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¿Quién era Aurelio Gancedo, el priista potosino asesinado?
Aurelio Gancedo fue reportado como desaparecido desde el 21 de enero; la noche de ayer su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en un predio de Las Mercedes
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó ayer, alrededor de las 10 de la mañana, la desaparición del exdirigente del PRI en la entidad y exfuncionario de la PGR, Aurelio Gancedo Rodríguez.
Según información del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), todo rastro de Gancedo Rodríguez se perdió desde las 4 de la tarde del martes pasado. Lo último que se supo de él es que iba en su vehículo mini Cooper modelo 2015, color blanco, placas NGK6011 del Estado de México.
La Fiscalía General del Estado confirmó a La Orquesta que el Gancedo Rodríguez fue reportado como desaparecido por las autoridades. Una ficha de búsqueda fue publicada por esa dependencia estatal después de las 3 de la tarde. Además se abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero.
Después, alrededor de las 6 de la tarde, se reportó el hallazgo de su automóvil en un camino de terracería a la altura de la colonia Las Mercedes.
Pasadas las 9 de la noche, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, tras procesar el automóvil propiedad de Gancedo Rodríguez, se encontraron tres bolsas en su interior con restos humanos.
Dicho lo anterior, la dependencia afirmó que se realizaría la necropsia de ley para conocer las causas reales del fallecimiento del político potosino.
Gancedo Rodríguez, de 39 años de edad, fue asesor del Senado de la República entre el año 2000 y 2005. A partir de ahí, su carrera política comenzó a crecer: fue secretario de organización y secretario general del PRI estatal entre 2005 y 2008.
En diciembre de 2008, Aurelio Gancedo se convirtió en presidente del PRI estatal, cargo en el que se mantuvo durante un año.
Durante el primer año del gobierno de Fernando Toranzo, Aurelio Gancedo fue director de Desarrollo Social y Regional del gobierno del estado. En enero de 2011 se convirtió en director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante la presidencia de Victoria Labastida.
Con la llegada a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, Aurelio Gancedo ingresó a la Procuraduría General de la República , en el año 2012. Fue director general adjunto de Coordinación Operativa durante un año y director general de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales desde 2013 a 2015.
En ese mismo año pasó a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del gobierno federal. Después, en 2016, volvió a cargos partidistas en el PRI, como director del Instituto Reyes Heroles, de formación política.
En febrero de 2018, Aurelio Gancedo fue vinculado con la venta del malware espía Pegasus a la Procuraduría General de la República, pues fue el potosino Luis Fernando Ayala Puente quien la vendió por 32 millones de dólares, pese a que era funcionario de la misma fiscalía federal, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.
Ayala Puente fue incorporado a la PGR por Aurelio Gancedo Rodríguez, reconocido en San Luis Potosí como el ahijado político de Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República. El 1 de febrero de 2014, Gancedo, quien fungía como director de aseguramientos ministeriales de la fiscalía, invitó a Ayala Puente a unirse a la PGR. Ocho meses después, se asignó la compra de Pegasus a la empresa potosina Citalae del Centro, SA de CV, propiedad de Ayala Puente.
Aurelio Gancedo emitió entonces un comunicado de prensa para solicitar su derecho de réplica tras el seguimiento dado en medios locales a la investigación que, a nivel nacional, le vincula con la venta del malware de espionaje Pegasus a la Procuraduría General de la República, durante su gestión como director de Aseguramientos Ministeriales.
Al respecto, Gancedo, por medio de un vídeo, negó toda responsabilidad e incluso relación con los hechos mencionados en el caso descubierto por los periodistas mexicanos. Indicó que es propio de su actividad ser objeto de “perniciosas opiniones”.
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Por cada peso de FISM en El Naranjo, sus migrantes mandan 28
El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social
Por: Carlos Ruíz
En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.
Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.
El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.
La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración
El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.
Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.
Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.
La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.
Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.
El fondo se redujo en toda la región
La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.
Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
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SLP cerró 2025 con 369 homicidios, el menor registro en diez años
La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.
La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.
En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.
En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).
A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.
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Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos
En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones
Por: Redacción
San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.
El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.
En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.
Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.
Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.
En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.
La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.
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