abril 25, 2024

Conecta con nosotros

#4 Tiempos

Dinero vemos, votos no sabemos | Columna de Víctor Meade C.

Publicado hace

el

SIGAMOS DERECHO.

La gran crisis que simboliza la falta de representación por parte de los partidos políticos hacia la ciudadanía es cada vez más aguda. El desdibujamiento en sus ideologías, la falta de visión, el pragmatismo politiquero y los frecuentes escándalos de corrupción han llevado a una parte importante de la ciudadanía a buscar representación política en plataformas lejanas a los partidos tradicionales.

No son solo los partidos tradicionales los que no han logrado ponerse a la altura, sino que también el rol que cumplen los partidos satélite en la arena política mexicana es sencillamente decepcionante. Partidos como el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo o el Partido Encuentro Social —hoy sin registro— han asumido un rol meramente electorero, a través de coaliciones mal logradas.

Con la pandemia en plena marcha, el gobierno federal optó por tomar una serie de medidas económicas con un impacto bastante alto. Con bandera de austeridad en mano, el presidente López Obrador decretó, primero, la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, y segundo, una reducción del 75% del presupuesto disponible para las partidas de servicios generales, materiales y suministros para toda la administración pública federal hasta el final del año.

Estos esfuerzos por reducir el gasto de la administración pusieron en jaque la operación de los centros públicos de investigación, de secretarías de Estado e incluso de organismos como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Junto a esta problemática viene también el terrible desabasto de medicamentos que ha aquejado a miles de familias mexicanas.

En contraste con todo el escenario anterior, el Instituto Nacional Electoral aprobó el viernes 7 de agosto del presente año un proyecto de financiamiento de más de 7 mil 200 millones de pesos para repartir a los partidos políticos en el 2021. Esto significa un aumento del 37.9% en relación con lo aprobado para este año, que fue de 5.2 mil millones de pesos.

Lo cierto es que el INE no decide cuánto dinero se va a repartir, sino que estas cantidades van de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución. La fracción II de dicho artículo expresa las operaciones matemáticas a seguir para conocer la cantidad que será entregada. La fórmula principal del financiamiento (que atiende solo al concepto de gasto ordinario) es sencilla: el número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal —o sea, todas las personas que tienen una credencial de elector— por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que cambia año con año. A lo que resulte, se le añaden porcentajes de este resultado por concepto de actividades específicas, gastos de campaña para partidos y candidatos independientes (cada que hay elecciones) e incluso un monto multimillonario para servicios postales y telegráficos.

Esto quiere decir que para el próximo año, el INE multiplicó a los casi 93 millones de registrados en el padrón por 56.47 (65% de 86.88, valor de la UMA para el 2020). La cifra alcanzada por esta operación matemática es casi igual al presupuesto total del año anterior, aunque aún hay que agregar más de 210 millones de pesos de servicio postal y telegráfico, 157 millones de gastos para actividades específicas y, por ser año de elecciones, 1.575 mil millones para las campañas de los partidos, frente a unos muy limitados 31 millones para todas las candidaturas independientes.

De pronto, la falta de representación de los partidos políticos y el presupuesto que les es asignado año con año no hacen sentido con la realidad del país. Una promesa mal lograda de austeridad llegó con rapidez a los sectores de la administración pública que más necesitan recursos (ciencia, tecnología, arte, cultura, etc.), pero hay otros en los que parece no llegar. Recordemos que el INE no es quien pone las reglas para repartir el dinero, sino el Poder Legislativo.

Es cierto que ha habido intentos por modificar lo previsto en el artículo 41 constitucional, sin embargo, aún no ha encontrado lugar el consenso ni la voluntad política en este asunto. La fracción parlamentaria de Morena propuso mediante una iniciativa en la Cámara de Diputados una reducción del 50% al financiamiento de los partidos. Aunque el objetivo es loable, el raciocinio detrás de la iniciativa es dudoso. Esto en el sentido de que dicha iniciativa proponía reducir el porcentaje de la UMA, del 65 al 32.5%, ya que, sin un mayor análisis de fondo a la situación, los diputados morenistas apelaron a la emotividad que significarían los titulares de los periódicos diciendo que se recortó a la mitad el financiamiento.

La iniciativa fue votada en diciembre del 2019, y no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación. Las bancadas del Verde y del PT votaron en contra.

En el 2017, el entonces diputado independiente del Congreso local de Jalisco, Pedro Kumamoto, presentó una iniciativa llamada #SinVotosNoHayDinero. En esencia, la iniciativa proponía que el financiamiento estuviera en función de los votos recibidos por cada partido (sin contar los votos nulos y en blanco), y no en la cantidad de posibles votantes, como lo contempla hoy la Constitución. La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados por conducto del entonces diputado independiente Manuel Clouthier, no obstante, la propuesta se fue directo a la congeladora.

Lo que representaría la aprobación de una propuesta de este tipo es sencillo: los partidos tendrían los incentivos suficientes para salir a buscar la mayor cantidad de votos. Bajo este supuesto, los partidos satélite tendrían que replantear su configuración en el espectro político y decidirse a conseguir a los votantes que se identifiquen con sus principios; y no seguir adheridos a las voluntades y bolsillos del partido en el poder.

Mientras no exista voluntad política por reformar la Constitución con una iniciativa viable y racional, la crisis de representación seguirá en función de la incongruencia generada por la incierta realidad y los derroches.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: 4 mexicanos que tardaron 101 años en ganar el bronce | Columna de Roberto Rocha

#4 Tiempos

La primera mujer en la Academia Mexicana de la Lengua | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

Publicado hace

el

EL CRONOPIO

 

Estudiosa de la literatura mexicana María del Carmen Millán Acebedo destacó en el mundo de las letras y en la difusión de escritores y principalmente escritoras mexicanas y latinoamericanas, contribuyendo a su vez en la formación de recursos humanos. Sus libros de antologías de cuentos tuvieron una importante circulación despertando la inquietud de nuevos lectores.

Recién obtuviera su grado de Maestra en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras con la tesis “El paisaje de la poesía mexicana” en 1954, participó en las actividades de la Academia Potosina de Ciencias y Artes dictando conferencias y cursos en el programa Cursos de Invierno que organizaba la Academia en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la década de los cincuenta.

Como consecuencia de esta colaboración fue catedrática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la modalidad de cursos intensivos que se ofrecían en verano y en invierno, dictando cursos correspondientes al área de Letras Clásicas y Letras Españolas. Su colaboración con la UASLP fue fructífera, aunque es poco conocida. Se doctoró en Letras después de que fuera cerrada la Facultad de Humanidades de la UASLP con una tesis que se convierte en referente en el estudio de la literatura mexicana, que llevó como título justo ese “Literatura Mexicana”, y que fuera publicado por el sello Esfinge.

María del Carmen Millán fue la primera mujer en formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua, al ocupar la silla número XII que llegó a ser ocupada anteriormente por Rafael Delgado, José Rubén Romero, Julio Torri y Rafael F. Muñoz, al ser designada como Miembro de Número. Su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua fue el 28 de junio de 1974.

Varios potosinos fueron sus alumnos de letras en su estancia en San Luis Potosí, como el caso de Josefina de Ávila que llegó a ser secretaria académica de la extinta Facultad de Humanidades de la UASLP, en una época donde Carmen Millán ya era una importante académica y que aún estaba en proceso de formación; para entonces había publicado varios ensayos sobre escritores mexicanos como el caso de Agustín Yañez, y participando en revistas como Rueca

, de la que se convirtió en editora. Después de su estancia en San Luis publicaría en 1967 el que se considera uno de los más destacados aportes a la literatura mexicana, el Diccionario de Escritores Mexicanos, el cual coordinó y prologó, y fue profesora visitante en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Colaboró en varias revistas culturales potosinas como la Revista de Humanidades de la UASLP, Cuadrante y Letras Potosinas.

Entre las diferentes actividades que realizó como catedrática en la Facultad de Humanidades de la UASLP, participó en la organización conjunta con el Comité Organizador del Primer Centenario del Natalicio del poeta Manuel José Othón, y en actividades culturales como los ciclos de conferencias de la Facultad de Humanidades. Con las universidades alemanas tendría intensa colaboración dictando conferencias en las Universidades de Berlín, Bonn, Hamburgo, Colonia y Heidelberg.

Mientras se daba el golpe a la Facultad de Humanidades en San Luis con su cierre, desperdiciando trabajos como el de María del Carmen Millán, el gobierno francés le otorgaba el Premio Palmas Académicas en 1962. En 1973, fue titular de la Dirección General de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública, al tiempo que fue nombrada directora general de Radio Educación, cargos que desempeñó hasta 1976.

María del Carmen Millán nació el 3 de octubre de 1914 en Teziutlán, Puebla, en 1937 se trasladó a la a México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Tres años después logró ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); al término de su carrera se adhirió a la lista de profesores de la casa de estudios, impartiendo cátedra de Literatura Mexicana y Lengua y Literatura Española. Falleció el 1 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México, dejando una serie de obras y publicaciones de gran valor para el patrimonio cultural del país.

También lee: Descifrando los secretos de las proteínas con la Dra. Patricia Pérez | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

Continuar leyendo

#4 Tiempos

Un ‘buenos días’ te salvará el trabajo | Columna de Carlos López Medrano

Publicado hace

el

Mejor dormir

 

Cada vez es más frecuente ver cajas de autocobro en distintos tipos de negocio. En locales de comida rápida, en supermercados, en el cine. Las evito a toda cosa. En cuanto veo una, me dirijo a donde haya un empleado dispuesto a atender. Preferiré siempre el contacto humano antes que dar tumbos frente a una pantalla. Suficiente tiene uno ya con lidiar con la computadora y el celular la mayor parte del día, como para encima privarse de un cruce de miradas, de la convivencia con un desconocido, de un cómplice momentáneo.

Las máquinas son desolación. Qué espantosa es su perfección frente a la candidez de quien apenas aprende su oficio y te atiende con un dejo de angustia o, mejor, de cinismo. Alguien que sonríe y hace un comentario del clima para romper el silencio. El infrarrojo de un dispositivo jamás competirá con el brillo en la mirada de esa muchacha que odia su trabajo, y que aun así te cobra con la mejor de las actitudes porque sabe que está ahí de manera temporal, que ya cumplirá con sus anhelos artísticos apenas junte unos ahorros.

Deberíamos ponernos todos acuerdo y replantear nuestra relación con la automatización desmedida. Evitar ser tan pragmáticos, unos insensibles ajenos al valor de la interacción humana, gruñones que no quieren ver a nadie y se ponen tiquismiquis con la eficiencia. Sigamos apostando por la gente. Y al tiempo, si nos toca estar del otro lado, seamos amables. Tiremos alguna broma, un piropo. Un ‘buenos días’ te salvará el trabajo en el largo plazo. Mientras la gente reciba gentileza preferirá ir contigo antes que con una máquina que exhibirá su impericia ante un menú interactivo.

Qué maravilla es un rostro.

Observar por unos segundos a un dependiente e imaginar de dónde viene, lo que ocupa su cabeza. Una madre de familia se sabe de memoria todos los códigos de las frutas. La vieja promesa del futbol de la colonia que acabó lastrado por las lesiones. El anciano que trabaja hasta tarde porque ya no recibe visitas de sus hijos
. Más de una historia ha salido de ahí.

Deja de pasar tiempo en la miseria. Las cajas con humanos dan incluso la posibilidad de enamorarte. Puede que la chica de tus sueños esté al final de una fila de McDonald’s. Lucha por la posibilidad remota: aunque sea una entre mil, será mayor a la que tendrás si optas por la fría certeza de una banda magnética.

Casi todos seremos reemplazables en el mercado laboral que tiende premiar la productividad. Las cajas de autocobro son apenas un preludio de una dinámica que llegará a más y más rincones de la interacción con los servicios. Más vale forjar alianzas desde ya. Intenta un poco de ternura, como diría Otis Redding: pasa de largo cuando veas un armatoste y ve con el señor simpático que es un poco lento para cobrar, pero que dice cómo ha estado, mi amigo, ya no había venido, o con la joven que atiende de diez a nueve para pagarse sus estudios.

 

Contacto:

Twitter: @Bigmaud

Correo: [email protected]

También lee: El cine todavía | Columna de Carlos López Medrano

Continuar leyendo

#4 Tiempos

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad | Columna de Germán Bautista

Publicado hace

el

HABLEMOS DE DERECHOS

 

Advertencia para nuestras lectoras y nuestros lectores:

Dudé mucho en escribir sobre este tema, pese a que es uno de los tópicos más trascendentes previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, representa el lugar número 1 en la agenda del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que fue la primera Observación General publicada por éste, hace más o menos diez años.

Mi duda reside en el hecho de que en primer lugar, es un tema complejo, porque implica tener cierto conocimiento jurídico; en segundo lugar, requiere también conocer los alcances de la convención en nuestro país, y; en tercer lugar, requiere que conozcamos de algunos órganos creados por la convención. Sin embargo, me esforzaré por hacerlo claro para quienes tengan interés por este tema.

Tradicionalmente, en el estudio de la licenciatura en derecho, aprendimos que hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera , se adquiere al nacer y se extingue con la muerte, y significa que como personas, somos titulares de derechos y obligaciones. De manera muy básica, la capacidad de ejercicio se reconoce al cumplir la mayoría de edad y se relaciona con la posibilidad de crear obligaciones, iniciar procedimientos legales y obligarnos también para cumplir con lo que otra persona jurídicamente espera de nosotros.

No obstante, en casi todo el mundo la capacidad de ejercicio no les era reconocida a las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial, pero ello no excluía que quienes legislan, pudieran ampliar estas restricciones a otras personas con discapacidad, como las personas Sordas, a quienes denominaban sordomudos, o personas ciegas que no supiesen leer o escribir.

La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008, supuso una importante confrontación entre la tradición jurídica en México y lo que se debía modificar, en consonancia con su artículo 12, para que a todas las personas con discapacidad les fuera reconocida su capacidad de ejercicio, lo que significaba reformar los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles que establecían limitaciones legales a la capacidad de ejercicio. De hecho, nuestro país fue ampliamente criticado y cuestionado por expertas y expertos en el mundo, debido a que al decretar el reconocimiento y aprobación de la Convención el 24 de octubre de 2007, opuso una declaración interpretativa al artículo 12 sobre cómo éste se comprendería en México, que afortunadamente retiró cuatro años después, previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.

Si desean saber más, visitar: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5004433&fecha=24/10/2007#gsc.tab=0

A pesar del retiro de la declaración interpretativa, así como de la referida reforma constitucional, fue necesario emprender algunos litigios de carácter estratégico para que México comenzara a reflexionar sobre la necesidad de retirar las barreras jurídicas que de hecho y de derecho, niegan la igualdad a las personas con discapacidad.

Vamos a ver si logramos trasmitirlo adecuadamente sin demasiada terminología jurídica complicada:

Muchos códigos civiles a la fecha, prevén la figura de la interdicción, lo que en términos muy sencillos es un juicio en el que basta con sospechar que la persona ya no puede gobernarse por sí misma, para que de manera temporal, la persona juzgadora ordene como aparente medida de protección de dicha persona, su interdicción provisional, en lo que se determina, mediante la intervención de peritos en salud mental, si en efecto la persona ya ha dejado de ser “capaz”.

Se trata de peritos psiquiatras, comúnmente tres, cuyo costo los asume quien promueve el juicio de interdicción y si dichos peritos determinan que la salud mental de la persona se encuentra comprometida, entonces como “medida de protección” la persona juzgadora declara interdicta a la persona y le asigna una persona tutora, que a partir de entonces, se hará cargo de todas las obligaciones y decisiones legales en nombre y representación de dicha persona durante toda su vida.

Automáticamente, la persona tutora entra a sustituir la voluntad de la persona declarada interdicta para la mayoría de los trámites legales, lo que a menudo suele ocurrir con las personas mayores cuando se sospecha que ya no pueden hacerse cargo de sus decisiones.

Se le ha llamado también “juicio injusto”, porque la interdicción se declara sin escuchar a la persona que se busca declarar interdicta, lo que significa que es vencida sin que le sea garantizado su derecho de audiencia.

A partir de la declaratoria legal de incapacidad, la única forma de acudir a la justicia que tiene la persona con discapacidad, es a través de la persona tutora, que puede ser algún familiar y que también se ha documentado, puede ser quien perpetre abusos con garantía de impunidad porque también se convierte en el único medio para que la persona con discapacidad pueda quejarse o denunciar.

Por ello la Convención reconoce la igualdad y la voluntad de todas las personas con discapacidad y su derecho a manifestar esta voluntad por todos los medios disponibles, incluso la asistencia humana para tomar decisiones. Desde este paradigma, la Convención representa un parteaguas en relación al modelo médico que evalúa el grado de discapacidad o limitación, mientras que el modelo social reconoce a la persona, su voluntad, su libertad, su autonomía y sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas dotándole de todos los apoyos para que se respete su independencia.

Al 2024, esta fórmula jurídica que nulifica la voluntad de las personas con discapacidad, sigue impactando en la realidad de algunos grupos de personas con discapacidad, por ejemplo y como ya lo habíamos comentado, al momento de abrir una cuenta bancaria, en procesos de índole testamentario, de compraventa o incluso en la escrituración de bienes inmuebles. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en el diario Oficial de la Federación el pasado mes de junio de 2023, en sus artículos 445 a 455, reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad para tomar decisiones y obligarse en razón de ellas con los apoyos necesarios para lograrlo, lo que implica la necesidad de contar con ajustes razonables y ajustes de procedimiento, de los que hablaremos próximamente.

Representa un reto importante estructurar formal e institucionalmente un sistema de apoyos y salvaguardias para garantizar la libre toma de decisiones de las personas con discapacidad, así como cambiar costumbres y procedimientos en los que por tradición, en actos de naturaleza civil, notarial o financiera, todavía se sigue discriminando a las personas con discapacidad.

También lee: Lo legal, lo importante y lo humano | Columna de Germán Bautista

Continuar leyendo

Opinión