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Congreso de SLP, ni enterado de que Nava busca subastar tierras
Sonia Mendoza aseguró que el Ayuntamiento de la capital no le ha notificado sobre la controversia constitucional para vender propiedades municipales
Por: Redacción
La diputada Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, dijo hoy a La Orquesta que el Poder Legislativo estatal no ha sido notificado ni por el Ayuntamiento de San Luis Potosí ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de la controversia constitucional promovida por la administración municipal del alcalde Xavier Nava con el fin de poder vender propiedades del Ayuntamiento.
La controversia constitucional, inscrita el pasado 5 de marzo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que el municipio encabezado por Xavier Nava pueda subastar hasta 600 millones de pesos de terrenos y patrimonio público sin requerir siquiera la autorización del Congreso del Estado.
En 2009, la controversia constitucional 50/2009 permitió a la exalcaldesa Victoria Labastida Aguirre vender los terrenos del desarrollo que hoy se conoce como “Monterra” a la empresa Iscamapi, en un movimiento que desde entonces ha sido reconocido como corrupto. Ese antecedente fue utilizado por el alcalde Xavier Nava y el Ayuntamiento para buscar la venta de esos terrenos de manera autónoma, sin la intervención del Poder Legislativo estatal.
Fuentes al interior del propio Ayuntamiento aseguran que el plan del alcalde capitalino es, tras librar la controversia constitucional, realizar una “subasta” por medio de una empresa privada para realizar la venta del terreno público “al mejor postor”.
Hasta la fecha, a 23 días de la promoción de esa controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha asignado el asunto a ningún ministro, que defina la solicitud del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Diputados de SLP, a favor de operativo antialcohol… sin multas
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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