas
El gobierno de AMLO olvidó a los municipios potosinos que colindan con Zacatecas
El mandatario ha reforzado la seguridad en el estado vecino con 4 mil agentes, pero los ayuntamientos vecinos también son blanco de la delincuencia
Por: Karina González
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 4 mil elementos de seguridad, entre miembros de la Guardia Nacional y soldados, se trasladarán a Zacatecas para combatir la creciente ola de criminalidad en el estado.
Sin embargo, en la iniciativa no se incluyó a San Luis Potosí con quien la entidad comparte la problemática de la localización, en ambos lados de su frontera estatal, de cuerpos de personas ejecutadas. Al respecto, Erick Espino De la Rosa, alcalde del municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, señaló que ya solicitaron al presidente de la República, mediante el gobernador Ricardo Gallardo, la construcción de una base de la Guardia Nacional en dicha alcaldía, justo en los límites con Salinas de Hidalgo, a fin de reducir los índices delictivos que desde 2017 se han incrementado.
El alcalde mencionó que ya se planteó esta propuesta al gobierno federal; sin embargo, no se ha recibido respuesta, únicamente relató que dentro de los requisitos del gobierno federal para instalar una base de la Guardia Nacional es que se cuente con un terreno de tres hectáreas, mismo que el ayuntamiento de Villa de Ramos está en la disposición de donar.
“Podemos donar ese terreno, pero no me han confirmado, de verdad necesitamos el apoyo para combatir a la delincuencia”, afirmó el presidente municipal, además señaló que la coordinación entre Zacatecas y los municipios potosinos afectados por el crimen organizado transestatal (Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo) es nula y se queda únicamente en diálogos con los alcaldes del municipio vecino, sin que se tenga acercamiento hasta ahora con el gobernador de Zacatecas, David Monrreal.
Erick Espino lamentó que en las zonas de González Ortega, Ojos Caliente, Pánfilo Natera, Francoso y Guadalupe, aún se vive un ambiente de intranquilidad entre los habitantes, y lamentó que uno de los principales problemas es que el la población no denuncia los crímenes que se cometen: “es una de las limitantes que tenemos, y eso impide que las autoridades puedan trabajar en el tema de secuestros o robos a casa habitación”, señaló.
Finalmente, el alcalde dijo que una de las propuestas de su gobierno es aumentar el número de policías, pues actualmente la Dirección de la Policía Municipal en la localidad es de solo 26 elementos, de quienes reconoció falta capacitación, así como mejorar los salarios y prestaciones de los oficiales para motivarlos a realizar un trabajo honesto.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Destacadas
Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Destacadas
SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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