La diputada Sara Rocha atribuyó a la Federación el abandono de las carreteras estatales frente al aumento de feminicidios en San Luis Potosí

Por: Redacción

La diputada local Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el aumento de feminicidios en San Luis Potosí es un tema de responsabilidad compartida, no solo del gobierno, y señaló que la mayor responsabilidad de investigación recae en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). La fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó la semana pasada el aumento de muertes violentas de mujeres en la entidad.

La Fiscalía había registrado, hasta julio, cinco feminicidios confirmados en 2026 frente a los seis de todo 2025. En septiembre se sumaron al menos dos casos más: el de una mujer colombiana asesinada en un hotel de Villa de Reyes, tipificado como feminicidio, y el de otra víctima investigada por el mismo delito en La Pila

Cuestionada sobre el llamado a las autoridades tras la desaparición de una joven en la carretera federal 57, rumbo a la zona Altiplano, y sobre la falta de atención de las autoridades federales responsables de esa vía, Rocha respondió que no se trata de un tema nuevo: “Las autoridades federales han abandonado a México en todos los temas, y éste ni se diga: no les interesan ni los temas de las mujeres, mucho menos los de la sociedad.”

Sobre los avances del Congreso del Estado en materia de protección a las mujeres, Rocha dijo que la legislatura ya ha legislado al respecto y que los diputados tienen la responsabilidad de seguir dando herramientas a las investigaciones y a la Fiscalía.

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El diputado dijo que cambiar a jueces y magistrados sin cambiar el sistema deja todo prácticamente igual

Por: Redacción

El rezago en la impartición de justicia sigue siendo un problema de fondo, pese a la elección de jueces y magistrados que impulsó Morena a nivel nacional, dijo el diputado local Rubén Guajardo Barrera, del PAN. Recordó que su bancada advirtió desde el inicio, cuando se planteó la reforma, que ese no era el problema real.

Guajardo Barrera dijo que lo que hace falta es más presupuesto para todo el proceso de impartición de justicia, y que sustituir a las personas que ocupan los cargos, sin modificar el sistema en su conjunto, no resuelve nada. “De nada sirve cambiar a las personas que solamente se cambiaron los nombres si todo el sistema judicial queda igual”, afirmó.

El diputado dijo que la situación se repite tanto a nivel nacional como en San Luis Potosí: se sustituyeron jueces, magistrados y ministros por la vía electoral, pero el sistema de impartición de justicia permanece prácticamente sin cambios. Llamó a hacer un diagnóstico a fondo para mejorar los procesos y lograr que la justicia sea pronta y expedita.

La postura contrasta con la de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien defendió este mes que el rezago judicial no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial, y citó más de 25 mil audiencias penales y otras 25 mil resoluciones familiares resueltas como parte del primer informe del Poder Judicial tras la reforma.

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El acuerdo nacional de la CONAEDU coincide con la iniciativa de Ricardo Gallardo que sigue en análisis en el Congreso del Estado

Por: Redacción

San Luis Potosí se sumó a la ruta nacional que la CONAEDU —instancia que reúne a las autoridades educativas estatales y federal— acordó para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, un tema que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya había llevado al Congreso del Estado desde el 11 de septiembre, donde su iniciativa sigue en análisis en comisiones.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tomó parte en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la CONAEDU, donde se acordaron los criterios de la ruta nacional. Deysi Maribel López Sierra, titular de la SEGE, señaló que San Luis Potosí ya había colocado este tema en la agenda educativa y que ahora existe coincidencia con la política que plantea el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de aprendizaje y convivencia en las escuelas.

Los acuerdos nacionales plantean restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primaria y secundaria, mientras que en educación media superior y superior cada autoridad educativa fijará sus propios criterios y exhortará a evitar su uso en clases. Para computadoras y tabletas, la propuesta es privilegiar su utilización exclusivamente con fines pedagógicos.

La propuesta de Gallardo lleva diez días en el Congreso del Estado sin dictamen. López Sierra dijo que responde a la necesidad de generar entornos educativos con mayor concentración, convivencia responsable y aprovechamiento académico.

La iniciativa ya cuenta con el respaldo público del diputado local Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, quien la avaló el 8 de septiembre citando los resultados de México en la prueba PISA.

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