El adelanto del aguinaldo para El Buen Fin depende de las condiciones de cada empresa, detalló el diputado César Arturo Lara

Por: Redacción

El sector productivo de San Luis Potosí cuenta con condiciones para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, consideró el diputado César Arturo Lara Rocha, quien estimó que la mayoría de las empresas se encuentran preparadas para cubrir estas obligaciones laborales.

El legislador señaló que las empresas formales suelen anticipar sus presupuestos desde meses antes para garantizar el pago a sus trabajadores, por lo que previó que el cierre de año transcurra sin mayores inconvenientes en esta materia.

Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el monto mínimo para las personas trabajadoras sujetas a esta legislación equivale a 15 días de salario. La prestación puede ser mayor cuando así lo est ablezcan los contratos o las condiciones laborales.

Lara Rocha llamó a los empleadores a cumplir con esta obligación dentro del plazo legal y garantizar que sus trabajadores reciban el pago correspondiente.

Sobre la posibilidad de adelantar el aguinaldo para que las personas puedan aprovechar las promociones de El Buen Fin, indicó que depende de las condiciones de cada empresa. Añadió que no todos los trabajadores tienen acceso a este beneficio, particularmente cuando no existen contratos colectivos que contemplen acuerdos de esa naturaleza.

El diputado también señaló que el pago de esta prestación contribuye a incrementar la circulación de recursos y dinamizar la actividad económica durante la temporada de fin de año.

Aunque el legislador previó un cierre sin contratiempos, su pronóstico corresponde a una estimación sobre el comportamiento del sector productivo y no a un balance de cumplimiento de las empresas.

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La muerte gestacional, perinatal y neonatal son problemas de salud pública que afectan profundamente a las familias

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Sara Rocha Medina, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Hombre y Mujeres del Estado, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incorporando expresamente el derecho al acompañamiento integral ante la muerte gestacional y neonatal.

En la exposición de motivos se indica que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres constituye uno de los principios rectores del orden jurídico nacional y estatal, orientado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación por razón de género.

En este sentido, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales que permitan identificar y atender aquellas circunstancias que afectan de manera diferenciada a las mujeres, particularmente en materia de salud, bienestar emocional y acceso a servicios públicos con enfoque de derechos humanos.

La muerte gestacional, perinatal y neonatal son problemas de salud pública que afectan profundamente a las familias, e impactan en los sistemas de salud. La prevención de estos fallecimientos requiere una combinación de intervenciones, como el control prenatal temprano y adecuado, la detección oportuna de complicaciones durante el embarazo y el seguimiento constante del bienestar fetal y la atención de calidad durante el parto.

El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.

Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.

Qué cambia con el despojo

El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.

Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:

• Cuando se simulen actos de autoridad.
• Cuando se use documentación falsa.
• Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.

• Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.

Hospitales que retengan por deudas

La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:

• Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
• Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
• Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.

En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.

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