Congreso del Estado
Comisión del Congreso aprobó convocatoria para “Reconocimiento Matilde Cabrera” 2022
Este premio reconocerá a mujeres potosinas destacadas que han contribuido para una sociedad paritaria o han hecho aportaciones a la vida política, económica o social
Por: Redacción
El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó convocar a la ciudadanía en general para que proponga a mujer que se estime merecedora del “Reconocimiento Matilde Cabrera Ipiña de Corsi”, año 2022.
El premio se otorga como reconocimiento a mujeres potosinas destacadas que han contribuido en la consecución de una sociedad paritaria, o han realizado aportaciones importantes a la vida política, económica o soci al del Estado.
La recepción de candidaturas se realizará en la oficialía de partes del Honorable Congreso del Estado, sito en calle Pedro Vallejo No. 200, Centro Histórico, en la Ciudad de San Luis Potosí, así como en las oficialías de partes de los cincuenta y ocho ayuntamientos de la Entidad, en días hábiles y en horarios de oficina, iniciando a las 9:00 horas del lunes 14 de febrero, y concluirá a las 14:00 horas del día viernes 18 de febrero de 2022. Los ayuntamientos de la Entidad serán responsables de la oportuna remisión de las candidaturas recibidas, al Congreso del Estado.
La presentación de las candidaturas se entregarán en sobre cerrado e incluirán: nombre completo, domicilio, acta de nacimiento y curriculum vitae de la mujer propuesta, así como los documentos que, a juicio de la proponente, justifiquen los méritos para obtener el galardón, de la ciudadana potosina en vida.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología analizará las candidaturas recibidas y presentará al Pleno del Congreso del Estado, el dictamen respectivo y el Honorable Congreso del Estado entregará el “Reconocimiento Matilde Cabrera Ipiña de Corsi” el próximo día 08 del mes de marzo del 2022.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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