ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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Por: Haniel Valdés

Hoy escribo porque cometí un error. Fui de los periodistas que estuvimos en rueda de prensa con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, al terminar la Junta de Gobierno con Interapas. El miércoles pasado ofreció declaraciones a medios de prensa que sí acudimos a la cita nocturna y compartió los acuerdos tomados en dicha reunión.

Ahí está mi error: al parecer mis notas no fueron lo suficientemente claras. O quizás solo fue que varios medios salieron a llenar huecos que no había.

Lo interesante de ese encuentro es que se aprobó el plan de estímulos fiscales que se llevará al Congreso del Estado para su aprobación de cara a 2027, donde se aclaró además (y se insistió mucho en eso) que la tarifa de cobro del líquido se mantendría igual que en este año.

Al día siguiente muchos medios ya traían la nota de que aumentaría la tarifa y quién sabe cuántos inventos más de colegas que no estuvieron en la conferencia de prensa y que les pareció divertido el imaginar datos e informar a medias.

Pero lo que más me preocupa no es el ruido que generaron esas notas, sino la incoherencia que se vivió en dicha reunión por parte del síndico y el alcalde de Soledad, así como de Pascual Martínez.

Según informa Galindo, entre las decisiones tomadas, está la de revisar si es posible cumplir con la petición que hizo el gobernador de no cobrar el servicio a adultos mayores. Ni los participantes por Soledad, ni el titular de la CEA, votaron a favor de dicha propuesta. ¿No están de acuerdo con la idea de Gallardo? Es que la primera vez que el gobernador habló sobre el tema, fui muy cuidadoso y me fijé claramente que ambos, Pascual

y Navarro, estaban aplaudiendo esa iniciativa.

La CEA ya es habitual que no aporte a esas reuniones, según Galindo, el titular solo ha ido a tres y no votó en esta última, tampoco dio razones ni propuso algo. Sí, el organismo responsable de la política pública del agua en el Estado no tiene nada que aportar sobre el tema.

Según informó el presidente de la junta, Juan Manuel Navarro sí aportó algo, propuso un estímulo fiscal que también quedó dentro de los acuerdos que se enviaron al Congreso. Ahora, cuando tocó votar, Navarro se abstuvo de hacerlo, ¿no está de acuerdo con una idea que él mismo había planteado? ¿o algo lo hizo cambiar de opinión?

Lo cierto es que mientras la diputada Nancy Jeannine García, presidenta de la Comisión del Agua, llama a no politizar, todos lo continúan haciendo, lo hace el aquaman Gámez Macías, lo hace el alcalde capitalino, lo hace el gobernador del estado, lo hace el alcalde de Soledad y la CEA. Mientras hay cuentas sin pagar, tinacos sin llenar, conductoras sin reparar y rezos por hacer para que El Realito no vuelva a fallar.

“Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.” (Éxodo 14:21)

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Por: Haniel Valdés

La comunidad cubana en el exilio, en Estados Unidos y en México, ha escrito en estos días cartas y mensajes dirigidos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Cuestionan que Gabriela Fernández Álvarez, presentadora del programa oficialista “Con Filo”, haya sido admitida en la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP y que hoy esté cursándola en esta ciudad.

Los hechos conocidos son pocos. Su nombre aparece en la lista de la generación 2026-2028. Está en San Luis Potosí. En 2025, durante una gira por España, sostuvo que en Cuba no hay presos políticos. Todo lo demás es una discusión de fondo, y es más incómoda de lo que parece.

“Con Filo” nació en 2021, tras las protestas del 11 de julio, como respuesta de la televisión estatal cubana. Sus defensores dicen que desmiente falsedades. Sus críticos, que en algún punto dejó de desmentir y empezó a ridiculizar a la oposición, dentro y fuera de la isla, y a señalar como “vendepatrias” a quien se fue. Muchos exiliados lo viven como algo personal, porque vieron su rostro en pantalla como blanco de burla por opinar distinto. Esa es la versión de ellos, y es la que han hecho llegar a la UASLP.

Hay una ironía que ellos señalan y que no puedo dejar pasar. Quien llamó traidor al que salió de Cuba pudo salir, viajar y dar charlas en Europa. Pocos cubanos tienen ese privilegio.

La pregunta para México

Aquí es donde el caso deja de ser solo cubano. La universidad pública mexicana, ¿puede negar un lugar por lo que una persona ha dicho en público? Mi respuesta es que no debería. Una maestría en derechos humanos que excluya por opinión traicionaría la materia que enseña. La libertad de expresión protege también a quien piensa lo contrario de lo que a uno le gustaría.

Pero esa respuesta no cierra el tema. Un posgrado no es una tribuna. El objetivo del programa es formar profesionistas críticos y comprometidos con la solución de problemas de derechos humanos, en lo local, en lo nacional y en lo internacional. Y de eso sí podemos preguntar, porque no es lo mismo defender el derecho de alguien a estudiar que ignorar lo que esa persona dijo en pantalla durante años.

Y en México la materia no es teórica. Este es un país con miles de personas desaparecidas, periodistas asesinados y presos que esperan sentencia durante años. Un aula de derechos humanos en San Luis Potosí no es un espacio neutro. Se habla de casos reales, con familias reales.

Lo que corresponde

A la UASLP le corresponde explicar cómo se evalúa a quien aspira a este posgrado y qué responde a las cartas que recibió. Hasta ahora no hay una postura pública de la universidad, y el silencio solo alimenta la sospecha. También corresponde buscar la versión de la estudiante, que no ha respondido a los señalamientos. A ella le corresponde algo más difícil: sentarse en una clase donde se discute lo que defendió negar y escuchar.

Defiendo que se quede. Si la maestría sirve para algo, es para que esas ideas se confronten con argumentos, casos y compañeros que vivieron lo que ella calificó de mentira. Pero defender su derecho a estar no me obliga a fingir que la pregunta no existe.

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