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Comunidades indígenas potosinas denuncian exclusión por parte del Indepi
Piden la intervención de Ricardo Gallardo y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Por: Redacción
Integrantes del Consejo Indígena Tenek, Náhuatl y Xi Ul, recién ingresados al Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de Los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi) hicieron dos peticiones: una al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y otra para Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para que se integren los órganos de Junta Directiva, una Dirección General, un Consejo Consultivo y áreas de trabajo.
Los documentos señalan que el Consejo Consultivo funcionará como un órgano asesor en materia de cultura y derechos indigena; la junta directiva del Indepi, estará integrada por diversas instituciones del Poder Ejecutivo del Estado y estos a su vez enviarán la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo, los cuales deberán ser ciudadanos y ciudadanas con conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos y cultura indígena propuestos por las comunidades en cada uno de los municipios con presencia de este sector.
Esta petición surgió luego de que el Consejo Consultivo del Indepi no fue instituido ni en tiempo ni en forma, a más de un año iniciada la administración estatal y fue hasta el pasado 15 de diciembre que se hizo la invitación a la integración extemporánea del órgano para el periodo 2022-2025, por lo que se les inhabilitó el ejercer sus funciones, al excluirlos de los procesos torales de consulta y de participación.
Los integrantes del Consejo Indígena mencionaron que al no haberse constituido el Consejo Consultivo en tiempo y forma, no se les ha tomado en consideración las propuestas y los planes de desarrollo de las comunidades para colaborar en el programa anual 2022 y 2023, l 
En las peticiones también apuntaron a Filemón Hilario Flores, director general del Indepi, como primer responsable de dichas omisiones, pues al impedir la integración del Consejo se ha detenido su incidencia en las políticas públicas, programas y proyectos en materia indígena.
A la CEDH y al Gobierno del Estado solicitaron una recomendación por las omisiones, se les brinde medidas cautelares que garanticen su seguridad y el que no se les perjudique en sus funciones como consejeros y consejeras indígenas; también ser capacitados por CEDH sobre sus derechos humanos en el contexto educativo y además de incluir al director general para impedir este tipo de actos; que se respete la integración y que cesen las exclusiones; como Consejo Consultivo se les respete como órgano asesor y de consulta, se consideren las propuestas, se les brinde apoyo y facilidades para desempeñar sus funciones y se garantice su participación e independencia; además de cancelar las reuniones hasta que no se haya modificado el reglamento interno.
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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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