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Vía Alterna de SLP: seis años de polémica
El carretera que pretendía darle solución a los problemas viales de la Zona Industrial ha quedado a medio construir y el gobierno de Ricardo Gallardo acusa a los dueños de los terrenos
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General en el gobierno de Ricardo Gallardo, dio a conocer el pasado 27 de febrero que no se continuará la construcción de la llamada Vía Alterna a la Zona Industrial, que comprendería de la avenida Juárez al Eje 140, debido a que los propietarios de reservas territoriales, por donde cruza esa ruta, no han accedido a la liberación de los derechos de vía. Los conflictos por la construcción de esta ruta, crucial para el desarrollo de la ciudad, no son nuevos, ya que desde el 2017, empresarios potosinos solicitaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto y debido a los constantes retrasos nunca se pudo concluir.
Los conflictos de esta vía surgieron desde el 2017, cuando un grupo de empresarios manifestaron que la remodelación del Distribuidor Juárez planteada por Juan Manuel Carreras, ex gobernador del estado, no era algo prioritario, sino que era necesaria una alternativa para llegar a la carretera 57, que ayudara a desfogar el tráfico en la zona, por lo que propusieron una vía que conectara el Eje 140 y avenida Juárez, que tendría un costo de 500 millones de pesos. En febrero de ese año, Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí para evaluar las opciones. La presión se intensificó luego de que, en septiembre, Peña Nieto visitó el estado y anunció que el gobierno federal participaría en la obra, sin embargo, solo se habló que serían empresas potosinas las que arrancarían con los trabajos y que los proyectos eran viables por avenida Salk, avenida de Las Torres y avenida Juárez.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, luego de múltiples retrasos en el proyecto, el Gobierno del Estado solicitó mil 100 millones de pesos para la Vía Alterna en 2019; no obstante, no se incluyó en el presupuesto y el Gobierno del Estado buscó otras opciones de financiamiento y proyecto.
Finalmente, el 10 de junio de 2019, Carreras López afirmó que fue respaldado por el presidente López Obrador para la construcción de la ruta, por lo que se contemplaron dos proyectos: por la avenida Salk y la avenida Juárez.
Con el anuncio de los proyectos, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) interpuso en la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) un recurso de revisión en contra de la vía que pretendía construirse desde la avenida Juárez, pues señalaron que el trazo pasaba por una zona definida como Área Natural Protegida (ANP) del patrimonio paisajístico y de recarga, según el Plan del Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, del 2003.
Antes de terminar el 2019, Alfredo Lujambio, ex regidor de la administración de Xavier Nava, detalló que la obra por avenida Juárez ya tenía avances. Marcos Rosales, ex titular de la Junta Estatal de Caminos, dijo que esta vía quedaría concluida para el 2021 antes de que terminara la administración de Juan Manuel Carreras, no obstante, unos meses después se retractó dijo que la obra pasaría a la siguiente administración, aunque se dejaría un avance importante y el recurso garantizado.
Para 2020, aún no estaban garantizados los recursos de la federación y el diputado Hector Ramírez Konishi planteó la posibilidad de que fuera el sector privado el interesado en llevarla a cabo, pues existían cinco empresas asiáticas interesadas por poner plantas en el estado. Aseguró que en el proyecto de la vía alterna de la carretera 57 “no se toca ningún espacio del área protegida” y agregó que “esto solo pasa por las faldas del cerro no por las áreas protegidas”.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un estudió en el que reiteró que la superficie de la Sierra de San Miguelito que fue declarada como Área Natural Protegida, no afecta en nada el proyecto de construcción.
Durante ese año y pese a que no había aprobación del gobierno federal por la disputa de que sí esta ruta afectaba o no el ANP, Xavier Nava se adelantó e informó como un hecho que la vía alterna a la carretera 57 iría de Prolongación avenida Juárez al Eje 140, aunque eso debía esperar a la conformación del Plan del Centro de Población Estratégico y a que terminarán las consultas.
El presidente de México, el 6 de marzo de 2020, se comprometió para la construcción de Vía Alterna a la carretera 57 y en octubre arrancarían las obras, no obstante, fueron retrasadas nuevamente para marzo de 2021. Se debe agregar que hasta el mismo gobernador Carreras desconocía si la vía alterna era compatible con el hecho de que también se nombraría Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito, debido a que esta pasaba por el lugar.
Cuando arrancó la obra de la vía alterna los comuneros la bloquearon para continuar su construcción en varias ocasiones, pues manifestaban que esta tocaba un porcentaje importante de las tierras comunales. Se le debe agregar que también hubo paros por parte de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) quienes bloquearon la obra por más de dos meses.
Se contemplaba que la primera etapa de la vía quedaría concluida para diciembre de 2021 y el proyecto final se concretaría en 2024; sin embargo, con los bloqueos y paros, la primera etapa se contemplaba para 2023.
Ya para la gestión de Ricardo Gallardo, el gobierno del estado se comprometió a continuar con la construcción, pues contaba con mil 100 millones de pesos para realizarla. Aunque en octubre reconoció que esta se atrasaría. No fue hasta el 27 de febrero de 2023, que Guadalupe Torres confirmó que no procederá la ruta alterna a la carretera 57 debido a que los propietarios de reservas territoriales, por donde cruza esa ruta, no han accedido a la liberación de los derechos de vía.
Torres Sánchez afirmó que con esas condiciones, es poco probable que pueda continuar con financiamiento estatal o federal, por lo que el gobernador del estado optó por impulsar la construcción de un segundo piso en la carretera federal 57 y desahogar el tráfico en esa zona. Apuntó que sólo fueron desarrollados 5 kilómetros, en una primera etapa, pero no hay conexiones ni al eje 128 ni tampoco al 140, por lo que esa vía quedó prácticamente bloqueada.
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Ciudad
TEESLP confirma expulsión de Enrique Galindo del PRI
Detallaron que los argumentos del alcalde fueron considerados infundados
Por: Redacción
El Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) confirmó por unanimidad la expulsión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que sus argumentos de defensa eran infundados e improcedentes.
La resolución, respaldada por los magistrados Denisse Porras, Nicolás Juárez y Gerardo Muñoz, determinó que los agravios señalados por el alcalde capitalino carecían de sustento legal.
El TEESLP concluyó que la Comisión Estatal y Nacional de Justicia Partidaria del PRI actuó conforme a derecho y no vulneró las garantías de audiencia ni el debido proceso de Galindo Ceballos. A pesar de que el exmilitante argumentó que no fue debidamente notificado sobre el procedimiento en su contra, el tribunal encontró pruebas suficientes de que sí fue informado y tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, aunque optó por no comparecer.
El análisis del caso reveló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria siguió las formalidades necesarias para garantizar el derecho de audiencia dentro del procedimiento sancionador. La resolución, dictada el 5 de diciembre de 2024, fue considerada debidamente fundada y motivada, conforme a lo establecido en el expediente.
Además de ratificar la expulsión de Galindo Ceballos, el Tribunal Estatal Electoral tomó la decisión de acumular diversas impugnaciones relacionadas con los Comités de Evaluación encargados del proceso de renovación de jueces en el Poder Judicial.
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TEESLP ha recibido más de 30 impugnaciones contra elección judicial
Los casos son, en su mayoría, porque los aspirantes no fueron notificados de las razones para ser elegibles en cualquiera de los tres comités
Por: Redacción
Denisse Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), dio a conocer que se han presentado más de 30 impugnaciones contra el proceso electoral judicial en la entidad potosina.
La titular de este órgano explicó que se trata, en su mayoría, de casos en que los aspirantes no recibieron un dictamen por parte de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, que argumente por qué fueron excluidos de las listas de elegibilidad o mejor evaluados.
Otros casos han sido contra los procesos de insaculación pública por tómbola, donde se sortearon a los candidatos que aparecerán en las boletas.
“Están impugnando las listas de mejor evaluados, el proceso de insaculación y su exclusión de las últimas listas que ya fueron enviadas a la autoridad electoral”, explicó la magistrada.
La magistrada presidenta del TEESLP dijo que no se puede ordenar la repetición de los procesos de selección de candidatos, pero sí se puede ordenar reintegrar aspirantes a las listas de candidaturas.
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“Exceso”, sometimiento de escolta a ciclista en Carranza
El secretario Guadalupe Torres Sánchez reconoció la reacción de las autoridades de seguridad estatal y federal ; “el portar armas sin licencia ya es de por sí un delito”
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sanchez, secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, se pronunció sobre la detención de un presunto escolta que sometió a un ciclista por estacionarse en la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza, y calificó esta acción como un exceso por parte del supuesto elemento de seguridad personal.
“Sin lugar a duda es un exceso. El ciclista, conforme a la información que tenemos, no estaba más que haciendo el señalamiento a las personas que estaban estacionadas, de que estaban obstruyendo una vialidad exclusiva para ellos que es la ciclovía”, compartió el funcionario estatal.
El secretario General de Gobierno estatal dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y pese a que se habla de una denuncia por parte del ciclista, la detención efectuada por la Guardia Civil Estatal (GCE) arrojó la portación de armas de fuego no comprendidas en la licencia presentada, lo que por sí solo constituye un delito.
“Hubo una denuncia sin embargo desde el momento en que hay un civil armado sin contar con las licencias, eso ya es un ilícito que no requiere una denuncia previa”.
Finalmente, Torres Sánchez dijo que se tuvo contacto con el diputado federal, quien supuestamente era escoltado por el agresor del ciclista: “asegura que eso no es cierto, sin embargo, independientemente de ello vamos a continuar con la investigación”.
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