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SLP: el primer estado que reconoció el derecho de las mujeres a votar

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Este año el voto femenino cumplió 98 años de existencia en San Luis Potosí y para celebrarlo repasamos la historia de esta lucha en México y el mundo

Por: Itzel Márquez

A pesar de que actualmente, en México, está garantizado que toda ciudadana puede votar y ser votada, esto no siempre fue así y en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir, San Luis Potosí juega un papel fundamental, ya que fue el primer estado de la República en asegurar el voto femenino, esto en 1923, tres décadas antes de que se generalizara a nivel federal.

El sufragio es un derecho universal para expresar la opinión de los ciudadanos en torno a quién quiere que los represente en la toma de decisiones; sin embargo, no siempre ha sido equitativo.

A nivel mundial, el voto femenino comenzó Estados Unidos, cuando en 1869, el estado de Wyoming, aprobó el sufragio femenino; mientras que en febrero de 1918 se aprobó la ley que daba a las mujeres el derecho de expresar su opinión en las urnas a las mujeres mayores de 30 años y a los hombres de más de 21. En julio de 1928 fue igualada la edad de voto entre hombres y mujeres, en una sesión parlamentaria en la que estuvieron presentes las impulsores de la iniciativa, Fawcett y Despard, de 81 y 84 años, Despard dijo: “jamás pensé que vería la concesión del voto. Pero cuando un sueño se hace realidad, hay que ir a por el siguiente”.

San Luis Potosí fue el estado pionero en instituir en el voto femenino: el ocho de enero de 1923 la XXVII Legislatura del Congreso expidió el Decreto 103, con el cual modificó la Ley Electoral con el objetivo de reconocer a las mujeres como “electores con derecho a ser inscritas en el censo electoral”; dicha iniciativa la presentó Rafael Nieto Compeán, entonces gobernador de San Luis Potosí. En ella se permitía a las mujeres leer y escribir, para que pudieran expresar su opinión en las elecciones municipales de 1924 y estatales de 1925.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953, treinta años después, cuando a nivel nacional se aprobó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cargos de elección popular; sin embargo, la lucha comenzó tiempo atrás.

En 1910 el club femenil “Las Hijas de Cuauhtémoc” se unió a Francisco I. Madero en su camino a contender por la presidencia y tiempo después, el 13 de enero de 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista; uno de sus acuerdos principales fue pugnar por el voto femenino.

Un año después, en 1917 en el Constituyente Permanente fue reconocida la igualdad entre hombres y mujeres en un contexto laboral, bajo el lema: “A trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexos”.

Ahora bien, en la Administración de Lázaro Cárdenas el Congreso de la Unión dio luz verde a una iniciativa con la cual otorgó el derecho al voto de la mujer, la cual también contemplaba que pudieran aspirar a cargos de elección popular; sin embargo, fue hasta el gobierno de Miguel Alemán, que en 1947 se publicó la reforma al Artículo 115 constitucional, en donde podía leerse: “en las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

Finalmente, fueron los comicios del tres de julio de 1955 en donde por primera vez las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto en elecciones federales para elegir a los miembros del Congreso de la Unión; la primer mujer en ejercer su voto fue María Izaguirre Ruiz Cortines.

Ya el tema de postular mujeres a cargos de elección popular es otra historia, pues si bien se luchó por ambos derechos a la par, el segundo fue reconocido y ejercido con algo de retraso.

En 1922 fue cuando Elvira Carrillo, líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, figuró como la primera candidata electa al Congreso de Yucatán, ese cargó lo desempeñó entre 1922-1924; lo abandonó por amenazas de muerte.

Mientras tanto, en 1954 Aurora Jiménez Palacios fue la primera diputada federal por el Distrito I de Baja California; rindió protesta ante la XLII Legislatura el 7 de septiembre de ese año.

Además, en 1967, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convierten en las primeras senadoras del país, por Sonora y Campeche; Urbina fue presidenta del Senado.

De 1979 a 1985, México tuvo su primera gobernadora: Griselda Álvarez Ponce de León en Colima.

Algunos años después, en 1988 Rosario Ibarra fue la primera candidata presidencial en México; en 1988 fue postulada por segunda ocasión por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Entre 2015 y 2021, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano fue la primera gobernadora de Sonora.

En las elecciones de julio de 2018, fueron electas dos mujeres para la gubernatura de la Ciudad de México y Puebla, para los periodos 2018-2024, Claudia Sheinbaum y Martha Erika Alonso.

En este tema, Erika Velázquez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) comentó “no me sorprende que este haya sido el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho de votar, pues las potosinas siempre hemos sido muy organizadas y participativas.”

En cuanto a la situación en la política actual de las mujeres, Erika Velázquez dijo: “ya la ley está muy ´bonita´, se supone que vivimos en un mundo con igualdad, todos nos respetamos, pero la realidad es otra, se vio una serie de descalificaciones y violencia contra las precandidatas a la gubernatura, lo cual es señal de que el machismo sigue presente en el país y no lo gusta que las mujeres tengamos oportunidades de participar”.

Por otro lado, la directora del IMES recalcó la labor que lleva a cabo el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde velan por los derechos de las potosinas para participar en la vida pública y las asesoran si han sufrido violencia política para encauzar su queja con el Ceepac, el INE, la CEDH, el IMES o el Tribunal Electoral.

Además, la funcionaria mencionó que este observatorio está integrado por distintas instancias y la presidencia se rota; actualmente lo preside el IMES y entre las actividades que llevan a cabo se encuentran capacitaciones, seguimiento de casos de violencia política y actualmente una campaña informativa en redes sociales para prevenir la violencia política.

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Gallardo anunció que blindará fronteras con Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Zacatecas

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Esta semana el presidente López Obrador anunció que enviará a 4 mil elementos de seguridad a Zacatecas, por lo que se teme un efecto cucaracha

Por: Karina González

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reveló que se prepara un fuerte operativo de seguridad para evitar el “efecto cucaracha” por las principales colindancias con los estados más violentos del país, toda vez que el gobierno federal anunció que se enviarán 4 mil elementos del ejército y la Guardia Nacional a Zacatecas para erradicar la delincuencia organizada.

El mandatario explicó que se está tratando de blindar la Huasteca sur en las colindancias con Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Zacatecas, “es importante poner una barrera” dijo y detalló que ya se enviaron 150 elementos de la policía a la frontera de Salinas de Hidalgo y Villa de Ramos para hacer frente al impacto que podría tener el combate a la delincuencia que se aplicará en Zacatecas.

“Porque va a entrar con todo el ejército en Zacatecas van a llegar 4 mil elementos y no queremos que ese “efecto cucaracha” haga terminen refugiándose en San Luis Potosí, vamos a trabajar fuerte con esas dos barreras en Salinas y Villa de Ramos y la de la huasteca sur”, indicó.

Gallardo recordó que pese a que en San Luis Potosí se redujo un 22 por ciento la incidencia delictiva desde septiembre 26 cuando asumió el cargo de gobernador, según la Secretaría de Seguridad Pública Nacional; en el top de los estados con mayores problemas de inseguridad se ubican Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua de los cuales, tres colindan con la entidad potosina.

“Es lo que debemos cuidar porque puede causar que al momento que los ataquen se refugien en San Luis Potosí”, sostuvo.

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Enrique Galindo ofreció disculpas a Tere Carrizalez

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La ex oficial del Registro Civil aseguró que el alcalde está en la disposición de reparar el daño que sufrió durante el gobierno de Xavier Nava

Por: Itzel Márquez

Ayer por la tarde, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, ofreció una disculpa pública a Míriam Valentina y Jana, quienes fueron violentadas durante la gestión del ex alcalde Xavier Nava; sin embargo, otro caso de violencia de género durante dicha gestión fue el Tere Carrizales, quien fue desalojada de forma violenta de su puesto en el Registro Civil por elementos de la Policía Municipal. La afectada mencionó que el alcalde ya se disculpó con ella de forma privada y ha dado órdenes de que su situación sea atendida.

“Creo que esta disculpa pública (a Valentina y Jana) es una muestra de la voluntad del alcalde para reparar errores del hechos pasados, pero más que la disculpa, lo que significa es el compromiso de que estos hechos aberrantes no se vuelvan a repetir”, mencionó Carrizales.

La afectada añadió que Enrique Galindo tiene la disposición y sabe el costo que tuvo que Xavier Nava permitiera estas acciones, lo cual hace pensar que no permitirá que se repitan: “tengo entendido que así como conmigo, ha estado en mesas de trabajo con los comerciantes violentados y con las comunidades indígenas, si bien es cierto que, a mi parecer tiene funcionarios que antes no han demostrado un compromiso real con derechos humanos, tengo esperanza que sabrá imponerse”.

En cuanto a la investigación de su caso, en el que aún falta confirmar quién dio la orden de desalojarla, ella mencionó que ahora sí avanza: “sin Federico Garza, sin Juan Manuel Carreras y sin Xavier Nava en el poder, por fin va avanzando, sobre todo para señalar y vincular a proceso a los autores intelectuales”.

Finalmente, Carrizalez agregó que hay buenas posibilidades de saber quién estuvo detrás de la agresión que sufrió: “Edgar Jiménez Arcadia (ex director de la Policía Municipal) está dispuesto a declarar toda la verdad sobre ese día, Derechos Humanos tiene pendiente una queja en contra de Xavier Nava y Sebastián Pérez, la cual está detenida desde septiembre de 2020, por fin el martes la reanudaron; además, son conocidas las irregularidades en la dirección del Registro Civil de Luz María Lastras que me dieron la razón en la confabulación hacia mí después de denunciarlos públicamente. La Contraloría Municipal tiene la disposición de coadyuvar con la investigación, la justicia es lenta, pero tengo fé en que algo pasará”.

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

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