julio 28, 2021

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#4 Tiempos

Cambio de nombre | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

Alejandro Gertz Manero es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho; es doctor en Derecho por la UNAM, por la Universidad Mount Union en Ohio y por la Universidad de las Américas (así es, tres doctorados); ha sido profesor del ITAM, de la UNAM y de la Universidad Anáhuac; ha ocupado diversos cargos en la anterior Procuraduría General de la República; fue Secretario de Seguridad Pública (2000-2004) con Fox; diputado federal plurinominal por el Partido Convergencia en 2009; rector de la Universidad de las Américas; y, desde el 2019, es la primer persona en ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Una más a la lista: desde la semana pasada, Gertz Manero es investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Vale la pena entrar al contexto para dimensionar y poner en perspectiva las responsabilidades de Gertz Manero como el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que vino a suplir a la extinta Procuraduría General de la República (PGR). En el 2014, el empuje y la insistencia de organizaciones de la sociedad civil logró que el gobierno de Peña Nieto reformara el artículo 102 constitucional para que la Procuraduría dejara de pertenecer al Poder Ejecutivo y volverla un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, a la luz de los terribles resultados en materia de investigación de delitos y de deficientes presentaciones de acusaciones penales.

Aunque los ejemplos sobran, recordemos que fue aquella fallida Procuraduría la responsable de la detención de Florence Cassez en 2005 y que quedó en libertad por faltas graves al debido proceso y a sus derechos humanos. Fue responsable de la detención e imputación de Elba Esther, quien fue absuelta pasados cinco años. Fue responsable, con Jesús Murillo Karam al frente, de llevar a cabo una vergonzosa investigación, actos de tortura, alteración de pruebas, detenciones arbitrarias y violaciones graves a los derechos de personas detenidas en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Por lo anterior, la nueva Fiscalía fue concebida como un órgano autónomo al servicio de la sociedad con cuatro fiscalías especializadas (delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos y asuntos internos); con un Consejo Ciudadano de consulta conformado por cinco ciudadanos de «probidad y prestigio»; con un fiscal con una duración de nueve años en el cargo; y con planes de trabajo sujetos de aprobación por parte del Senado y del Consejo Ciudadano. Es decir, en principio, la transición sí implicaba algo más que el mero cambio de nombre.

Fue hasta el 14 de diciembre de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y, así, le tocó a la entrante administración de López Obrador estrenarla y nombrar en los primeros días de su gobierno a Gertz Manero como el primer fiscal para el periodo 2019-2028. Desde entonces, todas y todos hemos podido atestiguar que la transición de Procuraduría a Fiscalía no ha trascendido a más allá del nombre. Las torpezas en la manera de aprehender, investigar e imputar delitos continúan.

Con el caso de Lozoya, la Fiscalía le otorgó al exdirector de Pemex el carácter de testigo protegido y se fue directamente a su casa, incluso con la posibilidad de viajar dentro del país; se filtraron a los medios sus acusaciones; y se han extraviado pruebas no integradas al expediente. Con Salvador Cienfuegos, Gertz decidió no ejercer la acción penal después de que el exfuncionario llegó a México entregado por Estados Unidos y —sorpresa— quedó libre. El más reciente, Alonso Ancira, autor del fraude de Agronitrogenados, llegó a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía para pagar 216 millones de dólares dentro del plazo de tres años, con lo que se extinguirá su proceso penal. Mientras ello sucede, Ancira ya está en libertad.

Más allá de la visibilidad que dan estos casos con tanta atención mediática, fuera de los reflectores la gestión de Gertz al frente de la Fiscalía ha sido poco transparente y con muy poca actualización de la información pública aún cuando el INAI le ha ordenado en distintas ocasiones que dé publicidad a información de interés público. Además, el Consejo Ciudadano ni siquiera ha sido instalado y, por tanto, sigue pendiente de su aprobación el Plan de Persecución Penal. Según los informes que presenta constantemente la organización civil México Evalúa, el rezago en las investigaciones va al alza y solamente el 4.9% de los delitos federales tienen respuesta efectiva (sentencia o algún otro modo de resolución).

Sumado a todo lo anterior, Gertz Manero promovió la abrogación de la Ley Orgánica de la FGR que se promulgó hace tres años para que esta fuese sustituida por una nueva y en sus términos. La propuesta de Gertz retira a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, lo cual implica que ahora ya no participarán en coordinación con otras instituciones y organizaciones civiles en la búsqueda de personas desaparecidas —uno de los peores y principales males del país—. También, ello significa que las organizaciones civiles y colectivos perderán el poco acceso que habían tenido a las bases de datos de personas desaparecidas, lo cual limita mucho más sus insumos para investigar aunque sea por su propia cuenta el paradero de sus ausentes. La Fiscalía ahora rendirá aún menos cuentas y será menos transparente; todo a propuesta del Fiscal y alabado casi en todos sus términos por un Poder Legislativo complaciente. La FGR regresa a la misma lógica operativa de la PGR del priísmo, pero con la sutileza del cambio de nombre.

En un tenor diverso, pero a propósito de legisladores y legisladoras complacientes, la legislatura pasada cerró el periodo ordinario de sesiones aprobando también modificaciones a la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a sus diversos reglamentos, como el del Sistema Nacional de Investigadores. Lo anterior cobra especial notoriedad cuando se anunció la semana pasada que Alejandro Gertz Manero fue ingresado al Sistema Nacional de Investigadores directamente al Nivel III —su nivel más alto— sin siquiera haber pasado por los escalones de Candidato, Nivel I y Nivel II. El argumento de la Comisión Dictaminadora —por cierto, fue instaurada especialmente para su caso— determinó ingresarlo como una medida reparatoria de supuestos actos discriminatorios en su contra, según una resolución dictada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que depende de la Secretaría de Gobernación.

Gertz Manero denunció ante la CONAPRED que habían sido reiteradas ocasiones en que él había tratado de ingresar al SNI, pero que fue rechazado en todas por no cumplir con los requisitos de producción académica (dirección de tesis, publicación de libros, textos científicos dictaminados, conferencias, entre otros). La Comisión Dictaminadora argumentó que con sus tres doctorados, numerosos textos de opinión y trascendencia para el país, lo justo era permitir su ingreso al Nivel III del SNI. Ahora que todas las reglas y requisitos —a las que toda la comunidad científica se ciñe— fueron ignorados, quién sabe; quizás le otorguen la misma dispensa a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León y también con tres doctorados. O mejor aún, que también a mí me hagan SNI por los textos de opinión que escribo cada lunes, aunque sea Nivel I.

El cuento de las instituciones públicas que dan prebendas a otros funcionarios públicos es uno que conocemos bien. Tan es así que incluso la CNDH solicitó protección para Sanjuana Martínez, directora de Notimex que, por su notoria ineptitud, ha tenido a toda la institución a su mando en paro total de labores desde hace varios meses. Quizás mencionar lo anterior ya sea una digresión innecesaria, pero deja de manifiesto que el discurso de transformación no alcanza a penetrar la realidad de retroceso y decadencia que prevalece en tantos rincones de la administración pública federal. En el menos peor de los casos, las trayectorias de vida como la enunciada en el primer párrafo del presente texto serán maquilladas a petición de parte. En el peor, la investigación de los delitos y las acusaciones penales quedarán en manos del pasado, incidiendo aún más y de manera negativa en las vidas de las miles de víctimas y sus familiares.

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#4 Tiempos

Del poder a la precariedad; Antorcha en la inopia | Columna de Felipe Donato

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DE CHILE, DULCE Y MANTECA.

 

Una máxima popular en política señala que se puede engañar a parte de la población todo el tiempo o se puede engañar a todo el pueblo una parte del tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.

Sin duda nadie sabe mejor la veracidad de la frase que los dirigentes de ese engendro mal llamado Antorcha Campesina.

Mire usted si no. A la organización de la flamita al viento no le fue nada bien en el proceso electoral de este pasado 6 de junio: Antorcha Campesina perdió en Salinas, Villa de Ramos, Mexquitic, Charcas, Villa de Arriaga y Villa Hidalgo.

También se quedaron sin la diputación del cuarto distrito y hasta le dijeron no a la reelección de su líder estatal, el pobre entre los pobres, el cuasi frugal franciscano, Lenin Campos Córdova.

Menos posiciones de poder, significa en los hechos menos acceso a recursos públicos y eso es precisamente lo que más le preocupa a la cúpula antorchista. ¿De qué va a vivir esta “pobre” gente?, se pregunta uno, que está aquí nada más de morboso espectador.

La respuesta no tardó en llegar y la propuesta de la dirigencia es que retomarán la estrategia de enviar a la gente a botear, es decir, en palabras francas y llanas, mandarán a su militancia a pedir limosna. Todo para seguir sosteniendo a la organización, es decir para que los dirigentes puedan conservar su alto nivel de vida.

Y es que mire usted, ¿cómo podrían los líderes seguir luchando por los pobres a través de la gestión de recursos con la panza vacía?, ¿cómo presentarse ante los desarrapados estando mal vestido?, ¿cómo llegar a las comunidades más apartadas en humildes carcachitas?

El reto es grande y por ello a los activistas les comunicaron que van a tener que dar una aportación “voluntaria” de entre mil 800 y 3 mil pesos de manera mensual para este mismo fin. Tal cantidad la deben reunir realizando diferentes actividades, entre ellas la ya mencionada de andar boteando en diferentes lugares.

Esto ha ocasionado claramente enojo entre los más fieles seguidores de la organización y es que les mencionan sus líderes que es hora de regresarle a la organización un poco de lo que Antorcha les ha dado. Es un pequeño sacrificio, les reiteran y reiteran sus preclaros dirigentes.

Quienes han recibido un bulto de cemento, una lámina, o algunos blocks mencionan que el cinismo de estos señores es muy grande, pues quienes al final lo que se han beneficiado de la gente son ellos.

No necesitan ir muy lejos para comprobarlo. Es evidente que de no tener nada, hoy los dirigentes antorchistas ya son dueños de autos de lujo, casas y tienen dinero en sus cuentas bancarias.

Aparte saben que quienes van a tener que andar de pedigüeños, de francos limosneros, son los de siempre, los de abajo, los líderes a gusto se dedicarán simplemente a verlos y a esperar para extender la mano para recibir las aportaciones “voluntarias”.

No debe ignorar la cúpula antorchista que la paciencia de la población tiene un límite y que cada vez resulta menos creíble la perorata de su dirigente el soporífero Aquiles Córdoba Morán.

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#4 Tiempos

Un potosino fue el primer mexicano que voló | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Los esfuerzos pioneros, en lo que se refiere al diseño y construcción de máquinas voladoras, le corresponde a Latinoamérica. Por supuesto, estos esfuerzos son desconocidos, y si llegan a plantearse parecerían, para la mayoría de quienes las escuchan o leen, simplemente historias fantasiosas. De esta forma personajes como el sacerdote brasileño Bartolomeu de Gusmão, o el peruano Pedro Paulet Mostajo son unos perfectos desconocidos junto con sus contribuciones. Ya trataremos sus aportaciones en otra ocasión.

Pero no vayamos muy lejos, San Luis Potosí, ha sido uno de los protagonistas en el país, no solo por lo de Cabo Tuna, sino una serie de acontecimientos sucedidos desde el siglo XIX, que merecen que se le designe, como ya está sucediendo, cuna de la experimentación espacial en México. Uno de esos acontecimientos, realizado por el potosino Juan María Balboltin Vargas oriundo de la entonces Villa de los Armadillo, es el que sería el primer experimento en el país relacionado con diseño y construcción de máquinas voladoras y que sucediera en el año 1840.

El espíritu inquieto de Balbontin, lo llevó a planear experimentos con globos aerostáticos, y se marcó una meta: lograr convertirse en el primer aeronauta mexicano, en el sentido estricto de la palabra, donde implicaba diseñar y construir su propio aerostato. 

Poco se habla de nuestro personaje que a todas luces realizara el primer experimento en el país, tratando de hacer volar, no sólo un globo aerostático, sino una máquina más pesada que el aire. Experimento que fuera realizado en el centro de la ciudad de San Luis Potosí en 1840.

En este marco Balbontin apuraba sus preparativos que había estado realizando hacia varios años y no sólo planeaba sino anunciaba la realización de su experimento con globo aerostático para el 16 de septiembre de 1839 en el marco de las fiestas por la independencia de México, mismas que intentaría realizar en San Luis Potosí. Llegado ese día se lanzaron algunos globos como número solemne y uno de ellos, el más grande, iba provisto de un muñeco. Este globo con seguridad, sería el globo diseñado y preparado por Balbontin aunque en su lugar el muñeco ocupaba su lugar. Lo más seguro es que Balbontin se preparaba, no sólo para emprender el vuelo sino lograr que la ascensión pudiera ser dirigida y controlada a voluntad y no sólo una ascensión aerostática, para lo cual se enfocó en preparar una máquina voladora más pesada que el aire. Un ingrediente más adelante en las ambiciones de Balbontin y por lo mismo una aportación extraordinaria, no realizada nunca antes en el mundo entero.

En 1839 el profesor Juan María Balbontín junto con Mariano Gordoa comenzaron a experimentar y construir artefactos más pesados que el aire con los que pretendían elevarse por los aires, obtuvieron el permiso del gobierno del estado y realizaron sus experimentos en el actual centro histórico de la ciudad. En 1840 Balbontin y Gordoa tenían todo preparado para probar su máquina que era más que un simple globo aerostático, de la azotea de la casa que en la actualidad es ocupada por el Casino Español, en la calle de cinco de mayo; daban sus primeros aletazos y se lanzaban al vacío, cuyo piso estaba provisto de paja que el gobernador, quien había dado el permiso, mandó instalar ante la incomodidad de los prospectos a aeronautas, cuya capacidad se ponía en duda con semejante acción. Que de algo sirvió pues a los pocos aleteos del par de potosinos en pocos segundos estaban en descenso cayendo en el piso empajado. Los accidentes estuvieron presentes y se les retiró el permiso para volar sus aparatos, pero no segaron en continuar con sus experimentos que realizaron con gran entusiasmo.

No creemos que haya sido un rotundo fracaso como suele afirmarse, fue un experimento que permitiría rediseñar su aparato y tratar de lograr su objetivo contribuyendo al desarrollo aéreo en el país. Pero no se les permitió seguir con su empeño. Como quiera queda registrado como el primer experimento con máquinas voladoras tripuladas en el país, y de lo cual los potosinos debemos estar orgullosos. El experimento de Balbontin y Gordoa, aunado a los experimentos de comunicación inalámbrica realizados por Estrada en los ochenta decimonónicos, de radiación cósmica por Gustavo del Castillo, la construcción de aviones en 1930 y el diseño y lanzamiento de cohetes en Cabo Tuna, sitúan a San Luis Potosí como cuna de la experimentación espacial en México.

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#4 Tiempos

La realidad de las mujeres trans #JusticiaParaFabiola | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Discriminación, exclusión, violencia física, violencia psicológica, violencia institucional, invisibilidad y violencia a su dignidad, son algunas de las realidades que viven las mujeres transgénero no solo en San Luis Potosí, sino en todo México, pero eso solo es la punta del iceberg, pues gracias a lo anterior la seguridad de estas personas pende de un hilo, pues no es una prioridad ni de la sociedad ni de las autoridades.

Durante la madrugada del miércoles pasado, Fabiola, una mujer transgénero, fue reportada sin vida luego de haber sufrido diversas lesiones con arma blanca en su estética de la calle Perla, cerca de la avenida Industrias, hasta el momento no hay detenidos, solo se adelantó que el transfeminicida puede ser una persona cercana a ella.

Luego de esto, el viernes activistas LGBT+ de San Luis Potosí realizaron una marcha para exigir justicia, al concluir ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía y colocaron una manta en las escaleras principales con la foto de la víctima, junto con veladoras encendidas, para expresar su malestar ante este el manejo que se le ha dado al caso.

La muerte de Fabiola resulta ser el reflejo de un país y de un estado donde la discriminación y la violencia se han normalizado a tal grado que la sociedad no la detecta.

Aunque se han logrado muchos avances en materia de derechos humanos, aún no se han conseguido las garantías que evitarían la pérdida de vidas como la de Fabiola.

No hay ni siquiera en nuestro país un registro oficial de transfeminicidios, lo que demuestra la falta de interés institucional en mitigar esa violencia.

No hay nada que devuelva la vida de esta mujer que se encontraba en su negocio cuando alguien decidió matarla por ello, su muerte no deber en vano y debe servir como un motor social para evitar que casos así sigan ocurriendo y, sobre todo, las autoridades se tienen que asegurar de que haya #JusticiaParaFabiola.

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Opinión