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¿Quién era Aurelio Gancedo, el priista potosino asesinado?
Aurelio Gancedo fue reportado como desaparecido desde el 21 de enero; la noche de ayer su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en un predio de Las Mercedes
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó ayer, alrededor de las 10 de la mañana, la desaparición del exdirigente del PRI en la entidad y exfuncionario de la PGR, Aurelio Gancedo Rodríguez.
Según información del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), todo rastro de Gancedo Rodríguez se perdió desde las 4 de la tarde del martes pasado. Lo último que se supo de él es que iba en su vehículo mini Cooper modelo 2015, color blanco, placas NGK6011 del Estado de México.
La Fiscalía General del Estado confirmó a La Orquesta que el Gancedo Rodríguez fue reportado como desaparecido por las autoridades. Una ficha de búsqueda fue publicada por esa dependencia estatal después de las 3 de la tarde. Además se abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero.
Después, alrededor de las 6 de la tarde, se reportó el hallazgo de su automóvil en un camino de terracería a la altura de la colonia Las Mercedes.
Pasadas las 9 de la noche, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, tras procesar el automóvil propiedad de Gancedo Rodríguez, se encontraron tres bolsas en su interior con restos humanos.
Dicho lo anterior, la dependencia afirmó que se realizaría la necropsia de ley para conocer las causas reales del fallecimiento del político potosino.
Gancedo Rodríguez, de 39 años de edad, fue asesor del Senado de la República entre el año 2000 y 2005. A partir de ahí, su carrera política comenzó a crecer: fue secretario de organización y secretario general del PRI estatal entre 2005 y 2008.
En diciembre de 2008, Aurelio Gancedo se convirtió en presidente del PRI estatal, cargo en el que se mantuvo durante un año.
Durante el primer año del gobierno de Fernando Toranzo, Aurelio Gancedo fue director de Desarrollo Social y Regional del gobierno del estado. En enero de 2011 se convirtió en director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante la presidencia de Victoria Labastida.
Con la llegada a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, Aurelio Gancedo ingresó a la Procuraduría General de la República 
En ese mismo año pasó a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del gobierno federal. Después, en 2016, volvió a cargos partidistas en el PRI, como director del Instituto Reyes Heroles, de formación política.
En febrero de 2018, Aurelio Gancedo fue vinculado con la venta del malware espía Pegasus a la Procuraduría General de la República, pues fue el potosino Luis Fernando Ayala Puente quien la vendió por 32 millones de dólares, pese a que era funcionario de la misma fiscalía federal, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.
Ayala Puente fue incorporado a la PGR por Aurelio Gancedo Rodríguez, reconocido en San Luis Potosí como el ahijado político de Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República. El 1 de febrero de 2014, Gancedo, quien fungía como director de aseguramientos ministeriales de la fiscalía, invitó a Ayala Puente a unirse a la PGR. Ocho meses después, se asignó la compra de Pegasus a la empresa potosina Citalae del Centro, SA de CV, propiedad de Ayala Puente.
Aurelio Gancedo emitió entonces un comunicado de prensa para solicitar su derecho de réplica tras el seguimiento dado en medios locales a la investigación que, a nivel nacional, le vincula con la venta del malware de espionaje Pegasus a la Procuraduría General de la República, durante su gestión como director de Aseguramientos Ministeriales.
Al respecto, Gancedo, por medio de un vídeo, negó toda responsabilidad e incluso relación con los hechos mencionados en el caso descubierto por los periodistas mexicanos. Indicó que es propio de su actividad ser objeto de “perniciosas opiniones”.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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