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SEGE y la Fiscalía: las dependencias más señaladas por la CEDH en 2018
El número de recomendaciones de la comisión bajó en los últimos dos años
Por El Saxofón
El número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha reducido considerablemente en los dos últimos años. Al cierre del 2018, la CEDH emitió 21 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas a diversas autoridades, apenas una más que en 2017, cuando se emitieron 20 recomendaciones.
En 2017, primer año de Jorge Andrés López Espinosa al frente del organismo garante de los derechos humanos, el número de recomendaciones bajó drásticamente, de 38 emitidas en 2016, a tan solo 20.
La CEDH llevaba desde 2013 realizando más de 30 recomendaciones anuales a diversas autoridades por presuntas violaciones a los derechos humanos. En 2013 se emitieron 32, en 2014, 33; y en 2015, 38 al igual que en 2016.
Cabe señalar que según el Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó el 76.8 por ciento de las solicitudes de quejas recibidas en 2017.
Solo el 23.2 por ciento de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron aceptadas por el organismo garante en el estado y se procedió a abrir un expediente.
De acuerdo a los datos del Inegi, San Luis Potosí es una de las entidades con mayores Recursos presupuestales ejercidos por el Organismo Protector de los Derechos Humanos (OPDH) local: en 2017, la CEDH ejerció un presupuesto de 40 millones 453 mil 361 pesos.
A nivel nacional, del total de solicitudes recibidas por la CNDH y los OPDH, 39.4 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir expediente; 59.0 por ciento desechadas; y 1.7 por ciento están pendientes de atención.
La dependencia que más recomendaciones acumuló en el 2018 fue la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que recibió seis recomendaciones de la CEDH, por violaciones a distintos derechos. Le sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) con cinco recomendaciones. En tercer lugar están los Servicios de Salud con tres recomendaciones.
Las restantes siete recomendaciones se dividen de la siguiente manera: la recomendación 06/2018 para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 08/2018 al alcalde de Mexquitic de Carmona; la 11/2018 al Ayuntamiento de Ciudad Valles; la 12/2018 a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez; la 13/2018 al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER); y la 20/2018, a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
En el caso de la recomendación 07/2018, esta es dirigida a varias autoridades: estas son la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) y la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).
Esta recomendación fue emitida sobre el caso de omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, perteneciente al municipio de San Luis Potosí capital, por los hechos ocurridos los días 14 y 23 de junio de 2016.
En este caso, además, la CEDH detectó dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos.
En el caso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que es la dependencia que más recomendaciones recibió este año, los exhortos obedecen a la violación de diversos derechos, en agravio de menores de edad potosinos alumnos de diversas instituciones educativas.
Se trata de las recomendaciones 01/2018; 09/2018; 10/2018; 14/2018, 15/2018 y 19/2018. Al menos en tres de las recomendaciones (01/2018, 09/2018 y 19/2018) se trata de situaciones relacionadas con abusos sexuales por parte de maestros. Llama también la atención que, dos de los casos, ocurrieron en jardines de niños, y uno en una escuela primaria.
Las tres recomendaciones restantes son: la 10/2018, por discriminación en agravio de una alumna de secundaria; la 14/2018, por violación a la gratuidad de los servicios educativos en agravio de un alumno de primaria, y la 15/2018, por vulneración de los derechos humanos de un alumno diagnosticado con autismo.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, que recibió cinco recomendaciones, estas fueron por casos de vulneración a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la procuración de justicia; dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas; privación de la vida y violación al derecho a la seguridad e integridad personal, uso indebido de la función pública y abuso de autoridad; y una más por un caso de tortura.
Para la Secretaría de Salud, que en este 2018 solo recibió tres recomendaciones, fueron tres recomendaciones por casos de negligencia médica, dos de los cuales derivaron en la muerte de un recién nacido y una muerte materna.
Cabe señalar que las recomendaciones emitidas en 2018, en su mayoría son por quejas interpuestas ante la CEDH entre los años de 2015, 2016 y 2017.
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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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