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SEGE y la Fiscalía: las dependencias más señaladas por la CEDH en 2018
El número de recomendaciones de la comisión bajó en los últimos dos años
Por El Saxofón
El número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha reducido considerablemente en los dos últimos años. Al cierre del 2018, la CEDH emitió 21 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas a diversas autoridades, apenas una más que en 2017, cuando se emitieron 20 recomendaciones.
En 2017, primer año de Jorge Andrés López Espinosa al frente del organismo garante de los derechos humanos, el número de recomendaciones bajó drásticamente, de 38 emitidas en 2016, a tan solo 20.
La CEDH llevaba desde 2013 realizando más de 30 recomendaciones anuales a diversas autoridades por presuntas violaciones a los derechos humanos. En 2013 se emitieron 32, en 2014, 33; y en 2015, 38 al igual que en 2016.
Cabe señalar que según el Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó el 76.8 por ciento de las solicitudes de quejas recibidas en 2017.
Solo el 23.2 por ciento de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron aceptadas por el organismo garante en el estado y se procedió a abrir un expediente.
De acuerdo a los datos del Inegi, San Luis Potosí es una de las entidades con mayores Recursos presupuestales ejercidos por el Organismo Protector de los Derechos Humanos (OPDH) local: en 2017, la CEDH ejerció un presupuesto de 40 millones 453 mil 361 pesos.
A nivel nacional, del total de solicitudes recibidas por la CNDH y los OPDH, 39.4 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir expediente; 59.0 por ciento desechadas; y 1.7 por ciento están pendientes de atención.
La dependencia que más recomendaciones acumuló en el 2018 fue la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que recibió seis recomendaciones de la CEDH, por violaciones a distintos derechos. Le sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) con cinco recomendaciones. En tercer lugar están los Servicios de Salud con tres recomendaciones.
Las restantes siete recomendaciones se dividen de la siguiente manera: la recomendación 06/2018 para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 08/2018 al alcalde de Mexquitic de Carmona; la 11/2018 al Ayuntamiento de Ciudad Valles; la 12/2018 a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez; la 13/2018 al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER); y la 20/2018, a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
En el caso de la recomendación 07/2018, esta es dirigida a varias autoridades: estas son la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) y la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).
Esta recomendación fue emitida sobre el caso de omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, perteneciente al municipio de San Luis Potosí capital, por los hechos ocurridos los días 14 y 23 de junio de 2016.
En este caso, además, la CEDH detectó dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos.
En el caso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que es la dependencia que más recomendaciones recibió este año, los exhortos obedecen a la violación de diversos derechos, en agravio de menores de edad potosinos alumnos de diversas instituciones educativas.
Se trata de las recomendaciones 01/2018; 09/2018; 10/2018; 14/2018, 15/2018 y 19/2018. Al menos en tres de las recomendaciones (01/2018, 09/2018 y 19/2018) se trata de situaciones relacionadas con abusos sexuales por parte de maestros. Llama también la atención que, dos de los casos, ocurrieron en jardines de niños, y uno en una escuela primaria.
Las tres recomendaciones restantes son: la 10/2018, por discriminación en agravio de una alumna de secundaria; la 14/2018, por violación a la gratuidad de los servicios educativos en agravio de un alumno de primaria, y la 15/2018, por vulneración de los derechos humanos de un alumno diagnosticado con autismo.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, que recibió cinco recomendaciones, estas fueron por casos de vulneración a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la procuración de justicia; dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas; privación de la vida y violación al derecho a la seguridad e integridad personal, uso indebido de la función pública y abuso de autoridad; y una más por un caso de tortura.
Para la Secretaría de Salud, que en este 2018 solo recibió tres recomendaciones, fueron tres recomendaciones por casos de negligencia médica, dos de los cuales derivaron en la muerte de un recién nacido y una muerte materna.
Cabe señalar que las recomendaciones emitidas en 2018, en su mayoría son por quejas interpuestas ante la CEDH entre los años de 2015, 2016 y 2017.
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Recorte a la UASLP se concreta; Congreso le aprueba 186 mdp menos
La Legislatura mantuvo intacto el Paquete Económico, excepto en el rubro universitario y el aumento al Ceepac
La aportación estatal baja de 506 MDP que propuso el ejecutivo a 320 millones y reaviva el choque político con la Máxima Casa de Estudios
Por: Jorge Saldaña
El Congreso del Estado aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2026 con una modificación de alto impacto: un recorte de 186 millones de pesos a la partida destinada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a que el Ejecutivo había solicitado asignar 506 millones para cumplir con el convenio federal–estatal de financiamiento universitario del siguiente año.
La Legislatura mantuvo sin cambios el resto del Paquete Económico, a excepción de un incremento al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 20 millones de pesos, y en contra parte redujo la aportación universitaria a 320 millones, apenas 20 millones más que lo aprobado para 2025, un monto que demostró ser insuficiente y que dejó a la institución al borde.
El ajuste se vota en el punto más tenso de la relación entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y los diputados, luego de semanas de desencuentros públicos e invitaciones de ida y vuelta entre el poder legislativo y la máxima casa de estudios.
En ese contexto, el dictamen de la Comisión de Hacienda argumentó que el recorte obedece a la falta de información suficiente sobre la aplicación del gasto universitario. Pero en los hechos, la decisión se interpreta como una respuesta política a lo que los legisladores consideran desplantes de la institución.
Un error que se repite.
En 2024, el Congreso aprobó en diciembre solo 300 millones para la UASLP, pero el Gobierno estatal firmó en enero un acuerdo con la Federación por 506 millones, diferencia que generó un conflicto que escaló en todos los niveles.
La tensión terminó con un pago tardío —y políticamente costoso— tanto para el Ejecutivo como para la UASLP.
Ahora, para 2026, el escenario se repite, pero sin que exista un adeudo pendiente que obligue al Gobierno a intervenir: el Congreso dejó la aportación en 320 millones, muy por debajo de lo requerido para operar con estabilidad.
Diputadas como Gabriela López Torres advirtieron que el ajuste “repite el error del año pasado”, pero la Comisión no abrió deliberación y procedió directamente con la votación.
De mantenerse la cifra aprobada, la UASLP enfrentaría en 2026 un déficit similar o peor al vivido este año, cuando la falta de recursos amenazó con paros generalizados al no contar con los recursos para el pago de nóminas y prestaciones. La diferencia para el próximo año es que la institución no tiene una compensación federal garantizada para cubrir el faltante.
La aprobación del paquete económico 2026 entrará en vigor tras su publicación, pero deja sembrada una nueva batalla política: la Universidad busca instalarse en la narrativa de víctima frente al poder, mientras el Congreso presume el recorte como una medida de “responsabilidad” ante la supuesta falta de transparencia universitaria.
En medio, una comunidad de más de 30 mil estudiantes y trabajadores espera que la pugna no vuelva a traducirse en incertidumbre financiera y un constante enfrentamiento político.
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Se dejan atrás estigmas: solteros, parejas LGBT+ y familias diversas pueden adoptar en SLP
La titular de la Casa Cuna Margarita Maza de Juarez también destacó que el proceso de adopción ahora concluye en solo seis meses
Por: Ana G Silva
En entrevista para La Orquesta, Ana María Luqueño Castro, directora de la Casa Cuna Margarita Maza de Juárez, aseguró que el trámite de adopción en San Luis Potosí se agilizó en los últimos años, permitiendo que más niñas y niños encuentren una familia sin procesos desgastantes o interminables.
Luqueño aclaró que, aunque la Casa Cuna no realiza los trámites directamente —pues estos corresponden a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes—, sí ha observado que los procedimientos “se están resolviendo más rápido, en algunos casos en menos de seis meses para obtener el certificado de idoneidad”.
La directora enfatizó que ninguno de los factores tradicionalmente estigmatizados —estado civil, orientación sexual o nivel socioeconómico alto— son condicionantes para adoptar.
“Hemos tenido papás solteros, mamás solteras, parejas que viven juntas, divorciados y también familias de la diversidad sexual. No importa el estado civil”, explicó. Hasta el momento, una pareja LGBT+ ha logrado adopción, pero la institución afirmó que el proceso está completamente abierto.
Sobre la economía de las personas que desean adoptar, Luqueño apuntó que no es necesario tener dinero, sino estabilidad: “Con que tengan un hogar, aunque lo estén pagando, y lo indispensable para vivir como una familia normal, es suficiente”, dijo.
Respecto a la edad, señaló que no existe una restricción formal; sin embargo, personas mayores suelen ser canalizadas hacia niñas y niños más grandes, ya que “los pequeños requieren mucha energía”.
Actualmente, la Casa Cuna alberga 30 niñas y niños, desde recién nacidos hasta seis años. Aunque cuentan con personal médico, psicológico y de cuidados especializado, Luqueño fue clara: “Aquí los queremos y estamos con ellos todo el tiempo, pero no se sustituye una familia ”.
Los menores reciben atención integral —pediatría, psicología, enfermería y fisioterapia— y cuando cumplen seis años, si no están liberados jurídicamente para adopción, deben ser trasladados a otros centros para niños mayores.
La directora informó que este año se han concretado 11 adopciones, con un nuevo evento programado para el próximo lunes. En abril se entregaron otros seis menores.
Uno de los programas que más ha ayudado, dijo, es el de familias de acogida, que permite que niñas y niños permanezcan temporalmente en entornos familiares mientras concluyen sus procesos legales.
Citó el caso de una niña llamada Grecia, quien recientemente fue acogida por una familia que busca adoptarla en cuanto quede jurídicamente liberada.
Sobre grupos de hermanos, Luqueño explicó que el criterio principal es mantenerlos juntos: “Tratamos de que no se separen, a menos que la situación del menor lo haga necesario”.
Para la directora, la adopción sigue siendo un acto profundamente humano: “Es una forma hermosa de dar amor y convertirse en familia, especialmente para quienes no han podido tener hijos”.
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Refuerzan el K9 para fortalecer la búsqueda y vigilancia en SLP
Los nuevos elementos caninos serán seleccionados por sus habilidades operativas para fortalecer las tareas de la Guardia Civil Estatal
Por: Redacción
La titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), Nohemí Proal Huerta, informó que el agrupamiento K9 será fortalecido con la incorporación de binomios caninos que ampliarán en las capacidades de búsqueda, vigilancia y proximidad en San Luis Potosí.
Proal Huerta explicó que actualmente el k9 cuenta con 15 binomios caninos especializados en tareas de búsqueda de personas, vigilancia, proximidad social, guardia y custodia, se prevé que entre finales de este año y el 2026 lleguen alrededor de 20 nuevos perritos, previamente evaluados en habilidades y entrenamiento
La funcionaria indicó que no se prioriza una raza específica, sino las capacidades del animal para desempeñar las tareas del K9. “Más que la raza, buscamos que cuenten con las habilidades de entrenamiento que se requieren. Los expertos evalúan a los perritos y seleccionan a aquellos que ya cuentan con entrenamiento previo para reforzarlo en campo”, destacó.
Por último, comentó que los binomios caninos no se concentrarán únicamente en la capital que estarán presentes en todos los puntos donde exista vigilancia estatal, como parte del modelo de cercanía. “Se busca que sean 15 ubicaciones donde se encuentren estos puntos de atención. Ya iniciamos con el arranque de obra del primero”, afirmó.
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