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Sin pruebas, Oviedo Ábrego niega primer lugar de SLP como productor de drogas
El titular de la CESP dijo que hay un error en las cifras registradas sobre producción de drogas en el SNSP, pero no explicó en qué se basa para dar dicho argumento
Por: Redacción
En un boletín de prensa emitido el pasado viernes, el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Oviedo Ábrego, dijo que San Luis Potosí, no destaca en la producción de droga, y los 85 casos que se registran en Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se refieren a una modalidad diferente a la producción, en respuesta a la nota principal del diario La Orquesta del mismo 3 de mayo, en la que se se dio a conocer esa situación.
El texto de este medio explicó que igual que como ocurrió durante el año 2018, San Luis Potosí culminó el primer trimestre de 2019 como el estado con mayor producción de drogas en todo el país, según el reporte de incidencia delictiva del fuero federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Entre enero y marzo de este año, San Luis Potosí presentó 85 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción, con lo que se colocó en el primer lugar nacional en ese tipo de crímenes.
El segundo lugar lo tiene Sonora, con 79 casos, seguido de Baja California con 64, Sinaloa con 56, Querétaro con 54 y Campeche con 50.
Oviedo Ábrego, en su boletín de prensa, dijo que la incidencia delictiva de competencia federal, como el caso de la producción de drogas, también se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero dijo que hay una imprecisión en ese registro, “toda vez que los casos no son en producción, sino posesión o modalidad diversa”, según la respuesta enviada por el director del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
“Finalmente, Oviedo Abrego destacó que se revisará a detalle la información, porque eso no ocurre en la entidad, no se produce ni hay producción de droga, mucho menos somos el primer lugar en ello”, cerró el boletín de prensa enviado por el funcionario estatal. Sin embargo, la respuesta no explica dónde está el error en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El apartado de delitos federales, en específico de delitos contra la salud, está dividen varias modalidades: producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión y otros.
De las otras modalidades de delitos contra la salud, entre enero y marzo de 2019, San Luis Potosí solo presentó seis casos de “posesión” y una en el tipo de “otros”. En cambio, de transporte, tráfico, comercio y suministro no se presentó ni un solo delito en la entidad.
El liderato del estado en la producción de drogas viene desde 2018. Durante el año pasado, el SNSP registró en el estado de San Luis Potosí 232 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas, superando a todos los demás estados del país. El único que estuvo cerca de esas cifras fue Baja California, que tuvo 213 casos.
De hecho, si San Luis Potosí mantuviera para los nueve meses restantes de 2019 el ritmo de delitos contra la salud, en su modalidad de producción de drogas, terminaría con una cifra muy superior a la obtenida el año pasado, pues alcanzaría 340 casos, lo que se convertiría, nuevamente, en un récord nacional desde 2012, cuando se instauró esa estadística.
Durante el año pasado, pese a que San Luis Potosí también ocupó un importante lugar a nivel nacional en los delitos contra la salud, en su modalidad de transporte, el quinto puesto, con 15 casos en 2018, la estadística no alcanza la notoriedad de los datos sobre producción de drogas en el estado.
Los casos por transporte de drogas en el país son encabezados por Baja California, con 34 casos; Sinaloa, con 29; Ciudad de México, con 27; Yucatán con 20 y San Luis Potosí con 15.
En otros delitos contra la salud, San Luis Potosí tuvo durante 2018 un total de 41 casos de detenciones por posesión de drogas, uno por comercio y uno más de la modalidad “otros”. No se presentaron casos de tráfico y suministro de drogas.
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE DEMERITA ESTA ESTADÍSTICA
En su comparecencia ante el Congreso del Estado del pasado mes de noviembre, el gobernador Juan Manuel Carreras señaló que a nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva son ocasionados por una creciente y diversificada producción de drogas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, negó en septiembre pasado que San Luis Potosí ocupe el primer puesto en producción de drogas que registra en SNSP: “no, aquí no es lugar de producción”, dijo el funcionario estatal.
“Lo que pasa es que es el centro del país, la mayoría de la droga pasa y va hacia la zona fronteriza y por la situación geográfica, es una de las atribuciones”, dijo Jaime Pineda, quien defendía el papel que las autoridades han asegurado que mantiene San Luis Potosí en el narcotráfico, como lugar de paso.
En febrero pasado, después de que La Orquesta diera a conocer la cifra total de casos de producción de drogas en 2018 en San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, secretario general del gobierno del estado solo dijo: “lo vamos a revisar“.
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Amplían suspensión de clases en la Huasteca y Zona Media por lluvias
Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.
La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida pues se pronostica que continúen las lluvias de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.
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#NuevoPleito | SCT no sabe sobre obra en El Saucito
Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial
Por: Redacción
La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.
“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.
La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia . Sin embargo, señaló que no cualquier calle puede ser utilizada por los autobuses, debido a sus dimensiones y necesidades técnicas: “Estas unidades son de 12 metros, no pueden circular por todas las calles y la ruta establecida es justamente donde se puede acceder con las unidades”.
El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.
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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.
Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.

Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.

Supuesto manual de operaciones

Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.

Formato de afiliación del supuesto sindicato
A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.
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