Congreso del Estado
Congreso de SLP va contra Airbnb
El Legislativo discutirá una reforma para obligar a los prestadores de hospedaje a endurecer sus normas de seguridad y en breve podrían hacer que la plataforma pague el Impuesto Sobre Hospedaje
Por: Redacción
Antonio Lorca Valle, diputado de Morena en el Congreso de San Luis Potosí, dio a conocer que en breve el Legislativo discutirá un dictamen que modificará la Ley de Turismo, el cual obligaría a espacios que prestan servicios de hospedaje mediante aplicaciones como Airbnb a que endurezcan sus normas de seguridad, pero también apuntó que es necesario un análisis “a fondo” para ver obligar a las plataformas a que paguen el Impuesto Sobre Hospedaje, como lo hacen los hoteles y así generar una “competencia leal”.
Lorca Valle indicó que estas empresas que se manejan a través de plataformas digitales, tienen una ventaja contra los hoteleros, por lo que erradicar ese privilegio sería el objetivo de la modificación a la ley, además de otorgar a los usuarios la garantía de que estarán en un establecimiento certificado.
“Deben estar regulados totalmente, así tengan dos cuartos, 10 o 100, hay que cumplir la ley y tener la certificación de Protección Civil, se debe generar un equilibrio y que todo sea en beneficio de la economía y de quienes son usuarios de estos servicios”, dijo José Lorca.
En varias ciudades del mundo, este tipo de aplicaciones ya han sido integradas dentro de sus leyes de turismo para obligarles a tributar, pues generaban un desequilibrio de precios con los hoteleros, por lo que es muy probable que la discusión se abra en San Luis Potosí, con el tema de la Protección Civil como un precursor.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Congreso del Estado
Buscan que la ASF reactive convenios con entes fiscalizadores de los estados
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
y los entes fiscalizadores en las entidades del país, con el fin de hacer eficiente y eficaz la fiscalización de las participaciones que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Congreso del Estado
Se establece acceso al agua como un bien del dominio público
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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