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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar
Por: Ana G Silva y Karina González
La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.
En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…
La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.
De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.
Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.
El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.
Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.
El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.
Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.
El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.
Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.
¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?
El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:
“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.
Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.
Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.
El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:
“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.
Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.
Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.
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La justicia le falló a Lupita: su asesino camina libre tras 13 años
Fue liberado sin medidas de alejamiento ni plan de reinserción, pese a las amenazas hacia la familia de la víctima
Por: Redacción
A trece años del feminicidio de Lupita Viramontes, una adolescente de 15 años asesinada en Soledad de Graciano Sánchez, el reclamo por justicia sigue vigente. Su asesino, Guillermo “N”, también menor de edad al momento de los hechos, fue liberado el 10 de octubre de 2024 tras una polémica resolución judicial que redujo su condena de 18 a solo 3 años. De ese periodo, únicamente cumplirá un año, siete meses y siete días en prisión, pese a haber huido de la justicia durante más de una década.
El feminicidio ocurrió el 29 de junio de 2012. Lupita fue secuestrada y asesinada por Guillermo “N”, de entonces 15 años, y Raúl “N”, de 18, identificado como el autor intelectual del crimen. A ellos se sumaron César y Juan Carlos, quienes extorsionaron a la familia de la víctima exigiendo dinero a cambio de supu esta información.
Raúl fue condenado a 37 años de prisión y Guillermo a 18, pero este último permaneció prófugo hasta su captura en febrero de 2024. En marzo, ya en custodia, solicitó la revisión de su sentencia ante el Juzgado Especializado en Adolescentes y Ejecución de Medidas del Sistema Tradicional, el cual aceptó disminuir su condena. Posteriormente, un juzgado le concedió la libertad anticipada a cambio de trabajo comunitario, sin imponer medidas de alejamiento ni exigir un plan de reinserción.
La familia de Lupita, junto con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), apelaron esta resolución. Sin embargo, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la liberación bajo el argumento del efecto retroactivo de una nueva ley.
Ante esto, el 9 de enero de 2025 se promovió un juicio de amparo que aún no ha sido resuelto. Mientras tanto, el feminicida se encuentra en libertad, sin restricciones, y la familia de Lupita continúa expuesta a actos de intimidación y violencia por parte de su agresor y entorno.
A través de un comunicado difundido el día de hoy, los familiares de Lupita exigen:
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Que se tomen en cuenta los 10 años que Guillermo “N” permaneció prófugo y que durante ese periodo intimidó a la familia.
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Que se dicten medidas de protección efectivas para evitar nuevos actos de violencia.
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Que se respete la Alerta de Violencia de Género activa en Soledad de Graciano Sánchez, la cual busca garantizar justicia y seguridad a mujeres y niñas.
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Que el Estado reconozca que decisiones como esta envían un mensaje de permisividad frente al feminicidio.
El caso de Lupita es una herida abierta que expone las grietas del sistema de justicia en San Luis Potosí. A pesar del dolor y las amenazas, su familia continúa firme en su lucha.
“La impunidad persiste, pero no dejaremos de exigir justicia”, concluyen en su comunicado.
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Ayuntamiento de SLP
Adiós a los antros de Himalaya; podrían ser reubicados en agosto
El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que los cuatro centros nocturnos más grandes podrían moverse; “trabajamos con empresarios en una nueva zona”, adelantó
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, anunció que han mantenido cercanía con empresarios de antros ubicados en la avenida Cordillera Himalaya, para trabajar en una propuesta de reubicación de dichos establecimientos.
El alcalde capitalino adelantó que cuatro de los centros nocturnos más grandes de la zona podrían trasladarse a una nueva zona dedicada exclusivamente a bares y antros. Para ello, han entrado en contacto con los empresarios y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital.
“Tenemos seis meses platicando con ellos y posiblemente en agosto sea la fecha en que los cuatro antros más grandes de ahí se muevan de la avenida Himalaya . Estamos también trabajando con ellos una nueva zona donde no molesten a los vecinos, que se vuelva una zona de antros, que la puede haber, y es cuando uno planea a la ciudad”, mencionó.
Galindo Ceballos remarcó que esta decisión podría efectuarse en beneficio de los vecinos de esta zona y con la finalidad de regresar el carácter familiar a esta vialidad. Así mismo, agregó que esta propuesta es una oportunidad de la ciudad para desarrollar un polo de esparcimiento en una zona específica de la ciudad.
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Destacadas
Conductor de transporte público ebrio arrolla a director de Seguridad de capital
El hecho se registró en la glorieta Real Inn, donde Juan Antonio Villa coordinaba el tránsito vehicular tras las lluvias
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que, durante un operativo de control vial por la lluvia registrada la tarde-noche del lunes, el titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue atropellado por un vehículo de transporte público en la glorieta de la salida a Guadalajara, resultando con lesiones no graves.
El incidente ocurrió mientras el Comisario coordinaba el tránsito en la glorieta Real Inn ante la alta carga vehicular. El conductor de la unidad de transporte público hizo caso omiso a las indicaciones y lo impactó de frente
. En la certificación médica se detectó estado de ebriedad en el conductor, por lo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.El Comisario Villa Gutiérrez continúa en recuperación y mantiene seguimiento a temas operativos desde su convalecencia.
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