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Diputados potosinos quieren dar “atole con el dedo”: Ciudadanos Observando
El vocero de Ciudadanos Observando afirmó que, a pesar de que los diputados conformen un código de ética para contratar asesores, “continuarán con el mismo crimen”
Por: Ana Dora
Hace un par de días, el diputado Mauricio Ramírez Konishi informó que en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se está elaborando un Código de Ética para regular las contrataciones de asesores legislativos, a lo que el vocero de la agrupación Ciudadanos Observando, Guadalupe González, respondió que se trata de una simulación.
“Nos van a dar atole con el dedo, van a quitar a todos los que están ahorita y a meter a una camada diferente con algunas reglas diferentes pero en esencia continuar con el mismo crimen”.
El activista anticorrupción indicó que un código de ética no haría una diferencia significativa: “aquí no se necesitan códigos, se necesita congruencia y parar”, además indicó que el presidente de la Jucopo, el diputado Edson Quintanar, tiene responsabilidad pues tuvo conocimiento de lo sucedido entre la diputada Alejandra Valdés y su asesor, a quien presuntamente le pedía parte de su salario.
“Yo personalmente le informé que había una denuncia de un exasesor de la diputada Alejandra Valdés al que estaban extorsionando. Él tiene una gran responsabilidad como coordinador de bancada de Morena y presidente de la Jucopo”.
Añadió que el legislador cuenta con un asesor que a la vez cobra una remuneración desde la Secretaría del Bienestar: “revisando el portal de la Secretaría del Bienestar aparece registrado como Servidor de la Nación 
El activista de Ciudadanos Observando señaló que es inoperante cualquier acción de la Jucopo: “todo lo que emane de ese clan hay que ponerlo en duda”, sentenció y recalcó que sólo el veinte por ciento de las personas contratadas por el Congreso, laboran como asesores legislativos, los cuales ya están bajo una normatividad.
“Ellos sí tienen título, tienen que tener un plan de trabajo, deben de asistir a trabajar, dar un reporte de actividades”, apuntó, y señaló que la intención de elaborar un código de ética para justificar la contratación de “apoyo administrativo” sin perfil profesional va a terminar en que “van a meter hasta a su comadre que no tiene ni título. En base a eso quieren hacer una reglamentación”.
Por último, el vocero indicó que es necesario se transparenten las contrataciones “reglas claras para contratación, contratos públicos, no puede haber ninguna persona a la que no se le pueda verificar su actividades”.
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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