Estado
¿Quiénes quieren gobernar Soledad?
Es uno de los municipios potosinos con más candidatas mujeres: cinco en total
Por: Itzel Márquez
Soledad de Graciano Sánchez es la segunda ciudad más importante de San Luis Potosí y el rápido crecimiento industrial del estado apunta a que en breve más empresas se interesarán en instalar dentro de su territorio. Por ello, la elección de su próximo gobierno es muy importante no solo para el municipio, que desde el 2009 ha tenido alcaldes emanados del PRD; sin embargo, con el cambio del movimiento Gallardista al Partido Verde y la llegada de Morena a la presidencia de la República, eso podría cambiar.
Históricamente, Soledad ha sido gobernador por hombres, ya que solo Amalia Noyola Rodríguez ha ganó en las urnas (1970-1973) y Yoloxóchitl Díaz López fungió como alcaldesa interina en el 2018; sin embargo, en esta ocasión eso podría cambiar ya que el próximo seis de junio habrá cinco mujeres postuladas y solo tres hombres.
A continuación presentamos sus perfiles:
Juan Carlos Velázquez (Sí por San Soledad)
Desde la alianza constituida por PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular fue postulado este candidato, quien ya contendió por este cargo en dos ocasiones más: en 2015 por el Partido Acción Nacional (PAN) y en el 2018 por Morena; es sobrino del ex alcalde soledense Juan Manuel Velázquez Galarza “Famy”, en cuya administración (2007-2009) se desempeñó como director de Tránsito Municipal.
Paola Arreola Nieto (Movimiento Ciudadano)
Arreola Nieto es licenciada en Derecho por la UASLP. Es directora y socia de la preparatoria “Ángel Arreola Correa”, también coordina en el estado la asociación civil “Mujeres Comprometidas”, es integrante de la Asociación de Abogados dentro del Consejo de Vigilancia y diputada por el V distrito en la actual legislación.
Leonor Noyola (Partido Verde)
Es licenciada en Administración y Contaduría, senadora de la República desde 2018 por el Partido Verde Ecologista de México (por el momento tiene licencia al cargo), fue regidora de Soledad entre 2012-2015 , delegada Estatal del PRD en 2014, coordinadora del Programa de Oportunidades, directora de Servicios Municipales en Soledad, consejera Nacional del PRD, coordinadora Territorial del PRD, miembro del Comité Directivo Municipal del PRD, en 2019 dejó el PRD y se sumó al Verde.
Marcela Galarza (Fuerza por México)
Hace un mes, la candidata denunció ante el Ceepac actos anticipados de campaña por parte de el candidato de “Sí por Soledad” y la candidata de Morena. Además, preside el Movimiento Acción Revolucionaria Campesina.
Elizabeth Torres Leija (Morena)
Es licenciada en Derecho, fue secretaria del Movimiento Pueblo Libre y es hija del dirigente de dicha organización.
Roberto Cervantes Barajas (Nueva Alianza)
Se desempeñó como alcalde de Soledad en dos ocasiones: entre 1994 y 1997, así como en 2003 y 2006, fue diputado local por el PRD de 2006 a 2009; en el año 2000 fue arrestado por presunto enriquecimiento ilícito y fraude; además, durante 2008 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por desvío de recursos.
Alejandro Arreola Sánchez (Encuentro Solidario)
Ocupó cargos públicos durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, así como delegado de La Pila entre 2016 y 2018 y director de Ecología en la capital en 2018.
Laura Leticia Grimaldo (Redes Sociales Progresistas)
Formó parte de Morena, partido por el cual aspiró a una diputación local, pero tiempo después decidió ser parte de Redes Sociales Progresistas.
Lee también: ¿Quién ganará la diputación en el distrito más panista de SLP?
Estado
Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.
Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
Ciudad
Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental
Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas
Por: Redacción
Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.
La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.
Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.
Estado
Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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