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El fin del reinado de los Vera en el Congreso de SLP
Tras 18 años, el Legislativo no tendrá a nadie con ese apellido ocupando una curul
Por: Ana G Silva
Hace unos días, la autoridad electoral determinó retirarle la diputación local plurinominal a Óscar Vera Fábregat, dirigente de Conciencia Popular, por un tema de paridad de género.
Con esto, se terminarían 18 años consecutivos de presencia del apellido Vera en el Congreso del Estado.
Óscar Vera aspiraba a ser diputado por quinta vez, gracias a que Conciencia Popular era parte de la coalición “Sí por San Luis”, lo que le permitió tener un trasvase de votos de Aranza Puente (candidata y ganadora del VII Distrito local).
Óscar Vera fue cuatro veces diputado y se alternó en dos ocasiones con su hijo, Jorge Vera.
Vera Fábregat fue diputado de San Luis Potosí por primera vez en el periodo 2003-2006, 2009-2012, 2015-2018 y logró su primera reelección para el periodo 2018-2021, por lo que ha sido legislador por 12 años.
Por su parte, Jorge Vera fue legislador en el periodo 2006-2009, también de 2012 a 2015, es decir que ha ocupado un lugar en el Congreso de San Luis Potosí 6 años.
Dentro de los escándalos en los que se ha visto envuelto Oscar están que en enero de 2019 fue acusado ante la Fiscalía General del Estado, luego de que en una Junta de Coordinación Política (Jucopo), arremetió con violencia física contra el legislador priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi y días después agredió verbalmente a la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, Paola Alejandra Arreola Nieto.
También el 24 de octubre de 2019 la organización Ciudadanos Observando denunció que la Jucopo aprobó la contratación de Luz Aurora Ramos Martínez, la cual ocupó el cargo de secretaria del diputado Óscar Vera Fabregat con un sueldo de 32 mil 550 pesos mensuales bajo el esquema de honorarios asimilables al salario.
Omar Leyva Romero, representante de Conciencia Popular, indicó que se impugnará ante los tribunales electorales la determinación de retirarle su curul a Vera, en lo que consideró: “restituirle el lugar que le corresponde”.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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