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Cuando el gobernador nos falte, que lo supla el secretario general, propone diputado
El diputado Martín Juárez propondrá que, con el fin de evitar vacíos de poder ante la falta temporal o absoluta del gobernador constitucional, el secretario general de gobierno se haga cargo del despacho del titular del Poder Ejecutivo
Por: Redacción
El diputado Martín Juárez Córdova dijo que propondrá reformar el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí a fin de establecer que en las ausencias temporales que no excedan de 30 días, el secretario general de gobierno se hará cargo del despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado, esto con el fin de evitar vacíos de poder ante la falta temporal o absoluta del gobernador constitucional.
Señaló que durante ese tiempo, el secretario general se encontrará impedido para remover o nombrar secretarios de estado, debiendo rendir un informe por escrito al Congreso del Estado de las actividades más importantes llevadas a cabo durante el lapso en el que se haga cargo del despacho.
Con esta reforma se establecería que para cubrir las faltas temporales del gobernador del estado, mayores a 30 días, el Congreso o, en su caso, la Diputación Permanente nombrará de inmediato, en un plazo que no exceda de cinco días naturales, al gobernador provisional.
En los casos de la falta absoluta del gobernador Constitucional del Estado, el Congreso del Estado nombrará un gobernador provisional, interino o substituto, según el caso, en un plazo que no exceda de cinco días naturales; en las ausencias temporales que no excedan de 30 días, el secretario general de Gobierno se hará cargo del despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado.
El gobernador constitucional del estado podrá ausentarse de la entidad hasta por siete días, comunicando al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, según sea el caso, el motivo de su ausencia. En ausencias que sobrepasen los siete días, requerirá el permiso del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, el cual deberá ser aprobado por mayoría simple.
En la exposición de motivos de la iniciativa, que se presentará ante el pleno del Congreso del Estado durante su sesión ordinaria de este jueves, se señala que el pasado 25 de diciembre de 2018, el país entero se consternó tras el desplome de la aeronave en que viajaba la gobernadora del estado de Puebla, acompañada de su esposo y senador de la República por la misma entidad federativa.
Acontecimientos como éste han ocurrido en otro momento, “recordemos el 4 de noviembre de 2008 cuando una aeronave se desplomó después de una gira de trabajo por San Luis Potosí, en la que viajaba Juan Camilo Mourinho, secretario de gobernación del gabinete encabezado por el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Años después algo similar ocurriría durante el mismo sexenio y cobraría la vida a otro secretario de gobernación, José Francisco Blake Mora. En el primer caso citado, el cual es el más reciente, implicó a la gobernadora de un stado, que conllevó una causal evidente de su falta definitiva. En los dos casos anteriores, se trató del encargado de la política interna del país”.
“Estos acontecimientos tan lamentables son ejemplo claro del riesgo inminente y constante que tienen los funcionarios que, en el ejercicio de sus labores, están expuestos a este tipo de situaciones y con ello a la falta definitiva en el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron elegidos”.
El escrito señala que debido a lo anterior “debe ser un precedente en la generación de conciencia, para prever desde nuestra legislación, un mecanismo que dé cobertura a la gobernabilidad, preservación del estado de derecho y evitar en todo momento “vacíos de poder”, que ante un hecho que implique una falta definitiva o temporal, el despacho del Poder Ejecutivo en nuestra entidad no quede a la deriva o que pueda generar una crisis o un estado de ingobernabilidad y que, en todo momento, dicho despacho se encuentre cubierto”.
Además en los motivos, el diputado agrega: “Nos hemos percatado que nuestro texto constitucional local es muy subjetivo en lo referente a la regulación de lo que ocurriría ante la falta definitiva del gobernador Constitucional del Estado, que es el depositario único del Poder Ejecutivo del Estado, y por tanto quien encabeza la administración pública de nuestra entidad, por lo que es conveniente, tomando como referencia inmediata lo ocurrido en Puebla, que dio margen a incertidumbre y un vacío de poder, y contemplando lo establecido por nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se debe prever que sea el secretario general de Gobierno, quien se haga cargo del despacho del titular de la administración pública del estado, en tanto el Congreso del Estado logra consolidar el consenso que permita determinar el nombramiento respectivo a un gobernador provisional, interino o sustituto, lo cual es entendible que no ocurre de inmediato, que es lo que establece nuestro pacto estatal, debido a la complejidad de decisión que representa nombrar a un gobernador provisional, interino o sustituto, y que la subjetividad a la que hemos hecho alusión radica en el término”.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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