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Vía Alterna de SLP: seis años de polémica

El carretera que pretendía darle solución a los problemas viales de la Zona Industrial ha quedado a medio construir y el gobierno de Ricardo Gallardo acusa a los dueños de los terrenos
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General en el gobierno de Ricardo Gallardo, dio a conocer el pasado 27 de febrero que no se continuará la construcción de la llamada Vía Alterna a la Zona Industrial, que comprendería de la avenida Juárez al Eje 140, debido a que los propietarios de reservas territoriales, por donde cruza esa ruta, no han accedido a la liberación de los derechos de vía. Los conflictos por la construcción de esta ruta, crucial para el desarrollo de la ciudad, no son nuevos, ya que desde el 2017, empresarios potosinos solicitaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto y debido a los constantes retrasos nunca se pudo concluir.
Los conflictos de esta vía surgieron desde el 2017, cuando un grupo de empresarios manifestaron que la remodelación del Distribuidor Juárez planteada por Juan Manuel Carreras, ex gobernador del estado, no era algo prioritario, sino que era necesaria una alternativa para llegar a la carretera 57, que ayudara a desfogar el tráfico en la zona, por lo que propusieron una vía que conectara el Eje 140 y avenida Juárez, que tendría un costo de 500 millones de pesos. En febrero de ese año, Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí para evaluar las opciones. La presión se intensificó luego de que, en septiembre, Peña Nieto visitó el estado y anunció que el gobierno federal participaría en la obra, sin embargo, solo se habló que serían empresas potosinas las que arrancarían con los trabajos y que los proyectos eran viables por avenida Salk, avenida de Las Torres y avenida Juárez.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, luego de múltiples retrasos en el proyecto, el Gobierno del Estado solicitó mil 100 millones de pesos para la Vía Alterna en 2019; no obstante, no se incluyó en el presupuesto y el Gobierno del Estado buscó otras opciones de financiamiento y proyecto.
Finalmente, el 10 de junio de 2019, Carreras López afirmó que fue respaldado por el presidente López Obrador para la construcción de la ruta, por lo que se contemplaron dos proyectos: por la avenida Salk y la avenida Juárez.
Con el anuncio de los proyectos, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) interpuso en la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) un recurso de revisión en contra de la vía que pretendía construirse desde la avenida Juárez, pues señalaron que el trazo pasaba por una zona definida como Área Natural Protegida (ANP) del patrimonio paisajístico y de recarga, según el Plan del Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, del 2003.
Antes de terminar el 2019, Alfredo Lujambio, ex regidor de la administración de Xavier Nava, detalló que la obra por avenida Juárez ya tenía avances. Marcos Rosales, ex titular de la Junta Estatal de Caminos, dijo que esta vía quedaría concluida para el 2021 antes de que terminara la administración de Juan Manuel Carreras, no obstante, unos meses después se retractó dijo que la obra pasaría a la siguiente administración, aunque se dejaría un avance importante y el recurso garantizado.
Para 2020, aún no estaban garantizados los recursos de la federación y el diputado Hector Ramírez Konishi planteó la posibilidad de que fuera el sector privado el interesado en llevarla a cabo, pues existían cinco empresas asiáticas interesadas por poner plantas en el estado. Aseguró que en el proyecto de la vía alterna de la carretera 57 “no se toca ningún espacio del área protegida” y agregó que “esto solo pasa por las faldas del cerro no por las áreas protegidas”.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un estudió en el que reiteró que la superficie de la Sierra de San Miguelito que fue declarada como Área Natural Protegida, no afecta en nada el proyecto de construcción.
Durante ese año y pese a que no había aprobación del gobierno federal por la disputa de que sí esta ruta afectaba o no el ANP, Xavier Nava se adelantó e informó como un hecho que la vía alterna a la carretera 57 iría de Prolongación avenida Juárez al Eje 140, aunque eso debía esperar a la conformación del Plan del Centro de Población Estratégico y a que terminarán las consultas.
El presidente de México, el 6 de marzo de 2020, se comprometió para la construcción de Vía Alterna a la carretera 57 y en octubre arrancarían las obras, no obstante, fueron retrasadas nuevamente para marzo de 2021. Se debe agregar que hasta el mismo gobernador Carreras desconocía si la vía alterna era compatible con el hecho de que también se nombraría Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito, debido a que esta pasaba por el lugar.
Cuando arrancó la obra de la vía alterna los comuneros la bloquearon para continuar su construcción en varias ocasiones, pues manifestaban que esta tocaba un porcentaje importante de las tierras comunales. Se le debe agregar que también hubo paros por parte de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) quienes bloquearon la obra por más de dos meses.
Se contemplaba que la primera etapa de la vía quedaría concluida para diciembre de 2021 y el proyecto final se concretaría en 2024; sin embargo, con los bloqueos y paros, la primera etapa se contemplaba para 2023.
Ya para la gestión de Ricardo Gallardo, el gobierno del estado se comprometió a continuar con la construcción, pues contaba con mil 100 millones de pesos para realizarla. Aunque en octubre reconoció que esta se atrasaría. No fue hasta el 27 de febrero de 2023, que Guadalupe Torres confirmó que no procederá la ruta alterna a la carretera 57 debido a que los propietarios de reservas territoriales, por donde cruza esa ruta, no han accedido a la liberación de los derechos de vía.
Torres Sánchez afirmó que con esas condiciones, es poco probable que pueda continuar con financiamiento estatal o federal, por lo que el gobernador del estado optó por impulsar la construcción de un segundo piso en la carretera federal 57 y desahogar el tráfico en esa zona. Apuntó que sólo fueron desarrollados 5 kilómetros, en una primera etapa, pero no hay conexiones ni al eje 128 ni tampoco al 140, por lo que esa vía quedó prácticamente bloqueada.
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A dos años del asesinato de Sua, capturan a uno de los homicidas
La detención se da tras múltiples exigencias ciudadanas por justicia; el joven fue asesinado a las afueras de un antro en la zona de Tequis
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la captura de Brayan Guadalupe “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años asesinado la madrugada del 1 de mayo de 2023 a las afueras de un bar en avenida Carranza, en el barrio de Tequisquiapan.
De acuerdo con las investigaciones, Sua fue atacado por al menos dos personas con un arma blanca cuando salía de un centro nocturno, presuntamente al resistirse a un asalto. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas más tarde. El caso generó una fuerte movilización social, particularmente entre la comunidad juvenil, que exigió justicia y denunció la inacción de las autoridades.
Tras una larga espera, la Policía de Investigación (PDI) logró identificar y ubicar a uno de los presuntos agresores. La detención de Brayan Guadalupe “N” se realizó mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de San Luis Potosí, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. La audiencia inicial ya ha sido programada.
El caso Sua se convirtió en un símbolo del hartazgo juvenil ante la violencia en San Luis Potosí. A pocos días del asesinato, más de 700 personas firmaron un pliego petitorio dirigido a los gobiernos estatal y municipal, acusando: Ineficiencia en la investigación y omisión de las autoridades, revictimización de la familia y minimización del crimen, falta de presencia policial en zonas de alto riesgo y ausencia de protocolos de seguridad en centros nocturnos.
El homicidio ocurrió a tan solo una cuadra del inmueble conocido como el “Nido del Crimen”, una casa abandonada en la avenida Carranza 905, señalada por vecinos como refugio de delincuentes y epicentro de múltiples delitos. La comunidad vecinal denunció años de omisión gubernamental frente al deterioro de la seguridad en la zona.
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Dos municipios en foco rojo por incumplir exámenes de confianza
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mencionó que Villa de Reyes y Matehuala han evidenciado a policías municipales sin requerimientos para su función
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han acudido a los municipios a realizar las evaluaciones de control y confianza a las corporaciones de seguridad pública en los municipios.
Derivado de ello, han resaltado los casos de Villa de Reyes y Matehuala, en los que se han tomado medidas para el cese de elementos no aptos para su función pública, o llamados directos a los presidentes municipales.
En el caso de Matehuala, recordó que hace un par de días se realizó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que se le hizo la recomendación al presidente municipal, Raúl Ortega, para continuar con la limpieza de sus policías municipales, ante lo que el alcalde camelense ha mostrado la disposición de actuar. Mientras que en Villa de Reyes se evidenció la situación de su director de Policía municipal, que dio positivo al consumo de sustancias no aptas para el desempeño de su función.
Gallardo Cardona enfatizó que al inicio de su administración, las corporaciones municipales se comprometieron a evaluar a todos sus elementos municipales. Sin embargo, al no hacerlo, la acción del Ejecutivo ha sido realizar estas pruebas municipio a municipio con el objetivo de hacer cumplir la ley y como parte de la profesionalización de los elementos.
Finalmente, el gobernador del estado recordó que la SSPCE continuará estas evaluaciones a los municipios de manera sorpresiva, para no alertar a las corporaciones, en las que se realizan los exámenes toxicológicos y de polígrafo, y al momento se les entrega una certificación que les indica si son capaces de desempeñar su función o deben someterse a lo que mandate la autoridad.
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Matrimonios temporales… ¿en SLP?
Esta es la iniciativa que discute el Congreso de Jalisco, pero ¿qué tan viable sería un contrato de convivencia civil de 2 a 5 años en la entidad potosina?
Por: Redacción
Enrique Velazquez, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa a la legislatura local de aquella entidad para agregar la figura de “matrimonio por tiempo determinado”. Una iniciativa que pretende replantear el concepto del matrimonio entre las nuevas generaciones, como un método de adecuar las leyes civiles a las nuevas formas de unión civil de las parejas, además de reducir los costos económicos, legales y emocionales ante los divorcios.
Ante esta iniciativa, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera necesario el análisis d el contexto social en la entidad potosina antes de abordar una iniciativa de esa magnitud en nuestro estado.
El legislador remarcó que el matrimonio es un contrato, por lo que hacerlo efectivo por un periodo determinado de tiempo lo consideró inviable para San Luis Potosí. No obstante, enfatizó que este tema debe analizarse para considerar una iniciativa similar en el estado.
“Habrá que leer esta propuesta del Congreso de Jalisco, pero está sujeto a interpretaciones. Habrá que analizarla, ver las condiciones que existen en San Luis Potosí, pero de entrada aquí no se ha visto nada de ese tema”, mencionó.
La iniciativa del diputado jalisciense contempla matrimonios temporales, mediante un contrato de convivencia civil con vigencia de entre 2 y 5 años. Algunos puntos destacados son la opción de las parejas a renovar su vínculo, modificar los términos, o disolverlo sin necesidad de un proceso judicial complejo.
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