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San Luis Potosí, el tercer estado con más delitos ambientales

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Las autoridades han sido omisas y acumulan una serie de escándalos en la materia

Por El Saxofón

En el estado de San Luis Potosí se está consumando un desastre en el tema ambiental. El declive que se atisbaba desde hace años en modo estructural finalmente reventó este mes desde varios flancos por omisiones de todos los niveles de gobierno.

La decadencia quedó patente ayer con un nuevo episodio: la Sierra de Álvarez perdió su condición de Área Nacional Protegida tras fallo de un tribunal federal.

La organización Cambio de Ruta informó que el Tribunal optó por sobreseer “el juicio por una supuesta falta de interés legítimo de los quejosos” e indicó que debido a ello las compañías mineras y empresas irregulares podría hacer lo que les venga en gana, aunque esto sea en detrimento del ecosistema potosino. Además, acusaron a las autoridades ambientales de tener desinterés “de las autoridades ambientales de aplicar un plan de manejo que debió emitirse desde 1981”.

Cambio de Ruta lamentó que no se estableciera un programa hidrológico que “hubiera permitido regular todas las actividades que se hacen en la Sierra de Álvarez, conservar la flora y fauna, preservar la reserva forestal que sirve de pulmón para San Luis Potosí y la recarga hidrológica, así como conservar el lugar de esparcimiento familiar que tanto disfrutando”.

El panorama deja cada vez más señaladas a las autoridades que hasta el momento no han dado una respuesta firme ante lo que es ya un acumulado de tropiezos.

SLP, TOP 3 EN DELITOS AMBIENTALES

Los delitos ambientales repuntaron en San Luis Potosí en enero pasado. Al inicio del año la entidad registró 18 denuncias por este tipo de delitos, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México, que acumuló 43 denuncias y el Estado de México con 36.

De las carpetas de investigación abiertas por delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, 11 fueron por denuncias interpuestas en la capital del estado, 3 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en Ciudad Valles, una en Rioverde y una más en Villa de Reyes.

A nivel nacional, se denunciaron 119 casos de delitos Contra el ambiente. Otros estados que reportaron delitos contra el ambiente son Baja California (5) Chihuahua (3), Michoacán (3), Chiapas (2) Puebla (2) Quintana Roo (2), Aguascalientes (1) Guanajuato (1), Hidalgo (1), Jalisco 1 y Veracruz (1)

Los estados que no reportaron este tipo de delitos en enero pasado son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En 2018 se denunciaron un total de 45 delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, lo cual quiere decir que tan solo en el primer mes de 2019, ya se denunciaron una cantidad equivalente al 40 por ciento del total de delitos registrados el año pasado.

Aunado a ello, si se toma en cuenta que en enero de 2018 solo se presentó una querella por este tipo de delitos, en comparación, en enero de 2019 se registró un repunte de bastante considerable.

 

Tiradero clandestino de Draexlmaier

CONTAMINACIÓN EN VARIAS RUTAS

Algunos delitos contra el ambiente son de sobra conocidos en San Luis Potosí. En días pasados se denunció a la opinión pública, por enésima ocasión, la contaminación que genera en el Río Huichihuayan la descarga de aguas residuales provenientes de una fábrica de jugos.

Por otro lado, la Sierra de Álvarez se vio inmerso en la explotación de la empresa Cal Química de México, pese al rechazo de los pobladores, quienes sostienen que el trabajo de la compañía deteriora el ambiente.

Sobre este tema, los ciudadanos denunciantes acusan la falta de acciones por parte de las autoridades ambientales, en este caso la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuya titular Yvett Salazar Torres ha sido señalada en numerosas ocasiones por omisión en distintos casos de afectaciones al ambiente por parte de empresas.

Sin embargo, la ex diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene en el cargo.

 

Río Huichihuayan

AGUAS TURBIAS

En días pasados, el diputado presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Mario Lárraga Delgado señaló que los ríos de la huasteca potosina enfrentan severos problemas de contaminación, por lo que es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realicen una verificación continua y apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de la contaminación de estos afluentes.

Consideró que en lo que corresponde a la legislación local, sería necesario analizar la necesidad de endurecer las sanciones para aquellas empresas que generen contaminación a los ríos de la entidad.

El diputado se refirió concretamente al caso de la juguera que por años ha vertido sus residuos al cauce del Río Huichihuayan, y subrayó la “poca atención” que las autoridades en materia de ecología han puesto a las denuncias ciudadanas por este caso de contaminación.

“La contaminación de los ríos en la zona Huasteca es muy grave, desgraciadamente se ha puesto muy poca atención a los reclamos de los ciudadanos, existe actualmente una fábrica de jugo de naranja que contamina seriamente el río de Huichihuayan”, dijo el legislador.

Además, señaló que en los ríos de Ciudad Valles y El Naranjo, también existe contaminación de parte de los ingenios azucareros, y aseveró que hay denuncias de que vierten sus desechos al río Gallinas.

“Realmente tenemos pocos ríos de agua pura, porque la mayoría están contaminados”, sentenció.

Lárraga Delgado, recordó que hace algunos años, se aplicó mano dura de parte de la administración municipal de Tanlajás, y así se logró frenar la contaminación del río Coy que era el sitio en donde los ingenios azucareros arrojaban sus desechos.

Yvett Salazar Torres

UNA LEY QUE SE IGNORA

El Código Penal Federal, en su Título Vigésimo Quinto, establece los Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental.

En su artículo 414, señala como delito, entre otras acciones, la descarga de sustancias que “cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.

En su artículo 416 precisa que “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Añade que “Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa”.

Cabe señalar que en enero pasado, en San Luis Potosí se registraron el 15 por ciento de los delitos contra el ambiente denunciados en todo el país.

 

Tiradero clandestino de deshechos de Draexlmaier

EL DRAEXLGATE Y LA COMPLICIDAD DE LA SEGAM

El punto más escandaloso de la negligencia ambiental quedó al descubierto por una investigación de La Orquesta en la que se demostró que solo el 3.33 por ciento de las 2 mil toneladas de desechos industriales que generó la planta Draexlmaier ubicada en San Luis Potosí, entre septiembre del 2017 y septiembre de 2018, fueron depositados en tiraderos autorizados, del resto se desconoce su disposición, aunque, como se probará en el presente reportaje, se encontraron toneladas de su “scrap” en tiraderos clandestinos, el mercado negro y, según ambientalistas, también podrían estar siendo usados como combustible de los hornos de ladrilleras altamente contaminantes que se ubican en la periferia de la ciudad.

Pese al revuelo que la noticia causó entre la población, las autoridades optaron por un perfil bajo para atender el asunto, además de minimizar la responsabilidad de la empresa alemana en los hechos. En las declaraciones hubo contradicciones y, sobre todo, un desdén sostenido.  

 

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Gallardo anunció que blindará fronteras con Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Zacatecas

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Esta semana el presidente López Obrador anunció que enviará a 4 mil elementos de seguridad a Zacatecas, por lo que se teme un efecto cucaracha

Por: Karina González

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reveló que se prepara un fuerte operativo de seguridad para evitar el “efecto cucaracha” por las principales colindancias con los estados más violentos del país, toda vez que el gobierno federal anunció que se enviarán 4 mil elementos del ejército y la Guardia Nacional a Zacatecas para erradicar la delincuencia organizada.

El mandatario explicó que se está tratando de blindar la Huasteca sur en las colindancias con Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Zacatecas, “es importante poner una barrera” dijo y detalló que ya se enviaron 150 elementos de la policía a la frontera de Salinas de Hidalgo y Villa de Ramos para hacer frente al impacto que podría tener el combate a la delincuencia que se aplicará en Zacatecas.

“Porque va a entrar con todo el ejército en Zacatecas van a llegar 4 mil elementos y no queremos que ese “efecto cucaracha” haga terminen refugiándose en San Luis Potosí, vamos a trabajar fuerte con esas dos barreras en Salinas y Villa de Ramos y la de la huasteca sur”, indicó.

Gallardo recordó que pese a que en San Luis Potosí se redujo un 22 por ciento la incidencia delictiva desde septiembre 26 cuando asumió el cargo de gobernador, según la Secretaría de Seguridad Pública Nacional; en el top de los estados con mayores problemas de inseguridad se ubican Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua de los cuales, tres colindan con la entidad potosina.

“Es lo que debemos cuidar porque puede causar que al momento que los ataquen se refugien en San Luis Potosí”, sostuvo.

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Ciudad

Enrique Galindo ofreció disculpas a Tere Carrizalez

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La ex oficial del Registro Civil aseguró que el alcalde está en la disposición de reparar el daño que sufrió durante el gobierno de Xavier Nava

Por: Itzel Márquez

Ayer por la tarde, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, ofreció una disculpa pública a Míriam Valentina y Jana, quienes fueron violentadas durante la gestión del ex alcalde Xavier Nava; sin embargo, otro caso de violencia de género durante dicha gestión fue el Tere Carrizales, quien fue desalojada de forma violenta de su puesto en el Registro Civil por elementos de la Policía Municipal. La afectada mencionó que el alcalde ya se disculpó con ella de forma privada y ha dado órdenes de que su situación sea atendida.

“Creo que esta disculpa pública (a Valentina y Jana) es una muestra de la voluntad del alcalde para reparar errores del hechos pasados, pero más que la disculpa, lo que significa es el compromiso de que estos hechos aberrantes no se vuelvan a repetir”, mencionó Carrizales.

La afectada añadió que Enrique Galindo tiene la disposición y sabe el costo que tuvo que Xavier Nava permitiera estas acciones, lo cual hace pensar que no permitirá que se repitan: “tengo entendido que así como conmigo, ha estado en mesas de trabajo con los comerciantes violentados y con las comunidades indígenas, si bien es cierto que, a mi parecer tiene funcionarios que antes no han demostrado un compromiso real con derechos humanos, tengo esperanza que sabrá imponerse”.

En cuanto a la investigación de su caso, en el que aún falta confirmar quién dio la orden de desalojarla, ella mencionó que ahora sí avanza: “sin Federico Garza, sin Juan Manuel Carreras y sin Xavier Nava en el poder, por fin va avanzando, sobre todo para señalar y vincular a proceso a los autores intelectuales”.

Finalmente, Carrizalez agregó que hay buenas posibilidades de saber quién estuvo detrás de la agresión que sufrió: “Edgar Jiménez Arcadia (ex director de la Policía Municipal) está dispuesto a declarar toda la verdad sobre ese día, Derechos Humanos tiene pendiente una queja en contra de Xavier Nava y Sebastián Pérez, la cual está detenida desde septiembre de 2020, por fin el martes la reanudaron; además, son conocidas las irregularidades en la dirección del Registro Civil de Luz María Lastras que me dieron la razón en la confabulación hacia mí después de denunciarlos públicamente. La Contraloría Municipal tiene la disposición de coadyuvar con la investigación, la justicia es lenta, pero tengo fé en que algo pasará”.

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

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