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Recortes en la 4T dejarán sin chamba a trabajadores del RAN en SLP
Trabajadores de confianza del Registor Agrario Nacional no han sido notificados formalmente sobre su despido; además, denunciaron chantajes y amenazas
Por: Roberto Rocha
Trabajadores del Registro Agrario Nacional (RAN) en San Luis Potosí fueron avisados ayer que sus nombramientos como personal de confianza en esa dependencia serán dejados sin efecto. Un empleado que ni siquiera pertenece a la institución es quien les exige su renuncia en condiciones que podrían interpretarse como chantaje o amenazas.
Según denuncian once empleados, que dicen tener al menos seis años en sus cargos y haber ingresado a ellos por la vía del Servicio Profesional de Carrera, se les exige firmar su renuncia voluntaria, o de lo contrario tendrán que enfrentar un cese: “Para firmar las renuncias, nos dicen que si lo hacemos considerarán recontratarnos; en cambio, si no firmamos, nos dicen que pasará como cese, por lo que tendríamos que defendernos en un laudo y la amenaza del comisionado es que tendrían que pasar muchos años y solo terminaríamos ganando lo mismo que nos ofrecen como liquidación”. Ese laudo tendría que ser ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por el retiro voluntario, la liquidación que ofrece el RAN a esos empleados de confianza es de solo tres meses de sueldo, más 20 días por cada año laborado, lo que queda por debajo del finiquito que les correspondería por ley.
A algunos de ellos, además, según explicaron a La Orquesta, no se les tomará en cuenta todo el tiempo que laboraron en el RAN: “Solo quieren respetarnos nuestro trabajo después de haber cumplido un año de haber ingresado en el Servicio Profesional de Carrera. Muchos ya trabajaban antes en el RAN, pero eso no se contará en su antigüedad”.
Según dijeron los empleados que están por ser despedidos del RAN, su baja se da debido a un memorándum del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del pasado 3 de mayo. En él, AMLO menciona que deberán desocuparse, antes del 31 de mayo, “las plazas no autorizadas y deberán ajustarse las estructuras orgánicas”.
El memorándum además señala que “no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades”.
Los empleados del RAN solo fueron avisados de palabra sobre la cercanía de sus despidos y no han sido notificados al respecto. Dijeron en entrevista con LaOrquesta.MX que sus bajas de la administración pública federal representan una incongruencia de la Cuarta Transformación: “Nosotros llegamos al RAN en distintos sexenios y mediante el concurso de plazas. Somos apartidistas. Este gobierno llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y limpiar las delegaciones. En cambio, se están quedando solo con el personal de base, sindicalizado, que no tiene la misma preparación de los que somos de confianza. Nosotros somos los responsables de las áreas, firmamos y sacamos adelante el trabajo”.
Según denuncian los empleados que serán dados de baja del RAN, “esto tiene un trasfondo: al final se están evitando confrontarse con los sindicatos, porque los ven como cotos de votación. En cambio, los empleados de confianza estamos desprotegidos”.
De acuerdo con la información otorgada por los trabajadores del RAN, en total, la delegación de esa dependencia cuenta con 33 empleados, ya tomando en cuenta a los 11 que serán dados de baja: “Nuestros despidos están hechos de forma incorrecta, pues no han derogado la Ley del Servicio Profesional de Carrera”.
“Nos hemos enterado que están empezando ya a contratar personal de honorarios para los puestos que vamos a dejar, lo que es una contradicción a lo que han dicho, que nuestros cargos serán eliminados por insuficiencia presupuestal. Pero además están contratando a estas personas sin seguridad social ni pensiones, pero eso sí, con sueldos más altos”.
Además, en caso de que el RAN se mantenga únicamente con sus empleados de base, esto contravendría el artículo quinto de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que menciona que solo el personal de confianza podrá cubrir cargos de mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento.
La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, sin embargo, dice también, en su artículo sexto, que los empleados de base son inamovibles.
Según los trabajadores de confianza del RAN, apenas fueron avisados ayer de sus próximos despidos por el comisionado especial de Dirección en Jefe en San Luis Potosí, Ismael Carrillo Ávila. El problema es que, por procedimiento, Carrillo Ávila tampoco puede notificarles de sus bajas, pues no es un empleado en la estructura de la dependencia, sino que está contratado vía outsourcing, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de acuerdo por lo dicho por los empleados que enfrentarán sus bajas.
Además denuncian que las cartas de renuncia que pretenden hacerles firmar están personalizadas y con fecha de al menos hace ocho días, antes incluso de que se enteraran de sus despidos.
“Este gobierno prometió limpiar la administración pública como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Hoy vemos que no es así, que están yendo contra los más vulnerables, que somos nosotros, que no tenemos protección y ganamos menos de 20 mil pesos mensuales”.
Los empleados de confianza del RAN denuncian además que se les ha dicho que cuentan con solo 15 días para realizar la entrega-recepción de sus cargos, pero no saben con quién deben hacerla, puesto que no hay información sobre qué personas puedan suplirlos.
“A final de cuentas esto no solo nos afecta a nosotros, sino que trabajamos con campesinos que vienen de todas las partes del estado, hasta las más alejadas. Se les va a afectar a ellos también”.
Los empleados del RAN que fueron avisados recientemente sobre su baja dicen que han denunciado estas condiciones de sus despidos, para hacerles saber a trabajadores de otras dependencias que pudieran pasar por la misma situación que pueden unirse para enfrentar las que consideran son arbitrariedades del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
“No estamos pidiendo un aumento de sueldo, aunque tenemos doce años sin que se nos incremente. Tampoco estamos pidiendo que se nos reduzca la carga laboral. Lo único que queremos es que nos dejen en nuestros puestos”.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
También lee: “Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro
Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
También lee: Tensión en Matlapa: pobladores retienen policías tras muerte de ciudadano
Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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