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SEGE y la Fiscalía: las dependencias más señaladas por la CEDH en 2018
El número de recomendaciones de la comisión bajó en los últimos dos años
Por El Saxofón
El número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha reducido considerablemente en los dos últimos años. Al cierre del 2018, la CEDH emitió 21 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas a diversas autoridades, apenas una más que en 2017, cuando se emitieron 20 recomendaciones.
En 2017, primer año de Jorge Andrés López Espinosa al frente del organismo garante de los derechos humanos, el número de recomendaciones bajó drásticamente, de 38 emitidas en 2016, a tan solo 20.
La CEDH llevaba desde 2013 realizando más de 30 recomendaciones anuales a diversas autoridades por presuntas violaciones a los derechos humanos. En 2013 se emitieron 32, en 2014, 33; y en 2015, 38 al igual que en 2016.
Cabe señalar que según el Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó el 76.8 por ciento de las solicitudes de quejas recibidas en 2017.
Solo el 23.2 por ciento de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron aceptadas por el organismo garante en el estado y se procedió a abrir un expediente.
De acuerdo a los datos del Inegi, San Luis Potosí es una de las entidades con mayores Recursos presupuestales ejercidos por el Organismo Protector de los Derechos Humanos (OPDH) local: en 2017, la CEDH ejerció un presupuesto de 40 millones 453 mil 361 pesos.
A nivel nacional, del total de solicitudes recibidas por la CNDH y los OPDH, 39.4 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir expediente; 59.0 por ciento desechadas; y 1.7 por ciento están pendientes de atención.
La dependencia que más recomendaciones acumuló en el 2018 fue la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que recibió seis recomendaciones de la CEDH, por violaciones a distintos derechos. Le sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) con cinco recomendaciones. En tercer lugar están los Servicios de Salud con tres recomendaciones.
Las restantes siete recomendaciones se dividen de la siguiente manera: la recomendación 06/2018 para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 08/2018 al alcalde de Mexquitic de Carmona; la 11/2018 al Ayuntamiento de Ciudad Valles; la 12/2018 a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez; la 13/2018 al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER); y la 20/2018, a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
En el caso de la recomendación 07/2018, esta es dirigida a varias autoridades: estas son la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) y la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).
Esta recomendación fue emitida sobre el caso de omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, perteneciente al municipio de San Luis Potosí capital, por los hechos ocurridos los días 14 y 23 de junio de 2016.
En este caso, además, la CEDH detectó dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos.
En el caso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que es la dependencia que más recomendaciones recibió este año, los exhortos obedecen a la violación de diversos derechos, en agravio de menores de edad potosinos alumnos de diversas instituciones educativas.
Se trata de las recomendaciones 01/2018; 09/2018; 10/2018; 14/2018, 15/2018 y 19/2018. Al menos en tres de las recomendaciones (01/2018, 09/2018 y 19/2018) se trata de situaciones relacionadas con abusos sexuales por parte de maestros. Llama también la atención que, dos de los casos, ocurrieron en jardines de niños, y uno en una escuela primaria.
Las tres recomendaciones restantes son: la 10/2018, por discriminación en agravio de una alumna de secundaria; la 14/2018, por violación a la gratuidad de los servicios educativos en agravio de un alumno de primaria, y la 15/2018, por vulneración de los derechos humanos de un alumno diagnosticado con autismo.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, que recibió cinco recomendaciones, estas fueron por casos de vulneración a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la procuración de justicia; dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas; privación de la vida y violación al derecho a la seguridad e integridad personal, uso indebido de la función pública y abuso de autoridad; y una más por un caso de tortura.
Para la Secretaría de Salud, que en este 2018 solo recibió tres recomendaciones, fueron tres recomendaciones por casos de negligencia médica, dos de los cuales derivaron en la muerte de un recién nacido y una muerte materna.
Cabe señalar que las recomendaciones emitidas en 2018, en su mayoría son por quejas interpuestas ante la CEDH entre los años de 2015, 2016 y 2017.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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