Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo

Por: Angel Bravo

El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.

Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.

La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:

La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.

El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.

El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.

A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.

Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo

“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”

En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.

El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.

Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”

El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.

También lee: Noviembre cerró con 9 homicidios; SLP presume reducción del 80%

Ranking elaborado por la encuestadora Populus, lo ubica en el tercer lugar nacional en aprobación ciudadana

Al igual que en las encuestas que elabora mensualmente la empresa Mitofsky para evaluar los niveles de aceptación de los mandatarios estatales del país, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona ocupa los primeros lugares en el ranking elaborado por Populus, casa encuestadora y medio digital.

En el ejercicio demoscópico elaborado en el mes de noviembre, con el 68.6 por ciento de aceptación ciudadana, Ricardo Gallardo ocupó el tercer lugar, entre los 32 mandatarios estatales del país, superado sólo por sus homólogos de Chiapas y Coahuila, Eduardo Ramírez y Manolo Jiménez, respectivamente.

A lo largo de su administración el mandatario potosino ha mantenido una constante evaluación positiva en su desempeño, que le ha permitido mantenerse dentro de los primeros lugares en los sondeos que distintas casas encuestadoras nacionales realizan.

Detrás de esa calificación aprobatoria se encuentran los programas y acciones Ricardo Gallardo ha emprendido a favor del desarrollo de San Luis Potosí y de sus familias; entre otras, la inversión sin precedentes en infraestructura, el alcance de los diferentes programas sociales, el impulso a la educación, el apoyo a todos los sectores sociales, la llegada de capitales y la generación de más empleos, además de mayor paz social.

Torres Sánchez aseguró que el estado mantiene “orden y gobernabilidad”

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), afirmó que San Luis Potosí cerró noviembre con uno de los meses más bajos en homicidios en los últimos años, registrando únicamente nueve casos frente a los 46 contabilizados en noviembre de 2024.

Torres Sánchez destacó que, a diferencia de entidades como Michoacán, Sinaloa, Guanajuato o Chiapas —donde las cifras de violencia siguen al alza—, en San Luis Potosí se ha logrado mantener “un comportamiento de mucho orden” gracias a la coordinación operativa entre los tres niveles de gobierno.

Según el funcionario, la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los municipios ha permitido realizar diagnósticos constantes y trabajar en el fortalecimiento de las policías locales. Además, recordó que el gobernador Ricardo Gallardo ha encabezado diversas reuniones de seguridad para revisar la situación en cada zona y reforzar estrategias.

En materia política, Torres Sánchez afirmó que la relación del Ejecutivo con los poderes del Estado y los partidos políticos se mantiene bajo un esquema de respeto y cooperación institucional. Esto será clave ante el escenario que se aproxima: la posible anticipación del inicio del proceso electoral por la reforma político-electoral, que podría arrancar en noviembre del próximo año.

“El objetivo es llegar a ese proceso con una ciudad ordenada, con gobernabilidad, comunicación con todos los sectores y una entidad transformada”, señaló el secretario, quien reiteró que la administración buscará mantener estabilidad rumbo al año electoral.

También lee: Sonia Mendoza urge a municipios a vigilar tiraderos clandestinos