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SLP, el estado con mayor cantidad de jornaleros… pero sin seguro social
Incluso la CNDH duda de Sedesol, pues entre 2015 y 2016 la cifra de jornaleros locales se redujo casi un 70 por ciento; tampoco no hay registro de sus centros de trabajo
Por: Redacción
San Luis Potosí es uno de los once estados que tienen un porcentaje de trabajadores agrícolas superior al promedio nacional. En el estado, 14.9 por ciento del total de la población ocupada se dedican al campo, mientras que el promedio nacional es de 10.7 por ciento.
Además, es uno de los siete estados del país con más empleados eventuales del campo con más asegurados en el Seguro Social, con 10 mil 223 personas al cierre de 2017. En 2016 la cifra fue de 9 mil 204 y de 9 mil 163 en 2015.
Pese a ser uno de los estados con más inscripciones, la cifra de jornaleros asegurados es mínima, pues de acuerdo a la Recomendación General 36 / 2019 de la CNDH Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México, representó en 2017 apenas una tercera parte de los trabajadores del campo en el país.
Sin embargo, la cifra está en duda por la propia CNDH, pues según los datos proporcionados por la entonces conocida como Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, en 2015 la “población potencial jornalera” del estado era de 126 mil 861 personas potosinas y de 26 mil 366 migrantes.
Para el año siguiente, el número de jornaleros locales identificados por la Sedesol fue de solo 38 mil 676 locales y 8 mil 627 migrantes y de 31 mil 493 locales y 7 mil 25 migrantes para 2017.
Esto significa que, en 2016, el número de jornaleros locales en San Luis Potosí bajó 69.5 por ciento 
Para 2017, la bajada fue de 18.5 por ciento en ambas categorías, en comparación con 2016.
Según la CNDH, la Sedesol no explicó las razones o causas que, de ser el caso, justifiquen esa estrepitosa baja, que se dio en todo el país. CNDH además explicó que no existe un desglose por edad y tampoco si la migración es interna o extranjera.
Ese escaso número de protección social para trabajadores agrícolas es aún más grave si se toma en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo, el 50 por ciento de todos los accidentes laborales que cuestan vidas tienen como víctimas a personas que laboran en el campo.
Según el informe de CNDH, la carencia de seguridad social en el trabajo agrícola se debe a que son empleos temporales y sin contratos formales.
El informe de CEDH, sin embargo, menciona que el 51.5 por ciento de las Autoridades del Trabajo no informó o no realizó acciones para la detección, identificación y registro de los centros de trabajo agrícolas. Entre ellas se encuentra La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, que fue una de las 10 entidades con esta carencia.
En seis de esos estados se concentra el 32.1 por ciento del total de personas ocupadas como trabajadoras y trabajadores agrícolas de todo el país: Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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