septiembre 25, 2026

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Estado

¿Quiénes quieren gobernar Soledad?

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Es uno de los municipios potosinos con más candidatas mujeres: cinco en total

Por: Itzel Márquez

Soledad de Graciano Sánchez es la segunda ciudad más importante de San Luis Potosí y el rápido crecimiento industrial del estado apunta a que en breve más empresas se interesarán en instalar dentro de su territorio. Por ello, la elección de su próximo gobierno es muy importante no solo para el municipio, que desde el 2009 ha tenido alcaldes emanados del PRD; sin embargo, con el cambio del movimiento Gallardista al Partido Verde y la llegada de Morena a la presidencia de la República, eso podría cambiar.

Históricamente, Soledad ha sido gobernador por hombres, ya que solo Amalia Noyola Rodríguez ha ganó en las urnas (1970-1973) y Yoloxóchitl Díaz López fungió como alcaldesa interina en el 2018; sin embargo, en esta ocasión eso podría cambiar ya que el próximo seis de junio habrá cinco mujeres postuladas y solo tres hombres.

A continuación presentamos sus perfiles:

Juan Carlos Velázquez (Sí por San Soledad)

Desde la alianza constituida por PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular fue postulado este candidato, quien ya contendió por este cargo en dos ocasiones más: en 2015 por el Partido Acción Nacional (PAN) y en el 2018 por Morena; es sobrino del ex alcalde soledense Juan Manuel Velázquez Galarza “Famy”, en cuya administración (2007-2009) se desempeñó como director de Tránsito Municipal.

Paola Arreola Nieto (Movimiento Ciudadano)

Arreola Nieto es licenciada en Derecho por la UASLP. Es directora y socia de la preparatoria “Ángel Arreola Correa”, también coordina en el estado la asociación civil “Mujeres Comprometidas”, es integrante de la Asociación de Abogados dentro del Consejo de Vigilancia y diputada por el V distrito en la actual legislación.

Leonor Noyola (Partido Verde)

Es licenciada en Administración y Contaduría, senadora de la República desde 2018 por el Partido Verde Ecologista de México

(por el momento tiene licencia al cargo), fue regidora de Soledad entre 2012-2015
, delegada Estatal del PRD en 2014, coordinadora del Programa de Oportunidades, directora de Servicios Municipales en Soledad, consejera Nacional del PRD, coordinadora Territorial del PRD, miembro del Comité Directivo Municipal del PRD, en 2019 dejó el PRD y se sumó al Verde.

Marcela Galarza (Fuerza por México)

Hace un mes, la candidata denunció ante el Ceepac actos anticipados de campaña por parte de el candidato de “Sí por Soledad” y la candidata de Morena. Además, preside el Movimiento Acción Revolucionaria Campesina.

Elizabeth Torres Leija (Morena)

Es licenciada en Derecho, fue secretaria del Movimiento Pueblo Libre y es hija del dirigente de dicha organización.

Roberto Cervantes Barajas (Nueva Alianza)

Se desempeñó como alcalde de Soledad en dos ocasiones: entre 1994 y 1997, así como en 2003 y 2006, fue diputado local por el PRD de 2006 a 2009; en el año 2000 fue arrestado por presunto enriquecimiento ilícito y fraude; además, durante 2008 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por desvío de recursos.

Alejandro Arreola Sánchez (Encuentro Solidario)

Ocupó cargos públicos durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, así como delegado de La Pila entre 2016 y 2018 y director de Ecología en la capital en 2018.

Laura Leticia Grimaldo (Redes Sociales Progresistas)

Formó parte de Morena, partido por el cual aspiró a una diputación local, pero tiempo después decidió ser parte de Redes Sociales Progresistas.

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Retener cadáveres en hospitales o funerarias podría costar hasta 6 años de cárcel

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La comisión argumenta que la práctica afecta la dignidad y el bienestar de las familias que esperan el cuerpo de un ser querido

Por: Redacción

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal, para incrementar las sanciones contra directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, así como funerarias, que retarden o nieguen la entrega de un cadáver.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión, explicó que la pena actual —de tres meses a dos años de prisión— subiría a un rango de dos a seis años para quienes cometan esta conducta.

“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas […] para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido”, dijo.

En la exposición de motivos se señala que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende en gran medida la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.

El dictamen se turnará ahora al pleno del Congreso para su votación.

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Estado

Gobierno impulsa actividades de reinsersión social

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Más de mil personas privadas de la libertad participaron labores remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en diversas áreas

 

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que el sistema penitenciario mantiene un modelo basado en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para generar nuevas oportunidades y favorecer una reinserción social efectiva.

Como parte de los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).

En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, además de la entrega de 754 certificados de primaria y secundaria. A ello se sumaron 91 mil 170 servicios médicos y la participación de más de mil 500 personas en actividades deportivas.

 

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Estado

Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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Opinión

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