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SLP capital se mantiene en el top ten de la estadística feminicida en México
Aunque la Fiscalía eliminó tres asesinatos que habían sido tipificados como feminicidio, la capital sigue en los primeros lugares de la estadística feminicida a nivel nacional
Por El Saxofón
La Fiscalía General del Estado (FGE) eliminó tres asesinatos de mujeres que inicialmente habían sido tipificados como feminicidios, con lo cual el número de crímenes contra mujeres por razones de género en San Luis Potosí, se redujo de 19 contemplados en agosto a solo 16 en septiembre, según las estadísticas que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con base en la información que aportan las fiscalías estatales.
Según el reporte de incidencia delictiva de septiembre de 2019, San Luis Potosí fue una de las entidades que actualizó sus datos de incidencia delictiva, dicha actualización consistió, principalmente, en sacar de la estadística de feminicidios tres asesinatos de mujeres.
Los tres asesinatos que fueron desclasificados como feminicidios, ocurrieron en enero, febrero y mayo. Esto se deduce del hecho de que según la estadística de agosto, en cada uno de estos tres meses, se habrían registrado 3 feminicidios, mientras que en la actualización de septiembre, ya solo aparecen con dos.
Queda por ver, específicamente, cuales fueron esos asesinatos, y cuáles las razones por las que, la autoridad judicial, determinó que no se configuró el delito de feminicidio.
Pese a ello San Luis Potosí capital, con 8 feminicidios cometidos en su territorio, sigue entre los primeros 10 municipios del país con mayor número de asesinatos de mujeres por razones de género en lo que va del año, ubicándose en la posición número 9; mientras tanto el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, se ubica en el lugar número 73 entre los cien municipios del país con más feminicidios, al registrar 3 de estos crímenes.
En septiembre, la Fiscalía General del Estado no reportó al SESNSP ningún feminicidio. No obstante, el día 25 de este mes, en el municipio de Villa de Ramos, dos mujeres fueron asesinadas en su vivienda por un sujeto desconocido. Todo parece indicar que el doble asesinato se investiga bajo la figura de homicidio doloso, y no como feminicidio.
Vecinos de las víctimas reportaron que el asesino ingreso en el domicilio y disparó contra ambas mujeres, madre e hija, de 49 y 29 años, respectivamente, y huyó del lugar a bordo de una motocicleta.
Mientras la fiscalía reduce las cifras, los asesinatos de mujeres siguen siendo una realidad, en fechas recientes, hubo dos víctimas más cuya investigación inició bajo el protocolo de feminicidio.
La mañana del miércoles 23 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de una niña de 12 años, estudiante de secundaria. El hallazgo ocurrió en la calle Manuel José Othón, en las inmediaciones de la purificadora de agua “La Sultana”, en el barrio de El Carmen, en Tamazunchale.
El cuerpo de la menor, quien vestía uniforme de la escuela donde cursaba sus estudios, fue descubierto por algunas personas y de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.
Por estos hechos, el viernes 25 la Fiscalía General del Estado, reportó la detención de dos sujetos como presuntos responsables del atroz crimen.
El mismo viernes 25 por la mañana, un hombre mató a su pareja tras una discusión en la colonia Los Molinos.
Los hechos ocurrieron en la calle Dulcinea, cerca de Los Castillo, donde de acuerdo con la información recabada, se encontraba un vehículo Volkswagen Jetta color blanco, a bordo del cual una pareja sostuvo una discusión.
Según los reportes de prensa, testigos de los hechos afirman que el hombre estranguló a la mujer de 30 años de edad y al ver que estaba inconsciente la dejó abandonada, a un costado de una finca, para luego huir con rumbo desconocido.
Paramédicos acudieron al sitio y trataron de auxiliar a la mujer pero ésta ya no presentaba signos vitales.
Mujeres víctimas de homicidio doloso
Tras el ajuste de la Fiscalía General del Estado a las cifras de feminicidios en la entidad, el número de homicidios dolosos que tuvieron como víctimas a mujeres, subió de 12 en agosto a 17 en septiembre, según el Informe de Violencia contra Mujeres, que cada mes pública el SESNSP.
Este incremento incluye los dos asesinatos de mujeres cometidos en Villa de Ramos, y los tres que primeramente habían sido tipificados como feminicidios.
Para no olvidar: Mujeres asesinadas en enero, febrero y mayo
Como se dijo anteriormente, los presuntos feminicidios que la Fiscalía sacó de la estadística, ocurrieron en enero, febrero y mayo, sin embargo, se desconoce cuales fueron específicamente aquellos que ahora pasan a engrosar la estadística de homicidios dolosos 
Para no olvidar, estos fueron los asesinatos de mujeres ocurridos en esos meses:
Enero
1.- La tarde noche del 10 de enero, en un domicilio de la calle Francisco I. Madero en la comunidad de la Providencia, perteneciente al municipio de Santo Domingo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 58 años de edad. El presunto asesino fue su pareja. Al parecer no ha sido detenido.
2.- El 20 de enero una mujer fue asesinada en una vivienda del barrio de Tequisquiapan, en la calle de Albino García, en San Luis Potosí capital. Según las primeras indagatorias la mujer discutió con su marido, éste sacó un cuchillo con el cual la atacó por la espalda y en el cuello, provocándole la muerte. El agresor fue detenido en el lugar.
3.- El 28 de enero, alrededor de las 00:48 horas, sobre el camino que conecta Montecillos y El Consuelo, en el fraccionamiento Las Fincas, en Ciudad Valles, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, de entre 25 y 30 años de edad, el cual yacía en el suelo y a simple vista presentaba lesiones por arma de fuego en la cabeza. No hay detenidos, ni se ha identificado al presunto responsable.
Febrero
1.- La madrugada del 17 de febrero, en Santa María del Río, una mujer fue asesinada con una arma blanca por su pareja sentimental tras una discusión. El sujeto fue detenido días después.
2.- La mañana del 22 de febrero, en la calle Corregidora, de la comunidad de Maravillas, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, al parecer por disparo de arma de fuego en el rostro. Algunos reportes periodísticos asentaron que la Fiscalía tenía datos sólidos para dar con el o los asesinos, pero hasta la fecha esto no ha ocurrido.
3.- En febrero según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una mujer fue víctima de feminicidio en Ciudad del Maíz. El caso no fue consignado en la prensa. La Fiscalía tampoco informó del suceso. El único dato que aportan las estadísticas de incidencia delictiva municipal del SESNSP es que el asesinato se cometió con arma de fuego. Como es de suponer tampoco hay ningún detenido.
Mayo
1.- El 13 de mayo en un domicilio ubicado en Acceso Norte, en la Calle San Francisco, policías municipales de Soledad localizaron el cadáver de una mujer de 21 años de edad. El cuerpo presentaba señales de violencia y ya se encontraba en estado de descomposición.
Vecinos de la fallecida señalaron a la pareja sentimental de la víctima como presunto responsable, sin embargo, por este caso no hay ningún detenido.
2.- El segundo feminicidio del este mes ocurrió el día 21, en Villa de Zaragoza, en la comunidad de Parada del Zarcido, la fiscalía reportó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento.
3.- Según las estadísticas municipales del SESNSP, en mayo se registró un feminicidio más, éste en Ciudad Valles. Las estadísticas del SESNSP indican que se cometió con arma blanca. Al parecer este hecho no fue consignado por la prensa, tampoco hay ningún presunto responsable detenido.
Cabe resaltar que en todos los casos parece configurarse el delito de feminicidio, pues en algunos hay relación entre las víctimas y los victimarios, y en otros los cuerpos sin vida fueron expuestos en la vía pública.
Panorama nacional
Las diez ciudades con mayor número de feminicidios en el país, cometidos en lo que va de 2019, hasta el mes de septiembre, son: Monterrey, Nuevo León (13), Culiacán, Sinaloa (13), Ciudad Júarez, Chihuahua (12), Xalapa, Veracruz (11), Guadalajara, Jalisco (9), Centro, Tabasco (9), Coatzacoalcos, Veracruz (9), Iztapalapa, Ciudad de México (8), San Luis Potosí, SLP (8), y Nogales, Sonora (8).
También lee: Antimonumenta, el memorial para recordar víctimas de feminicidio en SLP
Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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