noviembre 18, 2026

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SLP capital se mantiene en el top ten de la estadística feminicida en México

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estadística feminicida

Aunque la Fiscalía eliminó tres asesinatos que habían sido tipificados como feminicidio, la capital sigue en los primeros lugares de la estadística feminicida a nivel nacional

Por El Saxofón

La Fiscalía General del Estado (FGE) eliminó tres asesinatos de mujeres que inicialmente habían sido tipificados como feminicidios, con lo cual el  número de crímenes contra mujeres por razones de género en San Luis Potosí, se redujo de 19 contemplados en agosto a solo 16 en septiembre, según las estadísticas que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con base en la información que aportan las fiscalías estatales.

Según el reporte de incidencia delictiva de septiembre de 2019, San Luis Potosí fue una de las entidades que actualizó sus datos de incidencia delictiva, dicha actualización consistió, principalmente, en sacar de la estadística de feminicidios tres asesinatos de mujeres.

Los tres asesinatos que fueron desclasificados como feminicidios, ocurrieron en enero, febrero y mayo. Esto se deduce del hecho de que según la estadística de agosto, en cada uno de estos tres meses, se habrían registrado 3 feminicidios, mientras que en la actualización de septiembre, ya solo aparecen con dos.

Queda por ver, específicamente, cuales fueron esos asesinatos, y cuáles las razones por las que, la autoridad judicial, determinó que no se configuró el delito de feminicidio.

Pese a ello San Luis Potosí capital, con 8 feminicidios cometidos en su territorio, sigue entre los primeros 10 municipios del país con mayor número de asesinatos de mujeres por razones de género en lo que va del año, ubicándose en la posición número 9; mientras tanto el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, se ubica en el lugar número 73 entre los cien municipios del país con más feminicidios, al registrar 3 de estos crímenes.

En septiembre, la Fiscalía General del Estado no reportó al SESNSP ningún feminicidio. No obstante, el día 25 de este mes, en el municipio de Villa de Ramos, dos mujeres fueron asesinadas en su vivienda por un sujeto desconocido. Todo parece indicar que el doble asesinato se investiga bajo la figura de homicidio doloso, y no como feminicidio.

Vecinos de las víctimas reportaron que el asesino ingreso en el domicilio y disparó contra ambas mujeres, madre e hija, de 49 y 29 años, respectivamente, y huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

Mientras la fiscalía reduce las cifras, los asesinatos de mujeres siguen siendo una realidad, en fechas recientes, hubo dos víctimas más cuya investigación inició bajo el protocolo de feminicidio.

La mañana del miércoles 23 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de una niña de 12 años, estudiante de secundaria. El hallazgo ocurrió en la calle Manuel José Othón, en las inmediaciones de la purificadora de agua “La Sultana”, en el barrio de El Carmen, en Tamazunchale.

El cuerpo de la menor, quien vestía uniforme de la escuela donde cursaba sus estudios, fue descubierto por algunas personas y de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

Por estos hechos, el viernes 25 la Fiscalía General del Estado, reportó la detención de dos sujetos como presuntos responsables del atroz crimen.

El mismo viernes 25 por la mañana, un hombre mató a su pareja tras una discusión en la colonia Los Molinos.

Los hechos ocurrieron en la calle Dulcinea, cerca de Los Castillo, donde de acuerdo con la información recabada, se encontraba un vehículo Volkswagen Jetta color blanco, a bordo del cual una pareja sostuvo una discusión.

Según los reportes de prensa, testigos de los hechos afirman que el hombre estranguló a la mujer de 30 años de edad y al ver que estaba inconsciente la dejó abandonada, a un costado de una finca, para luego huir con rumbo desconocido.

Paramédicos acudieron al sitio y trataron de auxiliar a la mujer pero ésta ya no presentaba signos vitales.

Mujeres víctimas de homicidio doloso

Tras el ajuste de la Fiscalía General del Estado a las cifras de feminicidios en la entidad, el número de homicidios dolosos que tuvieron como víctimas a mujeres, subió de 12 en agosto a 17 en septiembre, según el Informe de Violencia contra Mujeres, que cada mes pública el SESNSP.

Este incremento incluye los dos asesinatos de mujeres cometidos en Villa de Ramos, y los tres que primeramente habían sido tipificados como feminicidios.

Para no olvidar: Mujeres asesinadas en enero, febrero y mayo

Como se dijo anteriormente, los presuntos feminicidios que la Fiscalía sacó de la estadística, ocurrieron en enero, febrero y mayo, sin embargo, se desconoce cuales fueron específicamente aquellos que ahora pasan a engrosar la estadística de homicidios dolosos

.

Para no olvidar, estos fueron los asesinatos de mujeres ocurridos en esos meses:

Enero

1.- La tarde noche del 10 de enero, en un domicilio de la calle Francisco I. Madero en la comunidad de la Providencia, perteneciente al municipio de Santo Domingo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 58 años de edad. El presunto asesino fue su pareja. Al parecer no ha sido detenido.

2.- El 20 de enero una mujer fue asesinada en una vivienda del barrio de Tequisquiapan, en la calle de Albino García, en San Luis Potosí capital. Según las primeras indagatorias la mujer discutió con su marido, éste sacó un cuchillo con el cual la atacó por la espalda y en el cuello, provocándole la muerte. El agresor fue detenido en el lugar.

3.- El 28 de enero, alrededor de las 00:48 horas,  sobre el camino que conecta Montecillos y El Consuelo, en el fraccionamiento Las Fincas, en Ciudad Valles, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, de entre 25 y 30 años de edad, el cual yacía en el suelo y a simple vista presentaba lesiones por arma de fuego en la cabeza. No hay detenidos, ni se ha identificado al presunto responsable.

Febrero

1.- La madrugada del 17 de febrero, en Santa María del Río, una mujer fue asesinada con una arma blanca por su pareja sentimental tras una discusión. El sujeto fue detenido días después.

2.- La mañana del 22 de febrero, en la calle Corregidora, de la comunidad de Maravillas, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, al parecer por disparo de arma de fuego en el rostro. Algunos reportes periodísticos asentaron que la Fiscalía tenía datos sólidos para dar con el o los asesinos, pero hasta la fecha esto no ha ocurrido.

3.- En febrero según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una mujer fue víctima de feminicidio en Ciudad del Maíz. El caso no fue consignado en la prensa. La Fiscalía tampoco informó del suceso. El único dato que aportan las estadísticas de incidencia delictiva municipal del SESNSP es que el asesinato se cometió con arma de fuego. Como es de suponer tampoco hay ningún detenido.

Mayo

1.- El 13 de mayo en un domicilio ubicado en Acceso Norte, en la Calle San Francisco, policías municipales de Soledad localizaron el cadáver de una mujer de 21 años de edad. El cuerpo presentaba señales de violencia y ya se encontraba en estado de descomposición.

Vecinos de la fallecida señalaron a la pareja sentimental de la víctima como presunto responsable, sin embargo, por este caso no hay ningún detenido.

2.- El segundo feminicidio del este mes ocurrió el día 21, en Villa de Zaragoza, en la comunidad de Parada del Zarcido, la fiscalía reportó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento.

3.- Según las estadísticas municipales del SESNSP, en mayo se registró un feminicidio más, éste en Ciudad Valles. Las estadísticas del SESNSP indican que se cometió con arma blanca. Al parecer este hecho no fue consignado por la prensa, tampoco hay ningún presunto responsable detenido.

Cabe resaltar que en todos los casos parece configurarse el delito de feminicidio, pues en algunos hay relación entre las víctimas y los victimarios, y en otros los cuerpos sin vida fueron expuestos en la vía pública.

Panorama nacional

Las diez ciudades con mayor número de feminicidios en el país, cometidos en lo que va de 2019, hasta el mes de septiembre, son: Monterrey, Nuevo León (13), Culiacán, Sinaloa (13), Ciudad Júarez, Chihuahua (12), Xalapa, Veracruz (11), Guadalajara, Jalisco (9), Centro, Tabasco (9), Coatzacoalcos, Veracruz (9), Iztapalapa, Ciudad de México (8), San Luis Potosí, SLP (8), y Nogales, Sonora (8).

También lee: Antimonumenta, el memorial para recordar víctimas de feminicidio en SLP

Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa

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