mayo 26, 2026

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Xavier Nava y sus pendientes en el Ayuntamiento

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Juicios políticos, casos de corrupción y conflicto de interés, estos son los temas que arrastra el alcalde con licencia que ya buscar ser candidato a la gubernatura

Por: Redacción

Xavier Nava solicitó licencia de su cargo para contender por la gubernatura del estado, la cual fue aprobada el pasado sábado en sesión extraordinaria de Cabildo, en su lugar quedó el regidor Alfredo Lujambio; sin embargo, la administración navista deja varios temas a los que no ha dado respuesta o que están pendientes de resolverse.

 

JUICIOS POLÍTICOS CONTRA NAVA

En las comisiones de Gobernación y Justicia aún no han definido si procede la solicitud para hacer un juicio político contra Xavier Nava por no haber realizado una consulta indígena en la comunidad mixteca baja para la articulación del Plan del Centro de Población del Municipio y la creación del Instituto de Atención a Comunidades Indígenas.

Fuentes al interior del Congreso han adelantado a este medio que el expediente parece muy sólido, por lo que en breve podría proceder el juicio contra el precandidato panista. 

La falta cometida por el Ayuntamiento, le ha ganado críticas fuertes, pues como explicó el antropólogo León García Lam:

“Hay una violación sistemática de los derechos humanos de estas personas. Los derechos de los colectivos que se obtienen de ser formar parte de una comunidad indígena. En San Luis Potosí hay tres de ellas reconocidas oficialmente y son Mixteca baja, Mazahua y Triqui, han solicitado acceso a los derechos mínimos como ciudadanos potosinos como al agua, servicios públicos, a ser reconocidos y a no ser discriminados. Y el Ayuntamiento se los ha negado, no ha respetado estas condiciones básicas”.

 

CASO TERE CARRIZALES 

Ha pasado más de un año desde que Tere Carrizales, la ex oficial del Registro Civil, fuera desalojada con violencia de su centro de trabajo por policías de la capital, desde entonces ella no ha dejado de ser una de las críticas más fuertes del gobierno municipal, principalmente del secretario general Sebastián Pérez, y del alcalde con licencia. 

Carrizales hizo una solicitud de juicio político al Congreso, sin embargo, ya fue desechada, aun así, Tere se ha convertido en uno de los factores trascendentes en la vida pública de Nava, ya que ahora impulsa a otras personas, como los integrantes de la comunidad mixteca baja, que han sido víctimas de  arbitrariedades por parte del gobierno capitalino.

 

EL CAMPAMENTO DEL TERROR

En mayo de este año, La Orquesta reveló el negocio en el que están involucrados Rodrigo Portilla, tesorero municipal; Óscar Valle Portilla, director de Desarrollo Social Municipal (quien esta semana pidió licencia para incorporarse como coordinador de pre campaña de Xavier Nava) y Ricardo García Rojas Flores, director de Deporte Municipal. Se trata de la construcción de un campamento y hotel boutique que estará ubicado en la Sierra de Álvarez y que contará con una inversión de 50 millones de pesos, los cuáles no queda c laro de dónde procederán, ya que, de acuerdo a las declaraciones patrimoniales que ellos mismos presentaron, ninguno cuenta con recursos para llevar a cabo el proyecto.

Los funcionarios fueron denunciados ante la Vicefiscalía Anticorrupción del estado por los probables delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, uso ilícito de las facultades y atribuciones y lo que resulte. Ese proceso, en el que ha trascendido está involucrado Xavier Nava, sigue abierto.

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE CENTRO DE POBLACIÓN

El Plan de Centro de Población elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) para la capital potosina, es el proyecto que definirá cómo será el futuro de la ciudad, desde qué zonas pueden ser fraccionadas hasta en dónde deben colocarse las ciclovías. 

Xavier Nava, el Implan y un grupo de regidores identificados con el precandidato panista, pretendían que se aprobara antes de que pidiera licencia a la presidencia municipal, no obstante, la negativa de los ediles de oposición, entre ellos varios del PAN, impidieron que esto se llevara a cabo, ya que detectaron que en él existía conflictos de intereses, como que se autorizaba la construcción de un proyecto inmobiliario de 100 hectáreas con residencias de alto costo en el que participaban como inversionistas Eduardo y José Zendejas, padre y tío del secretario particular de Nava, Pablo Zendejas.

Otra de las polémicas vino porque también se contempló la construcción de un fraccionamiento en los terrenos de la antigua minera de Grupo México, cuyo abogado es Horacio Sánchez Unzueta, tío de Xavier Nava.

 

EL DESFALCO A LA TESORERÍA

Finalmente, uno de los pendientes más recientes de Xavier Nava es el desfalco que aparentemente cometió un ex empleado por 7.7 millones de pesos a la Tesorería

El tesorero Rodrigo Portilla afirmó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción, desde el 6 de noviembre de este año. Se detectaron 44 procesos por más de 7.7 millones de pesos, y en todos hubo falsificación de documentos, laudos laborales en los que además se falsificó la firma de la síndica Alicia Vázquez, y también falsificaron documentos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Se expidieron los cheques correspondientes para cumplir con el pago de esas ejecuciones, pero se identificó que el recurso está en cuentas de familiares de un exfuncionario, es decir, el recurso no está perdido, se sabe quién lo tiene, además se investiga si hay más situaciones fuera de la ley por parte de esta persona.

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Ni cacería ni periodistas: El riesgo de consagrar la calumnia anónima

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El periodismo se defiende con el método; la simulación destruye el derecho a saber

 

 

En los últimos días, San Luis Potosí se ha visto inmerso en un debate tan enconado como confuso tras la detención de personas vinculadas a diversas páginas de Facebook e involucradas en procesos del orden penal.

Mientras que las narrativas oficiales encuadran los hechos estrictamente en la persecución de delitos tecnológicos y comunes, diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión a nivel nacional e internacional han alertado de inmediato sobre una presunta “cacería” en contra de voces críticas.

Ante este escenario, este medio de comunicación fija una postura clara, rigurosa y desprovista de corporativismos: la libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos, pero el periodismo no puede ser utilizado como patente de corso ni como un escudo de impunidad para el anonimato calumnioso.

El periodismo no se define por el soporte tecnológico ni por el volumen de interacciones en una red social; el periodismo se define por su método.

Nuestra profesión descansa en la verificación factual, el contraste de fuentes, el apego a los géneros periodísticos —la nota, la crónica, el reportaje— y, sobre todo, en la responsabilidad ética y legal de firmar con nombre y apellido lo que se publica, garantizando siempre el derecho constitucional de réplica.

Confundir la gestión de comunidades digitales de ataque o la difusión anónima de contenidos sin sustento con el ejercicio de la prensa libre es un grave error de diagnóstico.

Cuando organizaciones defensoras de comunicadores omiten auditar la naturaleza y la responsabilidad editorial de los cascarones que defienden, terminan desprotegiendo al periodista real.

Lejos de salvaguardar el derecho a la información, se fomenta un ecosistema donde la denostación secreta queda blindada, dejando a la sociedad en la indefensión y diluyendo el valor de quienes arriesgan la vida ejerciendo el oficio de manera honesta y transparente.

Debemos entender que la desinformación no es solo mentira; es una arquitectura emocional, algorítmica y económica diseñada para capturar atención, polarizar sociedades y erosionar la confianza pública.

En nuestra región, este fenómeno es doblemente peligroso. La vulnerabilidad de San Luis Potosí y de toda Latinoamérica frente a la desinformación aumenta exponencialmente debido a la desigualdad educativa, la hiperpolitización, la concentración mediática, la dependencia tecnológica extranjera y el consumo masivo de información vía plataformas cerradas como WhatsApp, donde el origen de los datos se difumina y la rendición de cuentas desaparece.

Por ello, exigimos a las autoridades locales actuar con estricto apego a la legalidad, con total transparencia procesal y sin utilizar los tipos penales de forma selectiva u oportuna para silenciar disidencias legítimas.

Las causas penales ordinarias deben resolverse en los tribunales bajo el debido proceso, no en la arena del martirizadero mediático.

Al mismo tiempo, llamamos al gremio y a los colectivos de derechos humanos a una profunda autocrítica: defender la libertad de prensa exige, primero, saber distinguir el periodismo de la propaganda y de la difamación oculta. Validar la simulación solo acelera la degradación del debate público. El periodismo en San Luis Potosí se defiende con la verdad, con la metodología y de frente a la ciudadanía; nunca desde las sombras.

Hacerle creer a organismos nacionales e internacionales de protección al periodismo que Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el hasta ahora desconocido personaje de Christian Herrera —detenido por participar en el asalto a una farmacia— son “víctimas” de una persecución del Estado en su contra, es una medida oportunista sostenida en una narrativa tramposa, equivocada y peligrosa.

Equiparar a un medio de comunicación serio —con estructura, reporteros, directorio, ubicación física y registros legales ante la SHCP, el Indautor y el IMPI— con simples páginas o comunidades anónimas de Facebook, es un error gravísimo de criterio. Al proteger sin mayor contexto a personas que no ejercen la profesión ni sus métodos, las organizaciones internacionales desvirtúan su propio propósito, fomentando colateralmente la calumnia, la irresponsabilidad editorial y el impulso a las noticias falsas con autores ocultos.

Eso no es periodismo y, por lo tanto, no se le puede cobijar en los mismos términos.

El código penal potosino, desde el 2009, no resuelve los delitos contra el honor a través de la vía penal, sino por la vía civil. Por lo tanto, si la Fiscalía y el Poder Judicial de San Luis Potosí consideraron tener elementos para la integración de una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión de tipo penal con medidas precautorias, es claro que no se les acusa ni persigue como consecuencia de ningún acto relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.

De no ser así, y si los personajes mencionados fueron apresados arbitrariamente, sin procedimiento, sin una denuncia o bajo imputaciones de cárcel por delitos que no lo ameritan, entonces exigimos al Estado su inmediata liberación.

Pero si están respondiendo ante la ley por asaltar una farmacia, por fraudes o por cualquier otra conducta delictiva, demandamos que se les aplique la norma: que vayan a juicio, que ejerzan su derecho a la defensa y, de encontrarse culpables, se les castigue. Igual que a cualquier otro ciudadano, de forma rápida y expedita.

Ser reportero, periodista, o llamarse así a conveniencia, no es un manto protector ni un salvoconducto para estar por encima de la ley.

Por último, sobre la lista de diez o más reporteros contra los que se presume existen órdenes de aprehensión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes: al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, a sus mandos medios, a la titular de la institución y a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, para que expliquen públicamente cómo es que documentos de carácter reservado terminaron circulando en las redes.

No solo en este, sino en todos los casos, es un despropósito estructural que las investigaciones y órdenes de captura estén a disposición de los acusados o fluyan en listas informales escritas por cualquiera.

El Poder Judicial y la Fiscalía deben responder y aclarar esta filtración si es que responde a la verdad.

De otra forma y si se comprueba que no existen tales órdenes de aprehensión en contra de periodistas locales —argumento con el que se sostiene la narrativa de la “cacería”—, entonces la sociedad y autoridad debe exigir cuentas a los promotores de este engaño.

Manipular la opinión pública, saturar a la autoridad con solicitudes de amparo sin sustento real y utilizar tramposamente a los organismos protectores para generar un blindaje injustificado, es un acto de profunda irresponsabilidad.

Tengamos las cosas claras: El periodismo se firma; el delito se juzga.

Jorge Francisco Saldaña Hernández
Director General de LaOrquesta MX

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Atención profesional de autismo en Centro LIBEMOR

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LIBEMOR: Un espacio dedicado al desarrollo emocional de niñas y niños

Por: Redacción

Con el propósito de brindar un espacio y atención profesional al desarrollo emocional y neuropsicológico de niñas y niños potosinos, el Centro LIBEMOR abre sus puertas para ofrecer un enfoque integral y humano a la comunidad infantil que presenta y desarrolla algunas sintomatologías y otras relacionada con el Autismo, manifestó su Directora General Jessica Ivonne Díaz de León Bugdud.

Destacó la profesionista con maestría y diplomados en Atención Psicológica en el tratamiento y atención oportuna del Autismo, que la experiencia ha demostrado que vivimos en una sociedad donde muchos padres de familia se enteran de manera tardía de que alguno de sus hijos sufre y padece comportamientos derivados del Autismo.

Esto ha generado, señaló la profesionista, una relativa incorporación de niñas y niños al ámbito social y educativo. Jessica Díaz de León destacó que el autismo provoca aislamiento y comportamientos diferentes a los demás

, sin embargo, tratado en tiempo y forma, su inclusión o su adaptación al entorno social se desarrolla de manera sana y natural.

El nuevo Centro LIBEMOR, estará ubicado en Cañada de Ermita No. 108 en Lomas del Tecnológico en San Luis Potosí en horario de atención corrido a partir de las 9.00 horas y hasta las 20 hrs.

Este espacio de vínculo con la sociedad potosina, se pondrá en marcha a partir de las 11.00 horas AM del sábado 30 de mayo de este año y estarán presentes autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular SEER, así como directores, maestras, maestros y representantes de planteles educativos.

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Ayuntamiento de SLP

Encabeza Enrique Galindo las mejoras de la Colonia Obispado

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El alcalde acudió a supervisar la operación del pozo de agua potable, que con trabajos de mantenimiento incrementó la producción de agua

Por: Redacción

En la Colonia Obispado, el sitio 566 que visita el Programa Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una serie de trabajos para mejorar las condiciones de esa zona de la ciudad, además de escuchar y dar respuesta a peticiones de la población en materia de infraestructura y servicios.

Con el respaldo de los vecinos, trabajadores municipales hicieron labores de limpieza, poda de árboles y arreglo de áreas verdes, pintura de señalética y rehabilitación del alumbrado público, entre otras.

En un recorrido por la zona, Enrique Galindo acudió a supervisar la operación del pozo de agua potable, que con trabajos de mantenimiento incrementó la producción de agua de 34 a 38 litros por segundo, con lo que mejoró el abasto a esta y otras colonias aledañas.

Asimismo, en respuesta a la petición de varios vecinos, Galindo Ceballos giró instrucciones para que la Dirección de Obras Públicas atendiera problemas de bacheo en diversas calles de la colonia.

Durante la jornada, la Instancia Municipal de las Mujeres ofreció servicios de orientación y asesoría contra la violencia familiar; mientras que personal de la Secretaría de Seguridad Pública atendió peticiones para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos para mayor tranquilidad de las familias que habitan este sector de la Capital.

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