Rodrigo Lecourtois dijo que el aumento solo cubre el ajuste salarial pactado con los sindicatos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) pidió 311 millones de pesos para operar en 2027, 6 millones más que este año. El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, entregó el proyecto a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

El IFSE es el organismo que revisa cómo gastan el dinero público el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otras instituciones. Su presupuesto debe pasar por el Congreso: según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, a los diputados les toca conocerlo y opinar sobre él, explicó el presidente de la comisión, Luis Fernando Gómez Macías.

La comisión analizará la propuesta y la enviará a la Directiva del Congreso para que se incluya en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2027, la ley que fija cuánto dinero recibe cada dependencia el próximo año.

“Es un presupuesto acorde, responsable, que no considera ni siquiera el ajuste inflacionario”, dijo Gómez Macías.

Más trabajo con la ASF

El diputado explicó que el IFSE tendrá más carga en 2027 por la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio, ambos organismos firmaron un convenio que permite al IFSE auditar por primera vez recursos federales que llegan al estado.

Lecourtois López aseguró que el proyecto “no plantea aumentos caprichosos”. Según explicó, el incremento solo cubre el ajuste de sueldos que el Gobierno del Estado acordó con los sindicatos y que se aplicará el próximo año.

El auditor recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto similar, al que el Poder Ejecutivo le hizo ajustes y que quedó con un aumento de 5 millones. Por eso, dijo, este año el aumento es pequeño: 2.03 por ciento.

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En 2025, solo Soledad y la capital tenían su atlas completo

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto, propuesto por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) trabaje con los 59 municipios en la actualización de sus atlas de riesgos ante la temporada de lluvias. Un exhorto es una petición formal del Congreso a otra autoridad: no la obliga, pero le pide que actúe.

El exhorto también pide a la CEPC revisar el Programa Estatal de Protección Civil, en especial lo que tiene que ver con la prevención de desastres por lluvias, y actualizar los planes de contingencia para esta temporada.

Martínez Vázquez explicó que un atlas de riesgos actualizado permite a las autoridades y a la población saber con precisión qué zonas pueden sufrir inundaciones, deslaves y desbordamientos. Con eso se pueden hacer evacuaciones a tiempo, planear mejor el crecimiento de las ciudades y proteger el patrimonio de las familias. “La prevención salva vidas; con instrumentos actualizados cuidamos a nuestras niñas y niños, a nuestros adultos mayores y a las familias que año con año sufren por las lluvias”, dijo.

¿Cuántos municipios tienen su atlas?

En noviembre de 2025, Mauricio Ordaz Flores, entonces titular de la CEPC, informó que solo Soledad y la capital cumplían al 100 por ciento con su atlas de riesgos. En agosto de este año, la actual coordinadora, Nadia Ochoa Limón, no dio una cifra de cuántos municipios lo tienen actualizado; dijo que se daría a conocer más adelante. El 26 de septiembre, la CEPC informó que el Atlas Estatal de Riesgos ya tiene 150 capas de información de consulta pública e incluye por primera vez a Villa de Pozos.

El exhorto llega después de las lluvias de la semana pasada, que llevaron al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, a activar la emergencia en la ciudad por una lluvia de 50 milímetros. Este lunes, ante la llegada del Frente Frío número 1, la CEPC pidió a los municipios tener listos sus albergues.

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La propuesta establece que los ayuntamientos destinen al menos 15% de su hacienda a infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar recursos para la infraestructura hidráulica en los municipios.

La propuesta establece que los ayuntamientos deberán destinar anualmente cuando menos 15 por ciento de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y tratamiento y disposición de aguas residuales.

El legislador señaló que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que uno de los reclamos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y la falta de tratamiento de aguas.

Explicó que, al elevarlo a rango constitucional, se asegura la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, para evitar que los recursos se destinen a otros rubros.

«Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en el agua potable en sus casas, el drenaje y el tratamiento de aguas», afirmó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Agua para su análisis y dictamen.

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